La petición a Función Pública del descenso de categoría, de primera a segunda, del Ayuntamiento de Güímar, adelantado por el DIARIO el domingo, se consumó ayer en el transcurso de un pleno donde se evidenció el distanciamiento en el grupo de Gobierno y las dos principales funcionarias, la secretaria y la interventora, causantes según el PP del bloqueo administrativo en el que anda sumido el consistorio.
Un bloqueo del que trató de sacar partida la oposición (PSOE y Sí se puede), recordando los múltiples reparos de facturas que están denunciados en Fiscalía, y del que el grupo de Gobierno (PP-CC) apenas se dio por enterado, porque basaron la propuesta llevada como “imprescindible para tener mayor seguridad jurídica”, términos repetidos hasta la saciedad por Javier Mederos (CC), aunque fue Francisco Javier Amador (PP), concejal de Recursos Humanos, el encargado de defender una moción que ya venía reparada por la secretaria municipal por un informe que la alcaldesa se negó a que se leyera cuando se le solicitó por parte de los socialistas.
Amador insistió que la medida se toma porque la categoría que le corresponde a Güímar es la de segunda, al no llegar a los 20.000 habitantes, recordándole Airam Puerta (PSOE) que el cambio de segunda a primera se realizó en 2007 con una población mucho menor que los 19.400 habitantes con los que cuenta hoy el municipio, aparte de añadir que no solo se es de segunda o primera por los habitantes, sino por los servicios que se dispone como tres juzgados, Inem, notaría o registro.
Tanto Airam Puerta como el portavoz de Sí se puede, Ruyman Expósito, no dudaron en poner sobre la mesa que los reales motivos de la petición de descenso a Función Pública, que finalmente será quien decida si procede o no, no son otros que “quitarse de en medio a las dos funcionarias que molestan, que ustedes mismo han dicho que bloquean la vida administrativa del Ayuntamiento”. Airam Puerta fue más allá, al dirigirse a los concejales del gobierno y manifestar que “a mi sí me daría miedo estar en ese lugar por todo lo que ha sucedido y va a suceder”, en relación a las denuncias presentadas en Fiscalía por presuntas irregularidades en contrataciones.
Expósito respondió a Mederos , edil de Hacienda, cuando este habló de mejorar la seguridad jurídica con el cambio: “Tienen reparados más de siete millones de euros en tres años, qué más inseguridad jurídica que esa quiere”.
Mederos le respondió que no se puede meter todo en un mismo saco, porque podemos confundir a la opinión pública, porque solo 3.6 millones de esos reparos son de la prórroga del servicio de basura aún sin licitar”, añadiendo que “nuestras cuentas generales son irreprochables y a final de año ya habremos liquidado la deuda financiera que nos dejó el PSOE”, remarcando que “no se puede decir que hoy vamos en contra de la secretaria cuando hace dos años tampoco fuimos a su favor cuando creamos la plaza de vicesecretaria”.
La alcaldesa, Luisa Castro solo expuso que “jamás he impuesto a un funcionario que cambie un informe”, mientras que la secretaria Marisa Santos habló de “lo inadecuado” de la medida, por cuanto se puede tener secretario e interventor fijos sin necesidad del cambio de categoría y solo pidiendo un concurso a Función Pública, “sin tener de pedir asesoramiento externo para ello”, en clara referencia a los contactos con otro secretario.
Por cierto, ayer se comentó fuera del salón plenario que el enfado de Marisa Santos, que avanzó en este medio el traslado de 10 cajas de expedientes reparados a la Fiscalía, viene dado porque teme que el Ayuntamiento amortice su puesto de vicesecretaria, como así se lo pidió a la alcaldesa uno de los secretarios contactados por ocupar la plaza que ella ocupa de manera provisional. Todo esto signioficaría un mayor gasto del que en la actualidad asume el Ayuntamiento, pues hoy solo paga a una visecretaria haciendo de labores de secretaria y a una interventora acumulada que recibe el 30% del sueldo, sin que el consistorio tenga que pagar la Seguridad Social, que lo hace Arafo, donde ejerce como secretaria.
La interventora, contundente
Más contundente fue la interventora acumulada -lleva 21 años de secretaria en Arafo-, Ruth Arteaga, que calificó su trabajo de “impecable” y reconoció que “estoy cansada, muy cansada, la tensión ha sido muchísima y lo único que he hecho es no compartir la manera de contratar del grupo de Gobierno. Lo único que estoy deseando es que cubran la plaza, no sé si de primera o de segunda, azul o roja, pero cubranla ya, por Dios”.
El embalse se quedó sobre la mesa
El PSOE llevó una moción para que el Ayuntamiento se comprometiera a redactar el proyecto de un emblase para la red de riego que solicita la Comunidad de Regantes de San Pedro. Tras un tira y afloja entre populares y socialistas, especialmente entre Francisco del Rosario y Airam Puera, el primero secretario de una comunidad de regantes, la propuesta se quedó sobre la mesa hasta septiembre a la espera de lo que decida el Cabildo al respecto, que ya se ha comprometido a incluir esa red de riego en el Plan Hidrológico de Tenerife, según compromiso de Carlos Alonso, que algunos pusieron en duda.
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