El Consejo de Ministros aprobó ayer dos nuevos decretos de vivienda con medidas para contener el precio del alquiler, ampliar la oferta asequible y combatir prácticas especulativas. En realidad, el Ejecutivo central recupera así buena parte de las iniciativas que el Congreso rechazó el pasado viernes, aunque los nuevos textos incorporan modificaciones y, claro está, ahora tendrán que ser convalidados por la Diputación Permanente tras la convocatoria de elecciones generales. El dato no es baladí dado que las mayorías no son equivalentes en este órgano parlamentario respecto a la Cámara Baja y el pronóstico actual es que al menos uno de los decretos sí sea convalidado.
Mientras se pronuncie la Diputación Permanente, para lo que tiene un plazo improrrogable de 30 días, está previsto que hoy se publiquen los dos decretos en el Boletín Oficial del Estado y, por ende, mañana entrarán en vigor.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió ayer tal decisión asegurando que la intervención pública sobre la vivienda “no era una cuestión ideológica, era una cuestión de humanidad”. El paquete anunciado reúne 21 medidas, entre las cuales figuran la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler, la regulación de los arrendamientos de temporada y por habitaciones, restricciones frente a determinadas operaciones especulativas de fondos inmobiliarios y cambios fiscales relacionados con las viviendas turísticas.
Pero los decretos no son idénticos a los rechazados por el congreso. Entre las novedades desveladas ayer por Sánchez destaca el mecanismo ‘Tu Casa’, con préstamos de hasta 50.000 euros para primera vivienda, y que estará dotado con 10.000 millones de euros.
El presidente detalló que dicha línea de préstamos, gestionada por el ICO, está dirigida a personas y familias con ingresos pero sin ahorro suficiente para afrontar la entrada de una hipoteca y tendrá carácter intergeneracional, por lo que no estará limitada solo a los jóvenes.
Otra de las novedades radica en la incorporación de un fondo de impacto social dotado con 400 millones de euros para impulsar la promoción de vivienda por parte de proveedores sociales, una financiación que permitirá promover miles de viviendas con impacto social y alquiler asequible.
Contra los ‘buitres’
Asimismo, el nuevo texto endurece las condiciones para la compra especulativa de vivienda por parte de los llamados fondos ‘buitre’, ampliando su definición y las condiciones de las excepciones con respecto al anterior texto.
En materia de protección de los inquilinos, se regula mejor la publicidad, promoción y oferta de los arrendamientos de vivienda, que deberá incluir el índice de referencia del precio del alquiler -en las zonas donde se aplique la ley de vivienda y las zonas tensionadas-, el límite de renta aplicable en los ámbitos sujetos a limitación legal y, cuando proceda, la condición de gran tenedor del arrendador.
Respecto a los pequeños propietarios, el marco regulatorio en materia de desahucios se mantiene respecto al texto anterior y se incorpora el pago por parte de las administraciones de las posibles costas procesales e intereses moratorios, cuando corresponda.
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