El Boletín Oficial de la Provincia publicó ayer el resumen de las previsiones presupuestarias derivadas de la ejecución del Plan Económico-Financiero 2026-2027 del Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna. La publicación oficial del documento ha reabierto el debate político en el municipio y ha enfrentado las lecturas contrapuestas de las dos principales formaciones de la corporación municipal.
El PSOE, que integra el grupo de gobierno local, salió al paso de las críticas vertidas por Coalición Canaria (CC) y acusó al grupo nacionalista de “tergiversación, mentiras y engaños” en plena precampaña electoral. Los socialistas defienden que el plan no responde a una mala gestión, sino a la lógica contable derivada de la captación de subvenciones millonarias para inversión en el municipio.
CC calificó de “grave síntoma de mala gestión” la aprobación del segundo plan de reequilibrio que el Partido Socialista impulsa en apenas ocho años. El portavoz nacionalista y secretario general local, Jesús Quijada, sostuvo que el documento “confirma el fracaso de la política económica del grupo de gobierno” y habló de una situación de “intervención económica encubierta”.
Según el grupo de gobierno, el desajuste fiscal real se sitúa en 20.000 euros, y el Consistorio “dispone además de 795.000 euros de remanente de tesorería en el ejercicio”. Atribuyeron por ello la activación del Plan de Ajuste al “restablecimiento de la regla de gasto a partir de 2024”, que obliga de nuevo a computar las inversiones ejecutadas y a las “subvenciones millonarias” captadas, que serán destinadas a obras “absolutamente necesarias para el municipio” como es el depósito del Salguero II, el aparcamiento municipal y la estación de bombeo Angola-Boca Cascajos. Recuerdan que la aportación municipal a estas inversiones se sitúa “entre el 10% y el 20% del coste total”, y que el resto procede de transferencias finalistas de otras administraciones.
Según esta lectura, el incumplimiento de la regla de gasto es consecuencia directa del volumen de inversión ejecutada y no de un “descontrol estructural del presupuesto”. Respecto al Capítulo 1, el más cuestionado en el análisis del expediente, el PSOE justificó el incremento en la “adaptación de la plantilla a las necesidades del servicio” y en las actualizaciones salariales previstas en la normativa estatal”. El grupo de gobierno atribuyó también el alza del Capítulo 2 de gastos (bienes corrientes y servicios) al “incremento continuado de los precios al consumo”.
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