La Plataforma por el 5% para la Educación ha denunciado que el proyecto de Presupuestos de Canarias para 2027 vuelve a incumplir los objetivos de financiación establecidos en la Ley Canaria de Educación. Según sus cálculos, la inversión educativa alcanzará el 4,12% del Producto Interior Bruto (PIB), lejos del mínimo del 5% que establece la normativa desde 2022.
El colectivo advierte de que esta diferencia representa un déficit inversor de 610 millones de euros para el próximo ejercicio. Además, sostiene que, si se contabiliza el dinero que ha dejado de destinarse a educación desde 2022 respecto al objetivo legal, la cantidad acumulada supera los 2.700 millones de euros.
La Ley Canaria de Educación, aprobada en 2014, establece que la inversión educativa debía alcanzar progresivamente un mínimo del 5% del PIB en un plazo de ocho años. Sin embargo, cinco años después del horizonte fijado por la normativa, Canarias continúa por debajo de ese porcentaje, según denuncia la Plataforma.
La inversión educativa apenas aumenta
Según los datos presentados por la Plataforma, la inversión en educación pasará del 4,07% del PIB en 2026 al 4,12% en 2027, un incremento de apenas cinco centésimas.
Aunque el presupuesto educativo crecerá en términos absolutos en 239 millones de euros, un 9,1%, el colectivo considera insuficiente esta subida para acercarse a las exigencias legales.
La organización recuerda que Canarias llegó a destinar el 4,63% de su PIB a educación durante la legislatura anterior, el porcentaje más elevado registrado hasta entonces, según sus datos. Sin embargo, la inversión retrocedió hasta el 4,20% en 2024 y volvió a caer al 4,05% en 2025.
A partir de ese momento, la evolución ha sido ligeramente positiva, aunque alejada del objetivo legal. En 2026, la inversión educativa alcanzó el 4,07% del PIB, mientras que el proyecto de Presupuestos para 2027 contempla elevarla al 4,12%, todavía por debajo del 5% que establece la Ley Canaria de Educación.
La Plataforma señala que, durante los dos últimos ejercicios presupuestarios, el incremento acumulado ha sido de apenas siete centésimas. Si se mantuviera ese ritmo de crecimiento, calcula que Canarias tardaría otros 25 años en alcanzar el objetivo del 5% del PIB.
Asimismo, critica que esta evolución se produzca en un contexto en el que, según sus datos, la comunidad autónoma ha recibido 1.300 millones de euros adicionales en transferencias del Estado, una circunstancia que, a su juicio, debería haber permitido avanzar con mayor rapidez en la financiación educativa.
Las consecuencias para la educación pública en Canarias
La Plataforma sostiene que la distancia respecto al objetivo legal limita la capacidad de respuesta del sistema educativo ante algunas de sus principales necesidades.
Entre las actuaciones que considera prioritarias figuran la ampliación de la escolarización de 0 a 3años, la atención al alumnado con necesidades específicas, la reducción del número de estudiantes por aula y el incremento de las plantillas docentes.
También reclama mayores recursos para mejorar y adaptar las infraestructuras educativas y desarrollar la Formación Profesional en las Islas.
La organización cuestiona, además, el peso que tiene la educación en el conjunto de las cuentas autonómicas. Según sus cálculos, el promedio de participación del presupuesto educativo ha descendido del 20,29% en la legislatura anterior al 19,97% en la actual.
Para el colectivo, estos datos demuestran que la educación no ha ocupado un lugar prioritario en la política presupuestaria del Ejecutivo autonómico durante esta legislatura, pese al incremento de las partidas previstas para el próximo ejercicio.
Extremadura, el ejemplo que plantea la Plataforma
En su comunicado, la Plataforma vuelve a señalar a Extremadura como referencia para mejorar los indicadores educativos de Canarias.
Según el colectivo, esta comunidad lleva dos décadas destinando más del 5% de su PIB a la educación, lo que habría favorecido una mayor escolarización temprana y una mejor dotación de profesorado.
La organización asegura que Extremadura dispone de 14 docentes más por cada 1.000 alumnos que Canarias y relaciona su política de inversión con una mejora de los resultados educativos, tal y como considera que refleja el último informe PISA.
Para la Plataforma, las dificultades sociales y económicas que afectan a parte de la población canaria refuerzan la necesidad de aumentar los recursos destinados a la enseñanza pública.
Por ello, reclama al Gobierno autonómico compromisos presupuestarios concretos que permitan cumplir la Ley Canaria de Educación y atender las demandas de la comunidad educativa.
El colectivo insiste en que la mejora de la educación pública requiere una mayor dotación económica y emplaza al Ejecutivo a aprovechar la tramitación de los Presupuestos de 2027 para avanzar hacia el objetivo del 5% del PIB establecido por la legislación autonómica.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas