El portavoz de Iniciativa por La Orotava (IpO) en el caso El Trompo, José Manuel Hernández, criticó ayer al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, por “intentar minimizar” el Caso El Trompo al decir en una entrevista radiofónica que “el desvío en la construcción es menor al 2% del total”; y “desconocer completamente” que la condena al exalcalde de La Orotava Isaac Valencia, al empresario Ambrosio Jiménez, y al secretario del Ayuntamiento, Juan Carlos de Tomás Martí, “fue por construir un centro comercial en suelo rústico potencialmente productivo y sin las correspondientes licencias y no por un exceso de volumetría”, puntualizó Hernández. “Se trata de un delito muy grave cometido por uno de los mentores de Coalición Canaria (CC)”, subrayó.
Tres días después de conocerse la sentencia de este caso, denunciado por IpO en el año 2002 y contra la que cabe recurso, algunos miembros de esta formación comparecieron ayer con el fin de valorar 14 años de lucha ante la justicia para desenmascarar “la ilegalidad manifiesta que supuso esta construcción y el trato de favor que ha demostrado CC a favor de los grandes empresarios”. Y a pesar de que las condenas “se han quedado en su mínima expresión, estamos satisfechos”, remarcó Hernández.
En este sentido, denunció “la intencionada dilación de la instrucción de la causa por parte de los abogados de los tres condenados” y “el retraso deliberado del Ayuntamiento” de enviar la documentación exigida por el juzgado, siendo los encargados de hacerlo el secretario y el exalcalde.
La actuación delictiva de los tres “es meramente probada”, insistió el portavoz, quien dejó claro que no fue una actuación “solo de Isaac Valencia” sino de todo el gobierno de ese momento, y por eso pidió la dimisión de tres de sus actuales miembros: el alcalde, Francisco Linares, su portavoz, Juan Dóniz, y el concejal de Urbanismo, Narciso Pérez, cuya “responsabilidad política es evidente y clara”.
También solicitó que al secretario municipal se le suspenda cautelarmente de su función pública y se remita la sentencia y se eleve consulta al órgano que proceda sobre su situación, teniendo en cuenta la sospecha que recae sobre él “de un supuesto delito de falsificación de documento público y por lo tanto, de falsificación del testimonio”.
Por último, José Manuel Hernández lamentó que otros partidos políticos, en concreto el PSOE, “intente rentabilizar un trabajo que no le pertenece, presentándose como el adalid de las denuncias” en este caso.
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