“Me gusta la construcción, pero me gusta mucho más ver crecer un árbol”, así se expresa Antonio Plasencia, expresidente de los constructores de Tenerife , que en la actualidad trabaja en el plan de rehabilitación de su cantera de áridos en el barranco de Badajoz, tras la sentencia que aceptó recientemente para evitar la cárcel a cambio de la regeneración del espacio natural destruido.
Antonio Plasencia, condenado al igual que otros tres areneros (José Enrique Morales, Pedro Sicilia y Francisco Javier del Rosario, éste irá a prisión, por no aceptar el acuerdo previo y perder posteriormente el juicio), es el único que ha presentado un plan de regeneración del suelo y además el único que dispone de capital para hacerle frente a la misma, tras declararse insolventes el resto.
El octogenario empresario, que tiene pendiente en septiembre otro macrojuicio por el caso Las Teresitas, y del que se considera “inocente”, aunque prefiere no hablar del asunto ahora, está pendiente de que las administraciones competentes le den el visto bueno al plan que ha presentado y en el que lleva trabajando más de un año, aunque recuerda que después de la clausura (2007) de la cantera de Áridos del Sur, en la zona conocida como Las Rosas o el Badén, comenzó a plantar mangas, “he recogido más de 35.000 kilos en siete años”, comenta, añadiendo que “en aquella zona no se pueden plantar plátanos porque el agua se drena” . Plátanos que sí tiene plantados por debajo de la autopista, cerca de El Puertito, donde recoge un millón de kilos y da trabajo a 23 personas, en un suelo que sigue sembrando pese a tener la consideración de urbano.
“Ahora mismo el suelo sigue siendo minero y si pedimos una licencia el cabildo tiene que darla sí o sí”
El agua es la base del plan de rehabilitación que ha presentado Plasencia ante el Cabildo, con la construcción en la cantera que alcanza casi los 100 metros de altura de una balsa que permitiría, según él, almacenar el agua sobrante del invierno, a través de una boca que llegaría de la cuenca del barranco, sin que este fuera afectado, según el visto bueno recibido del Consejo Insular de Aguas, porque ahora mismo esa agua “se la chupa el revuelto”, señala el empresario.
Esa balsa, más la plantación de olivos, que ya ha comenzado, servirían para regenerar la antigua cantera, cuyo material extraído a lo largo de más de dos décadas fue valorado por los peritos en 66,4 millones de euros, una tasación que no corresponde con la realidad, según Plasencia, porque daban un valor de 1.500 pesetas por metro cúbico.
Insiste en empresario en recordar que la sentencia no recoge cantidades, sino de la obligación de restaurar el terreno a su estado natural de acuerdo con las administraciones públicas.
El problema al que se enfrenta Plasencia, así como el resto de los areneros, es que las administraciones competentes, Cabildo sobre todo, pretende que la rehabilitación se haga con un plan integral de arriba a abajo del barranco y no cantera por cantera, por lo que habría que cambiar el PIOT, porque recuerda el propio Plasencia que “ahora mismo ese suelo sigue siendo minero y si se pidiera una licencia el Cabildo está obligado a darla, sí o sí”.
El plan de rehabilitación presentado por Plasencia está valorado en 5 millones de euros, cantidad necesaria para el transporte y la logística, porque el empresario cuenta con material propio para hacer frente a esa regeneración, comentando que dispone de material de acopio, limpio, en Llano del Moro, casi ocho millones de metros cúbicos de picón sacados de Montaña Pacho; de las canteras de El Puertito de Güímar, de Montaña del Cuervo en Santa María del Mar, de cuando se hizo Alcampo, o de la antigua cantera y machaqueo en el barranco de Candelaria, al margen de la autopista del Sur. Con todo ese material, el empresario rellenaría la cantera de Áridos del Sur hasta una cota de 20 metros, para lo que necesitaría 5,5 millones de metros cúbicos de material en una superficie en torno a los 35.000 metros cuadrados.
El empresario, en contra de lo que se ha dicho, desmiente asímismo que pueda lograr ayudas con la plantación de seis mil olivos, porque éste no recibe subvenciones europeas.
La sentencia solo recoge la obligación de restaurar el terreno de acuerdo con las administraciones
“Se firmó seguir extrayendo, con Industria, Cabildo y Ayuntamiento, y dimos 200 millones de pesetas”
Son muchos los que piensan que en el banquillo de los acusados por el sentenciado caso Áridos faltaron los responsables entonces de las administraciones que permitieron la actividad ilegal de los extractores, después de las primeras denuncias a principio de los noventa, y que además recibieron dinero por ello.
Antonio Plasencia ya lo manifestó ante la Fiscalía antes del juicio oral, recordando además que “tenemos un escrito firmado por el consejero de Industria, el presidente del Cabildo y el alcalde en que por 200 millones de euros se nos permitía seguir con la actividad, hasta que luego nos dijeron que se necesitaba una licencia reglada”, licencia que obviamente nunca llegó desde el Ayuntamiento de Güímar, pese a que ese convenio le aportaba asfaltados de caminos y dotación de maquinaria” y uno añadiría que el patrocinio de casi todas las fiestas que se celebraban en aquella época en Güímar y Arafo.
“Tu tienes ese escrito firmado por las tres administraciones en donde te dicen que puedes seguir extrayendo y a ellos no les pasa nada”, remarca Plasencia.
La sentencia del 27 de enero condenó a Antonio Plasencia, José Enrique Morales y Pedro Sicilia a un año y tres meses de cárcel, medida que se suspende durante dos años, “condicionadas al cumplimiento de las medidas encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico perturbado que se adopten a su cargo en ejecución de sentencia”.
La sentencia firme especifica que para restaurar la zona “deberá realizarse el oportuno plan de restauración por parte del Gobierno canario, Cabildo y Ayuntamiento de Güímar”.
El informe pericial elaborado por la Fiscalía determinó que el coste de la restauración ascendería a 279 millones de euros, cifra que deberá actualizarse al precio vigente, entrando también en ese reparto los herederos de Fulgencio Díaz y Francisco Javier del Rosario, condenado a 3 años de prisión el 5 de abril, tras no aceptar el acuerdo previo de culpabilidad.
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