La primera noche comenzó con siete casetas y una gran carpa colectiva, anoche ya se sumaron algunas casetas más y en torno a unas veinte personas están durmiendo al raso a la entrada del barrio de Bajo la Cuesta como medida de protesta ante lo que consideran un atropello del Ayuntamiento de Candelaria a la hora de facilitar las ayudas al alquiler.
Sin embargo, se da la circunstancia de que tres de esas familias -una de ellas duerme en un coche- han recibido las ayudas de emergencia al alquiler y les han sido abonadas, aunque no han encontrado aún piso después de tener que abandonar el martes el hotel Punta del Rey. A otras cuatro familias si se les ha denegado esa ayuda (500 euros mensuales), siendo en total 10 familias las que no han podido demostrar que cumplen los requisitos para recibirlas, bien por no estar empadronadas en el barrio, algo que no se puede hacer desde 2006, o por disponer de otra vivienda, aunque esta sea, como en el caso de Ramón Loureiro y Lucía Carnero, en Orense.
En el hotel permanecen tres personas (Sandra, Anais y Elvira), al menos hasta mañana -aunque el plazo podría ampliarse hasta el día 30- pendientes de que se resuelvan sus expedientes, aunque en el caso de Anais y su pareja, al no estar empadronados, pueden correr la misma suerte de los que desde el martes por la noche duermen al raso en la entrada de Bajo la Cuesta, que todavía está pendiente de que comiencen las obras en el talud que asegure la zona y pueda andar el reloj para un nuevo realojo en sus casas.
Junto a la acampada de protesta, que no va a ser levantada, pese a que la Policía Local recogió ayer la filiación de todos los que allí se han instalado, los vecinos de Bajo la Cuesta y un grupo de amigos siguen todas las mañana protestando enfrente del Ayuntamiento al grito de “alcaldesa, queremos una casa”.
Anais Martín,pendiente en el hotel de que le concedan la ayuda, comenta que “estoy habitando la vivienda que compraron mis padres y quise empadronarme junto a mi novio en 2010, pero no hay manera. Por una prescripción médica tengo que vivir junto al mar y vivo aquí fija desde hace dos años” y además se muestra pesimista: “de las obras no tenemos ni rastro y me temo que esto va a ir para largo”.
Lucía Carnero, que no tiene derecho a ayudas, lleva trece dias viviendo en casa de un amigo, aunque ahora se ha sumado a la acampada: “No me han dado la ayuda porque tengo casa en Orense, pero desde hace 10 años mi vida está en Bajo la Cuesta. La noche de acampada es un poco dura y estaremos aquí mientras nos dejen, porque igual levantan el campamento”.
Sí se puede culpa a la alcaldesa
Sí se puede denuncia que la alcaldesa de Candelaria se escuda tras las normas para justificar y sostener una situación “realmente muy injusta, como la que ocurre con el vecindario de Bajo la Cuesta”, según ha manifestado la portavoz del grupo municipal ecosocialista en el Ayuntamiento, Mayca Coello.
Coello destaca que en Bajo la Cuesta “la administración pública ha generado un problema y no actúa con la excepcionalidad que debiera para resolver las consecuencias que provoca su orden de desalojo de las viviendas”. El desalojo, recuerda la concejala, se produce “a raíz de una medida justificada para proteger su seguridad; sin embargo, esta actuación, que supuestamente aspira a ayudar a vecinos y vecinas, deja a algunas de las personas afectadas en un estado de precariedad, a la intemperie y sin alojamiento alternativo, hecho especialmente grave cuando no puede preverse la fecha de retorno a sus hogares”.
“Nadie que no tenga vivienda alternativa desocupada y fácilmente accesible, a no muchos kilómetros de la residencia familiar actual, debe ser abandonado por este Ayuntamiento”, enfatiza la portavoz ecosocialista, que subraya que, a día de hoy, “las obras efectivas no han empezado y no ha habido nuevas reuniones con los vecinos y vecinas, sino comunicados meramente informativos concebidos también para los medios de comunicación, pero que no ayudan a aclarar y dar respuesta a muchas de las preguntas que se hacen las personas afectadas.
Sí se puede considera que quien desaloja debe asumir la situación como excepcional y debe establecer medidas también excepcionales en situaciones personales que no tengan una alternativa de vivienda real y viable. “No reclamamos caridad para nadie, sino principios de funcionamiento asistencial por parte de la administración responsable de esta situación que apliquen el sentido común, la justicia y la humanidad”, dice Coello.
El ayuntamiento incumplió durante muchísimos años su competencia de exigir a los propietarios del talud que cumplieran con su obligación de mantenerlo en condiciones de seguridad, lo que ha derivado finalmente en el problema actual. “Esto demuestra su corresponsabilidad manifiesta en el devenir de los acontecimientos –señala la concejala–;ante esto, los vecinos y vecinas afectados no deben pagar la mala gestión municipal”.
Coello asegura que el último pleno de la corporación, celebrado a finales de octubre, “fue muy duro y muy triste, por la demostración de falta de empatía y carencia de inteligencia emocional al anteponer el cumplimiento férreo del procedimiento administrativo frente al bienestar de las personas para evitar que éstas sufrieran más de lo necesario”. La portavoz de Sí se puede concluye con que “en este grupo de gobierno sobra rigidez, improvisación y actitudes que enfrentan, más que ayudan”.
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