La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con fecha del 13 de febrero, confirmó la condena de 7 años de inhabilitación para el exalcalde de Arona José Alberto González Reverón por delito de prevaricación en relación a las obras del hotel Sir Anthony, y 8 años y medio de inhabilitación para el exconcejal de Urbanismo y Medio Ambiente Antonio Luis Sosa Carballo, por prevaricación continuada, al contratar a dedo a cuatro trabajadores durante el mandato 2007-2011, dentro de una pieza separada del caso Arona 1, ya juzgado, y en el que el exalcalde también fue condenado a 17 años de inhabilitación por prevaricación urbanìstica y prevaricación continuada por más de 200 licencias y 75 contrataciones irregulares en el mandato 2003-2007.
El tribunal de la Audiencia Provincial, compuesto por Lucia Machado, María Vega y Aurelio Santana, el mismo que llevó todo el caso Arona 1, dictó sentencia de esta pieza separada el pasado 3 de marzo y todavía queda por conocer una sobre una pieza separada en vuelve a ser protagonista González Reverón y la exsubinspectora de Policía Local, Hortensia García.
El fiscal, Jaime Serrano-Jover, pedía para el exalcalde de Arona Alberto González Reverón 9 años de inhabilitación para empleo o cargo público, y para exconcejal de Urbanismo, 10 años por el mismo delito y un año de prisión por malversación de caudales públicos. Tras el juicio, que tuvo dos sesiones, el propio fiscal reconocía que la acusación de malversación de fondos públicos tenía “poco recorrido”, tras unas dietas cobradas por el exconcejal por un viaje a Berlín invitado por la concesionaria de basura en el municipio.
Bien distinta era la conclusión del fiscal sobre la acusación de José Alberto González Reverón, que en la actualidad cumple condena de 4,5 años de inhabilitación para cargo público por la que tuvo que abandonar la Alcaldía de Arona en noviembre de 2012, aparte de los 17 años de inhabilitación por todo el caso Arona, pendiente de ser ratificada por el Supremo, junto a otros once condenados, entre politicos y técnicos, algunos de ellos, como son los casos de Félix Sierra, Eliseo de la Rosa y Roberto de Luis, con penas que le supondrán entrar en prisión. Para Serrano-Jover, “existían claros indicios de cohecho”, pese a que en los dos días de juicios no se llegó a hablar de los privilegios de los que disponía el regidor municipal de Arona desde 2003 en el hotel Sir Anthony, donde podía disfrutar de dos habitaciones a su nombre.
Sir Anthony
El exalcalde de Coalición Canaria aseguró en el juicio, en cuanto a las obras en el hotel Sir Anthony , que se hizo por el procedimiento reglado, algo que durante el juicio desmintieron los técnicos municipales, e incluso Rafael Estartús, representante del grupo Mare Nostrum, propietario del hotel, explicó que se solicitó licencia de obra menor con la intención de pedir después la licencia para obra mayor. La intención era realizar una reforma total del hotel, relatando que el alcalde tenía conocimiento de las intenciones del grupo hotelero. La inspección urbanística tuvo como resultado la multa de mayor cuantía de cuantas se han puesto en Arona, pero que posteriormente fue rebajada.
José Alberto González Reverón aseguró que nunca pretendió favorecer a Rafael Estartús y también afirmó que desconocía cuándo empezaron las obras en el hotel, algo que desmienten las grabaciones en donde se recoge los “favores” de Estartús al exalcalde con la disponibilidad de habitaciones sin pasar por la recepción.
Contratos a dedo
El tribunal también consideró probada la comisión de un delito de prevaricación continuada por parte de Antonio Sosa, a quien absolvió en los hechos vinculados al hotel Sir Anthony, por la contratación ilegal (a dedo) de cuatro personas en el área de Medio Ambiente que él dirigía, al igual que Urbanismo.
Según la sentencia, quedó demostrado que las incorporaciones, que se llevaron a cabo bajo la modalidad de contratos menores de servicios, superaron el año que establece la ley como límite para este tipo de contrataciones. Destaca el fallo que la selección se basó “pura y exclusivamente en que eran personas conocidas por Antonio Sosa”, que ni siquiera “comprobó sus currículos y titulaciones”. Los magistrados pusieron de relieve que la decisión fue “arbitraria y discrecional”, es decir, se utilizó una fórmula de prestación de servicios externa para colocar “de forma estable y continua” en el área de Medio Ambiente, bajo la excusa de la falta de personal, a cuatro personas afines al exconcejal.
Recoge la sentencia que Sosa tenía “conocimiento de la ilegalidad de su actuación”, como quedó demostrado, según la Audiencia Provincial, en una llamada telefónica en la que el exalcalde José Alberto González Reverón le indica “que los despida, que la situación es grave”.
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