Por M. S.
Se cumple el primer mes del inicio de los trabajos de demolición del polémico mamotreto de la playa de Las Teresitas y diez días desde que las máquinas excavadoras hicieron acto de presencia para hacer cumplir la orden judicial de derribo de este inmueble ilegal.
Harán falta otros dos meses más de trabajos, hasta principios de diciembre, aproximadamente, para que la estructura de hormigón desaparezca por completo de la cabecera de la playa santacrucera. Cuatro máquinas retroexcavadoras de la empresa adjudicataria, Joca Ingeniería y Construcciones, trabajan a diario en esa tarea. Apenas hay curiosos ni vecinos siguiendo el derribo del edificio a medio construir. Solo se detiene a mirar algún turista despistado, camino de la playa.
A finales del pasado agosto varios operarios de Joca Construcciones procedieron al vallado perimetral de lo que iba a ser la obra de demolición, cuyas labores se extenderán, al menos, entre dos y tres meses. La estimación era que arrancara a lo largo de septiembre, después de que la empresa adjudicataria terminara de gestionar los últimos papeles necesarios. El Consistorio capitalino aprobó el contrato para derribar el edificio de aparcamientos de Las Teresitas el pasado 26 de junio. Desde entonces, Joca Ingeniería y Construcciones ha venido realizando los trámites necesarios para cumplir con todo el proceso administrativo y proceder a ejecutar la demolición, que se realiza a cuenta del Ayuntamiento de Santa Cruz y por orden judicial.
El expediente de la demolición establece un importe de 423.999 euros por la realización de las obras y un plazo de ejecución de tres meses a partir del día siguiente a la firma del acta de comprobación de replanteo.
El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, recordó entonces que las actuaciones del Ayuntamiento han estado dirigidas “siempre al cumplimiento de la sentencia” y que durante la “compleja” tramitación del expediente administrativo se ha ido informando puntualmente al órgano judicial de todas las decisiones adoptadas. El regidor local siempre ha insistido en que su único objetivo ha sido el de cumplir con la ley. Precisamente, esta decisión le costó el cargo al que fuera concejal de Urbanismo, Carlos Garcinuño (PP), quien se opuso a su adjudicación. Garcinuño votó en contra, el único que lo hizo, y llegó a pedir a sus compañeros que no secundaran lo que, a su juicio, es una ilegalidad, aunque no existan informes que lo sustenten.
Esta decisión llevó al grupo de gobierno (CC-PP) a dar un ultimátum al concejal para que presentara su dimisión en las siguientes 24 horas. De no ser así, procedería a su cese. Transcurrido ese tiempo, el alcalde procedió a destituirlo y Zaida González (PP) asumió el área de Urbanismo.
En noviembre de 2014, la Audiencia Provincial confirmó la demolición total del edificio, salvo que hubiera planeamiento en vigor que permitiera su autorización. El Ayuntamiento intentó convencer al juzgado de que el Plan de Las Teresitas era ese instrumento, pero fue rechazada esa posibilidad. En estos casi tres años de litigios, el mamotreto le ha costado al Ayuntamiento de Santa Cruz cuatro exediles en prisión, tres técnicos y más de 10 millones de euros invertidos en el levantamiento del edificio. Lo paradójico es que, después de esta demolición, y tal y como contempla el Plan General, el aparcamiento podría ser construido de nuevo en Las Teresitas.
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