La jueza titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna ha planteado a las partes personadas en el llamado caso Grúas si eleva este asunto al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), tal y como figura en la documentación que obra en poder de DIARIO DE AVISOS. Tal decisión de la magistrada en cuestión fue manifestada en una providencia fechada el pasado 31 de octubre, y es consecuencia de un auto dictado por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que ordenó continuar la investigación judicial sobre presuntas irregularidades detectadas en el servicio municipal de las grúas laguneras durante la etapa como alcalde de Fernando Clavijo. El hecho de que hoy en día sea presidente del Gobierno de Canarias es lo que motiva la posible inhibición de este juzgado en favor del TSJC, que sería competente del caso, dada la condición de aforado de Clavijo. Mientras decide al respecto, la jueza lagunera ha citado a declarar a siete empresarios que entonces detentaron la concesión de grúas, en una cita que tendrá lugar el próximo martes día 21.
La Audiencia
Para entender las dos decisiones de la magistrada en cuestión, resulta ineludible partir del auto de la Audiencia Provincial santacrucera de 18 de octubre. En el mismo, el alto tribunal provincial admite un recurso presentado por las acusaciones particulares personadas contra el archivo decretado en un inicio. Con términos inusualmente contundentes, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial ordenó seguir investigado este caso, del que DIARIO DE AVISOS informa exhaustivamente a sus lectores desde el pasado mes de enero. Así, el auto en cuestión llega a proclamar que “examinadas las actuaciones, no hemos de compartir el criterio del Juzgado de Instrucción, por cuanto los hechos relatados en la denuncia presentada pudieran revestir caracteres de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y/o tráfico de influencias”.
Sobre las decisiones adoptadas por Clavijo que motivan estas diligencias judiciales, otro párrafo del auto de la Audiencia Provincial ilustra con nitidez a este respecto: “No cabe en este momento excluir que las resoluciones administrativas mencionadas, por las que levantaron los reparos formulados por la Intervención Municipal a la concesión de un préstamo de 120.000 euros a la entidad concesionaria del servicio público y a la prórroga del contrato, no atenten de forma patente y grosera contra la legalidad y la normativa vigente sobre contratos del sector público y haciendas locales que menciona en sus informes la Intervención Municipal”. Estas polémicas decisiones fueron adoptadas en los decretos 858/14, 1284/14 y 1125/14, dictados por el entonces alcalde Clavijo y el concejal Antonio Pérez Godiño, si bien este último es, en realidad, la base en la que se sustenta uno de los decretos firmados por Clavijo que levantaron los reparos del interventor sobre el préstamo de los 120.000 euros y la prórroga de la concesión no prevista en el contrato que otorgó este servicio.
El Juzgado
Así las cosas, la magistrada asume la orden dada por el tribunal superior (la Audiencia) y dicta la ya referida providencia del 31 de octubre pasado en que plantea su posible inhibición en favor del TSJC, dada la presencia de un aforado: Fernando Clavijo.
Como es preceptivo, la magistrada pide a las partes que se pronuncien al respecto, con el siguiente resultado. Mientras la Fiscalía considera precipitado adoptar automáticamente la inhibición en favor del TSJC, las dos acusaciones particulares personadas, que representan a los grupos municipales laguneros de Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC) y Unid@s se puede, consideran pertinente que el juzgado lagunero se inhiba de inmediato.
Dado que los argumentos de las acusaciones particulares consideran suficientes los razonamientos expuestos por la Audiencia Provincial que ya han sido expuestos, es menester detenerse en la argumentación del fiscal. Explica el representante del Ministerio Público que, como dispone el Tribunal Supremo, “debe efectuarse [la inhibición en favor del tribunal superior] cuando existen indicios de responsabilidad que presenten un mínimo de consistencia, no cuando se esté en presencia de meras sospechas y conjeturas”. Para la Fiscalía, no es que la jueza se equivoque si eleva el caso Grúas al TSJC, sino que “es necesario agotar la instrucción al objeto de determinar si existen elementos de convicción que sugieran una posible imputación, en cuyo caso procederá la inhibición en favor de la Sala de lo Penal” del TSJC.
Un dato que da buena idea del largo recorrido judicial que le queda al caso Grúas: la Fiscalía pide ya en su escrito que se catalogue este procedimiento como “complejo”, para así ampliar el período de instrucción a un plazo de 18 meses.
La citación
Mientras decide sobre la posible inhibición en favor del TSJC, la jueza lagunera ha dictado otra providencia, esta con fecha del pasado 10 de noviembre. En la misma, la magistrada cita a declarar a los siete empresarios que en las fechas que nos ocupa detentaron la concesión de grúas y que en el propio auto de la Audiencia se apunta a las posibles “vinculaciones personales” con Clavijo. La cita, el próximo martes.
Ascanio: “Buena noticia, pero hay que recabar más testimonios”
El portavoz de Unid@s se puede en La Laguna, Rubens Ascanio, valoró las novedades judiciales sobre el caso Grúas: “Nos parece una buena noticia que se recupere este caso grúas con el llamado a declarar de algunos de los implicados en este proceso, aunque creemos que los propietarios-trabajadores representan una pequeña parte de las implicaciones, más allá de sus vínculos personales con Fernando Clavijo, a los que se ha referido varias veces el anterior propietario de la empresa”, explicó.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas