La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de La Laguna decretó hasta 165 resoluciones obviando los reparos de la Intervención municipal durante el último trimestre del año pasado, en lo que supone una media de 13 a la semana, una incuestionable plusmarca hasta para este Consistorio, que entre 2015 y 2016 ha procedido de idéntica manera en 416 ocasiones. Ello supone una media de cuatro decretos aprobados semanalmente a pesar de los reparos del interventor, en lo que se antoja una práctica sistemática por parte de dicho Ayuntamiento.
Entre esos 416 decretos se encuentran al menos siete prórrogas de contratos ya vencidos, lo que contraviene (según explica la Intervención) tanto la Ley de Contratos de Servicios Públicos como lo estipulado en los pliegos correspondientes, como ya ha informado DIARIO DE AVISOS. Esos siete casos suman poco más de 32 millones de euros, y a ellos se puede sumar el del llamado caso Grúas, que autorizó el entonces alcalde y hoy presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, basándose en el artículo 177.6 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Dicho precepto alude a que el levantamiento de estos reparos se puede llevar a cabo en caso de “calamidad pública o de naturaleza análoga de excepcional interés general”. En cuanto a los listados de reparos, el hecho de que superen los cuatro centenares en apenas dos años se debe fundamentalmente al pitufeo del pago de servicios que el concejal de XTF-NC Santiago Pérez achaca a “un mecanismo para el fraude de ley consistente en el fraccionamiento de los mismos para eludir los controles fijados en la legislación vigente y que pasan por límites de 18.000 euros en el caso de servicios o de 40.000 euros si se trata de obras”. A este respecto, en los listados de los decretos aprobados pese a los reparos de la Intervención que obran en poder de este periódico se detecta con claridad cómo se abona una, otra y otra vez más en innumerables ocasiones el mismo servicio a las mismas empresas, como por ejemplo ocurre hasta en el de acondicionamiento del Teatro Leal, abonado función a función.
Es de justicia añadir que en el listado también están los decretos sobre nóminas y complementos salariales a los que aludió Clavijo ante los micrófonos de Radio Nacional de España en su afán por disculpar lo reiterado de este procedimiento, cuando menos anómalo. Sin embargo, dada la referida cantidad de decretos con reparos levantados (416 en apenas dos años), los de las características mencionados por el hoy presidente autonómico resultan anecdóticos.
Es una medida anticorrupción aprobada por el Gobierno que preside Mariano Rajoy lo que permite conocer ahora hasta qué punto el Ayuntamiento de La Laguna practica por sistema el levantamiento de reparos, en vez de planificar mejor para evitar los vencimientos o contratar los servicios de forma conjunta y no fraccionada hasta el nivel descrito. La medida anticorrupción mencionada obliga a los ayuntamientos a informar, cada trimestre, de estas prácticas, y por ello se saben ahora los relacionados a 2015 y 2016. Otro dato preocupante es que si hace dos años fueron 160 los decretos aprobados obviando los reparos, el año pasado se elevaron hasta los 256, con especial recordatorio para el último trimestre de 2016, con un total de 165 que, por sí solo, supera todo el año anterior.
Para Santiago Pérez, en realidad nos hallamos ante dos caras del mismo fenómeno cuyo fin, presuntamente, es precisamente evitar los controles de legalidad establecidos para la contratación municipal. “Uno de ellos pasa por estas autorizaciones para continuar con contratos ya extinguidos, como si los volvieran a adjudicar, pero esta vez a dedo y no por concurso. El otro son los expedientes de reconocimientos extrajudiciales de crédito, con los cuales se contratan cientos y miles de veces al margen de lo legal, ya que no hay crédito presupuestario para ello. En ambos casos, estos actos administrativos son nulos de pleno derecho”, insiste el edil.
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