El caso de las grúas es como aquel conocido de la juventud que, al llegar la madurez, resulta incómodo de tratar, o si prefieren es algo así como un esqueleto en el armario político de Fernando Clavijo. La torpeza del actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de La Laguna, empeñado en retrasar la celebración de una comisión municipal que analice el tema, no hace más que despertar la curiosidad informativa sobre lo acaecido en el servicio de grúas de la Ciudad de los Adelantados entre los años 2011 y 2015. El hecho de que el propio Ayuntamiento tuviera que intervenir dicho servicio y aprobar un crédito extraordinario de 120.000 euros a la empresa adjudicataria prueba el fracaso en la gestión. No faltan a esta historia detalles escabrosos que incluso son objeto de investigación por parte de dos juzgados tras la presentación de sendas denuncias. Para averiguar el por qué de tan mal disimulada inquietud, lo primero será desbrozar el que llamaremos caso Grúas.
LA HISTORIA
Fue en 2004, siendo concejal de Seguridad Ciudadana el hoy presidente del Gobierno de Canarias, cuando el empresario del sector José Padilla ganó el concurso y se hizo con la concesión del denominado oficialmente Servicio de grúas e inmovilización de vehículos de La Laguna. Tras constituirse al año siguiente como sociedad limitada unipersonal (a la que denominó Autogrúas Poli), el citado empresario logró en 2009 que la Corporación le concediera una prórroga por otros cinco años.
Aunque los devastadores efectos que la crisis provocó aquel año en el tejido empresarial canario tuvieron su influencia, lo cierto es que Padilla señaló directamente al Ayuntamiento (ya con Clavijo como alcalde) como responsable de la delicadísima situación económica a la que se vio abocada su empresa, a tal punto que no tuvo más remedio que, dos años después, traspasar Autogrúas Poli a siete de sus empleados. Este es uno de los episodios escabrosos del relato, como prueba el hecho de que las acusaciones vertidas entonces por Padilla son investigadas por la Guardia Civil.
El otro suceso oscuro de esta historia también acabó en un juzgado y se produjo un año más tarde con la denuncia de la presunta venta ilegal de piezas extraídas de vehículos retirados de la vía pública por las grúas municipales, con el agravante de que estaban bajo custodia municipal en un recinto ubicado en la calle Espinero. Sorprendentemente, a raíz de esa denuncia la empresa despidió a dos trabajadores que se negaron a conducir los vehículos a dicho depósito, ya que temían verse involucrados en la supuesta trama de venta de piezas. Uno de ellos fue readmitido luego por decisión judicial. También es en 2012 cuando estalló otro serio conflicto en Autogrúas Poli, ya que los nuevos propietarios (afines a Clavijo, según Padilla) son derrotados en los tribunales por los propios trabajadores en un conflicto de carácter sindical.
CRISIS TOTAL
La situación degenera en 2013. Los trabajadores no cobraban desde hace meses y, como el alcalde Clavijo se negaba a recibirlos, se plantaron frente a su despacho, forzando así una cita a la que acudió el entonces concejal Díaz. Sin embargo, no lograron que el Ayuntamiento rescatase el servicio a pesar de los incumplimientos.
Las deudas de la empresa se acumularon ese año (por ejemplo, 74.000 euros a Hacienda), y la Corporación local asumió la gestión finalmente en enero de 2014, dado el evidente riesgo de que La Laguna quedase sin servicio de grúas. En mayo llegó el préstamo municipal de 120.000 euros para salvar Autogrúas Poli, a la que sorprendentemente se le renovó en agosto por otros cinco años. Cuando se produjo esta renovación, a los trabajadores se les adeudaba hasta nueve mensualidades.
Finalmente, en 2015 se suceden los embargos por distintos impagos hasta que, ya en septiembre de ese año, el empresario José Luis Tacoronte (referente provincial del sector) se hizo cargo de la empresa y puso fin a los problemas, tanto económicos como laborales.
DOS REUNIONES EN DOCE MESES
Luego se lamentan del creciente hastío ciudadano hacia la política. Hace ya más de un año que el pleno del Ayuntamiento de La Laguna aprobó la creación de una comisión para analizar el caso Grúas, si bien formalmente es de estudio y no de investigación. Los aproximadamente doce meses y medio transcurridos no han bastado para celebrar, siquiera, una sola sesión que aborde el fondo del asunto, sino dos citas de carácter preliminar. Tal retraso ha despertado la crítica de Rúbens Ascanio (Unid@s se puede) o Santiago Pérez (Por Tenerife/Nueva Canarias). Eso sí, el tiempo transcurrido ha dado para algún episodio significativo como la fallida pretensión del actual alcalde, José Alberto Díaz, para presidir la comisión, una propuesta tan irreprochable desde la perspectiva legal como absolutamente indecorosa en lo formal, ya que fue responsable del servicio de grúas municipal. Finalmente el presidente será Antonio Alarcó (PP), que ha mostrado su indignación ante quienes le señalan como afín al equipo de Gobierno y ha prometido actuar con total independencia.
CRONOLOGÍA
Versa sobre lo acaecido en la gestión de dicho servicio municipal entre 2011 y 2015 en san Cristóbal de la Laguna
2011: Aunque dos años antes había concedido la prórroga por otros cinco años de la concesión, el empresario José Padilla vende Autogrúas Poli a siete de sus empleados. Posteriormente achacaría los apuros económicos al propio Ayuntamiento de La Laguna.
2012: Se denuncia una presunta venta de piezas extraídas a coches que están bajo custodia municipal tras ser retirados de las calles.
2013: Llegan los retrasos en el pago de las nóminas a los trabajadores, lo que se acaba traduciendo en un desplome del servicio que fuerza a su vez la relajación del pliego de condiciones. Los trabajadores llegan a forzar una reunión con el entonces alcalde, Fernando Clavijo.
2014: Tras varios embargos, el Ayuntamiento se ve obligado a rescatar la concesión y conceder un crédito de 120.000 euros. A pesar de todo se renueva con Autogrúas Poli otros cinco Años. La entrada del empresario José Luis Tacoronte en 2015 acaba con los problemas.
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