El Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna formalizó recientemente su adhesión al servicio autonómico de respuesta ante incidentes de ciberseguridad del Gobierno de Canarias. El convenio suscrito incorpora al municipio sureño al paraguas protector del CSIRT-CAN, el equipo de respuesta a incidentes de seguridad informática que el Ejecutivo autonómico ha desplegado para blindar a las administraciones públicas canarias frente a las amenazas digitales.
Este instrumento es financiado íntegramente por los fondos europeos Next Generation EU, dentro del mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Su misión es coordinar y respaldar la respuesta ante cualquier evento de seguridad informática que afecte a las administraciones canarias, alineándose con iniciativas similares ya operativas en otras comunidades autónomas.
El convenio permitirá a Vilaflor acceder a un catálogo de servicios que incluye desde la gestión de incidentes y vulnerabilidades hasta la generación de alertas tempranas, auditorías de seguridad, detección de intrusiones mediante sondas y formación específica para el personal municipal.
Como parte del acuerdo, el ayuntamiento recibirá también un paquete de ciberseguridad compuesto por firewall, sondas, herramientas de protección y sistemas de doble factor de autenticación, cuya dimensión se ajustará al tamaño poblacional del municipio, clasificado entre los 31 consistorios canarios de menos de 20.000 habitantes que optan a este nivel de equipamiento.
El texto del convenio detalla un reparto de responsabilidades en el que la Administración autonómica se compromete a poner a disposición del municipio los medios técnicos y de gestión necesarios, mientras, Vilaflor deberá designar a dos responsables técnicos de interlocución diaria, ceder un espacio adecuado para el equipamiento cedido y asumir los suministros básicos -electricidad y telecomunicaciones- vinculados a las instalaciones. El acuerdo precisa expresamente que no supone incremento del gasto público para ninguna de las dos partes, ya que cada una atenderá sus obligaciones con medios propios.
El convenio, de naturaleza administrativa y ajeno por tanto a la Ley de Contratos del Sector Público, estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, con posibilidad de prórroga por acuerdo unánime de hasta cuatro años adicionales.
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