Así como han inventado un robot capaz de jugar al escondite, tal vez el Gobierno de Canarias explique antes de que los coches vuelen el impacto de la futura Ley del Suelo en la autonomía local con tanta claridad que ya no sea necesario preguntar más. Precisamente, tres ayuntamientos han registrado en el Parlamento sendas iniciativas sobre esta cuestión. A pesar del compromiso adquirido por la Mesa para abrir telemáticamente el registro de la Cámara a la ciudadanía, estos escritos no están al alcance del público.
Se sabe que la primera la presentó la corporación de Moya el 2 de agosto, junto a otra acerca de la inclusión de Risco Caído en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco. Aparentemente, sin relación formal entre ellas. Al día siguiente llegó la de Vega de San Mateo. Y, después de que, el lunes 8, el Ejecutivo regional aprobara el anteproyecto, la de Icod de los Vinos entró el 10 de agosto.
En lo que respecta a la orientación política, las mencionadas instituciones están gestionadas por organizaciones distintas: en Moya gobierna el PP con mayoría absoluta, al igual que Asamblea de Vecinos de San Mateo en el otro municipio grancanario. En cambio, la alcaldía de Icod la administra Coalición Canaria en minoría.
El mes pasado, la federación de municipios (Fecam) acordó trasladar a los 88 ayuntamientos una moción, para su debate en los plenos, en apoyo a la Ley del Suelo, cuya redacción actual incorpora propuestas ideadas por la propia asociación. Entre estas, figuran las demandas de superar la maraña normativa y de conceder a las oficinas técnicas una mayor dotación económica para afrontar las competencias.
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Los consistorios y los cabildos han registrado 72 escritos en la Cámara autonómica desde julio de 2015
El Parlamento canario ha tramitado en esta novena legislatura 72 iniciativas de las corporaciones locales: 45 de los ayuntamientos y 27 de los cabildos. En la anterior etapa (de 2011 a 2015) fueron 389, en una proporción de 328 a 61. De las registradas por las corporaciones municipales desde julio de 2015, solo cuatro no están cerradas. De las promovidas por las entidades insulares quedan pendientes dos: una de Fuerteventura sobre la creación de zonas francas en las islas no capitalinas y otra de La Palma relativa a la terapia ocupacional. El Cabildo de Tenerife inauguró el procedimiento el 25 de agosto de 2015 al reivindicar el “derecho a la vivienda y la solidaridad con la ciudadanía afectada por desahucios y las personas sin hogar”. Entre los ayuntamientos, el estreno lo protagonizó el renovado consistorio de Las Palmas de Gran Canaria con una aportación, datada el 16 de julio de 2015, sobre la reforma de la ley electoral autonómica.[/su_note]
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