La ley canaria sobre incompatibilidades de sus altos cargos no obligará al CD Tenerife a perder la subvención otorgada por el Gobierno canario en caso de que el expresidente regional Paulino Rivero sea el nuevo presidente del club blanquiazul.
Así se desprende de un extenso y detallado informe jurídico (lee aquí el informe) elaborado por el despacho de Abogados Montero Aramburu, uno de los más prestigiosos del país en materia jurídico-deportiva y que destaca especialmente sobre el estudio de la norma canario en estos casos comparada con la estatal y la existente en otras autonomías. A este respecto, los resultados no pueden ser más claros: a diferencia de otras comunidades, Canarias no ofrece ningún tipo de prebenda a los exaltos cargos, aunque sea el presidente. Mientras que por otros pagos se les concede sueldo, coche y hasta liquidaciones por cese en el puesto de trabajo, aquí nada de nada, lo que sin duda es un dato clave a la hora de realizar la necesaria interpretación de la norma.
Pero si aun así se llevase a cabo, hay que tener en cuenta que el caso en cuestión no es aplicable al expresidente, por cuanto este no tenía especiales atribuciones al respecto y, dada su responsabilidad, no habría esfera económica y social posible que de un modo u otro no estuviera afectada por la normativa autonómica. A lo sumo y de forma extrema, solo implicaría que Rivero tendría que abstenerse en una votación sobre el asunto que tuviera lugar en el consejo de administración del club.
Es más, nada indica que Rivero tuviera un trato de favor hacia el Tenerife, a tal punto que la subvención en cuestión se otorgó al otro gran representativo canario en el fútbol español, además de a sus semejantes en baloncesto (CB Canarias y CB Gran Canaria), entre otros. Para que no quede sospecha alguna, nada más aclaratorio que el hecho de que fue el Gobierno que presidía Rivero quien suspendió este convenio de patrocinio al inicio de la crisis, ya que se entendió entonces que era más urgente gastar estos fondos públicos en las emergencias sociales.
El caso se antoja tan evidente -explica el informe-, que el supuesto de que Paulino Rivero sea el nuevo presidente del CD Tenerife no merece (en atención a su etapa en el Gobierno de Canarias) ni siquiera un reproche ético, y no digamos ya prohibición o restricción legal alguna.
De esta manera, y según concluye el informe firmado por Eduardo Gamero Casado, catedrático de Derecho Administrativo y consejero de Montero Aramburu, el eventual nombramiento del expresidente del Gobierno de Canarias como presidente del consejo de administración del CD Tenerife “en nada afecta a la validez y pervivencia de los efectos del convenio de colaboración suscrito en abril de 2015 para el patrocinio publicitario deportivo del equipo de fútbol”, al tiempo que advierte que cualquier actuación por parte de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias tendente a instar la resolución del referido convenio de colaboración por este motivo, “carecería por completo de fundamento jurídico, resultando extraordinariamente lesiva para los intereses de la entidad deportiva, que se vería abocada a defender su derecho a mantener los efectos del convenio hasta su normal extinción”.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas