Antonio Plasencia, Pedro Sicilia y José Enrique Morales, los tres empresarios condenados el 28 de enero de 2016 por un delito medio ambiental en los barrancos de Güímar, interpusieron la semana pasada un suplicatorio, tras el auto de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial por el que se concede una prórroga de un año para su ingreso en prisión, siempre que depositen la fianza, que asciende a 168 millones de euros (Plasencia, 66.422.000,46 euros; Morales, 62.936.683, y Sicilia, 39.064.475,65 euros).
Al no atenderse dicho recurso, los areneros tienen 10 días para afrontar tan millonaria fianza, ya sea con dinero o con avales inmobiliarios, y además un plazo de un año para presentar proyectos o planes de rehabilitación del daño medioambiental causado por sus canteras. Para el letrado de la acusación particular, Carlos Álvarez, este suplicatorio “no deja de ser una maniobra dilatoria, y si no hacen efectivo el pago en dos semanas, no podrán eludir ingresar en prisión, según comentó la semana pasada en Onda Tenerife. “El auto es inamovible y la única alternativa que tienen para eludir la entrada de prisión es que paguen”, comentó el abogado de los agricultores Jesús Segundo Jorge y Francisco Hernández, quienes en 2005 presentaron la denuncia que terminó finalmente con la sentencia del llamado caso Áridos, en el que, aparte de los tres empresarios citados, se encuentra también Francisco del Rosario, que cumple prisión de tres años tras no aceptar el acuerdo de culpabilidad que sí firmaron Plasencia, Sicilia y Morales, por el cual se les rebajó la pena a un año y tres meses de prisión, eso sí, mientras atendieran la rehabilitación del daño ecológico causado antes del 28 de enero de 2018, plazo ampliado un año más, pero con la obligación de depositar la fianza del coste que, según los peritos, costará la rehabilitación integral de las canteras. El quinto acusado, Fulgencio Díaz, falleció durante la instrucción judicial.
En la sentencia se describe cómo, al menos durante dos décadas, los empresarios realizaron las actividades extractivas sin licencia municipal de actividad minera; sin respetar los precintos establecidos a raíz de las primeras denuncias efectuadas a principio de este siglo, y sin atender, como marca la Ley de Minas de 1973, a la rehabilitación de los taludes de la cantera a medida que se iba extrayendo, dejando una huella de hoyos de más de 60 metros de profundidad.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas