La presidenta de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), María Concepción Brito, denunció en la comisión del Parlamento de Canarias que estudia la pobreza infantil que la vivienda es el principal factor de vulnerabilidad y de cronificación de la pobreza, por lo que reclamó regular el precio de unos alquileres inasumibles, que alcanzan 600 euros por habitación en municipios no capitalinos. Afirmó que “1.000 euros de alquiler en un pueblo, eso es insostenible para una familia que gane 1.400 euros, y hay muchas familias que ganan 1.400 euros, sobre todo en servicios básicos de limpieza, de ayuda a domicilio o de hostelería, los sueldos son eso”.
Brito advirtió de que si no suben los salarios y no baja el alquiler, “la situación se va a cronificar todavía más”. La construcción de vivienda pública es demasiado lenta y no va al ritmo que se necesita pues aún se empiezan a licitar promociones del último Plan de Vivienda de 2025. “No podemos esperar dos o tres años a esas viviendas porque lo que se falta es vivienda, porque no hay, los ayuntamientos han cedido suelo, hay proyectos, ¿por qué no se ha destinado ese dinero del Gobierno de Canarias?”, se preguntó.
Es necesario que adopte medidas como declarar zonas tensionadas para limitar los precios y fomentar la rehabilitación. Sobre la regulación del alquiler vacacional, denunció que la inspección recae en los ayuntamientos sin aportarles financiación. Planteó limitar la compra de viviendas por extranjeros, aunque reconoció las dificultades competenciales y europeas.
Brito denunció la frustración de los municipios con el Gobierno de Canarias ante la falta de financiación para poder combatir la pobreza pues se aprobó el catálogo de servicios sociales pero sin los recursos económicos necesarios. Lo mismo ocurre con el Plan Concertado, sin actualizarse desde 2002, aparte de que la financiación, al igual que ocurre con el Plan Corresponsables, partidas que suelen llegar a final de año y no da tiempo a ejecutar.
También exigió la cobertura total del ciclo educativo de 0 a 3 años en todas las islas, ya que los ayuntamientos se ven obligados a asumir competencias impropias. Reprochó a Educación hablar solo de infraestructuras y atribuir a los municipios los problemas de climatización.
Se quejó de que las partidas del Estado contra la pobreza llegan a final de año y apenas cubren los gastos estructurales y de personal. Destacó que no tienen fondos para atender el sinhogarismo y la salud mental.
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