Todos los grupos del Parlamento canario han reiterado la necesidad de modificar el decreto 900/2015, promovido por el exministro del PP José Manuel Soria, que regula desde octubre el llamado autoconsumo energético, es decir, el uso, sobre todo, de paneles solares en viviendas e industrias para generar electricidad. Pero esta petición queda pendiente de un nuevo Gobierno en el Estado.
Así quedó patente en el último pleno parlamentario, al que volvió este asunto de la mano del diputado del PSOE Gustavo Matos, quien reclamó que la exención temporal en Canarias de pagar el llamado impuesto al sol (peaje por el derecho a usar la red general) se elimine y además se compense por la energía vertida al sistema.
Una postura que comparten todos los grupos, de gobierno y oposición, salvo el PP. Así, el consejero regional de Industria, Pedro Ortega, confirmó que, en cuanto se constituya un nuevo Ejecutivo estatal, reclamará la eliminación definitiva, y no transitoria, como ahora, en el caso de Canarias, “de cualquier tipo” de peaje o impuesto al autoconsumo; la simplificación de los trámites para estas instalaciones, con la supresión del papel de las compañías distribuidoras, siempre que no se vierta a la red; y, por último, que la desalación de agua con renovables no esté sujeta a límites de potencia instalada.Sobre esta última medida recordó que ya existe un compromiso con el Gobierno en funciones, desde enero, para modificar el decreto.
Ortega indicó que esta norma “no ha cumplido con las expectativas”, pues en ocho meses solo ha recibido solicitudes de autorización para ocho instalaciones de autoconsumo con fotovoltaica, y se han autorizado apenas 125 kw de potencia.
“Los efectos del decreto en Canarias no son positivos, pues los peajes minimizan el posible ahorro, y no se remunera el excedente vertido en la red -el balance neto-, lo que impide su implantación masiva”, subrayó.
Incluso el PP, si bien no está de acuerdo en suprimir el peaje a quienes, teniendo estas instalaciones, usen la red general, sí admite que esta regulación “inició un camino, aunque es muy mejorable y matizable, y existe compromiso político del Gobierno de Rajoy, en funciones, para modificarla”, en palabras de la diputada Cristina Tavío.
Gustavo Matos argumentó que “una regulación así no existe en ningún otro país”, pues aquí “se trata a quien tiene una instalación solar en casa como a un empresario del sector energético”, se le obliga a “regalar la energía sobrante” y se prohíbe el autoconsumo colectivo, es decir, que un edificio se suministre de energía solar para el consumo de sus zonas comunes.
Belén Allende (CC-PNC) tachó de “parche” esta regulación, a su juicio “errónea”, pues “solo satisface al oligopolio energético, no a los ciudadanos”. Concepción Monzón (Podemos) abogó por derogar el decreto “porque no se puede castigar el autoconsumo”.
También defendió su derogación Pedro Manuel Rodríguez (NC), para que se permita el balance neto y la seguridad de los inversores. Jesús Ramos (ASG) calificó de “frustrante” esta normativa, pues “solo ha servido para hacer inviable el autoconsumo eléctrico y frenar la industria de la energía solar, así que lo mejor es que este decreto se reforme cuanto antes”.
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