“Si me inhabilitan por levantar reparos, crearían un precedente en España; levantar reparos es una potestad que le da la ley a los alcaldes y todos los de Güímar lo han hecho”, manifiesta Carmen Luisa Castro, que el próximo 1 de marzo tendrá que responder en sede judicial, en las diligencias previas abiertas por la denuncia en 2015 del portavoz socialista, Airam Puerta, por levantamiento de reparos de Secretaría e Intervención. Una denuncia que también fue ampliada por Ruymán Expósito, portavoz de Sí se puede en el Ayuntamiento güimarero.
Según la alcaldesa del Partido Popular, “esos reparos se refieren principalmente a la basura, más de un millón de euros Endesa y telefonía; ¿y qué hago, no recojo la basura ni pongo luz en el pueblo?”, comenta Castro, para añadir que la “denuncian por eso, pero no por reparos en Servicios Sociales o en personal”. A este respecto, recuerda que ha “tenido que sacar a licitación la papelería del Ayuntamiento y se ha adjudicado a una empresa de fuera. Ahora no podré dar de comer a las empresitas de Güímar”.
“El abogado lo pago de mi bolsillo; Yo no he robado, no me he llevado nada a mi casa que no sea mi sueldo”
Castro entiende que “el levantamiento de reparos se ha hecho toda la vida, y estos se justifican ante el Pleno y se elevan a la Audiencia de Cuentas”. Por otro lado, la alcaldesa afirma que “el abogado lo pago de mi bolsillo”, y remata diciendo: “Yo no he robado, no me he llevado nada a mi casa que no sea mi sueldo”.
“Estoy en Fiscalía desde que presenté la moción de censura a Rafael Yanes, en 2013 -recuerda Castro- y los que quieren que me inhabiliten tienen que esperar todavía un poco, porque aún estoy esperando a que me enchironen por haber rescatado el servicio de la piscina, como decía la oposición”.
Sobre los otros dos asuntos en las que está citada por el juez, la denuncia de un sindicato policial sobre los servicios de tres agentes de la Policía Local y los vertidos ilegales en el Polígono, Carmen Luisa Castro asevera que “la denuncia de la Policía también me cae a mí, pero en realidad es contra el concejal de Policía y por la que tienen que responder los tres agentes citados, mientras que la citación de los vertidos se debe a que han llamado a todos los alcaldes del Valle y a los concejales de Urbanismo”, sin darle más trascendencia al asunto.
En todo caso, Luisa Castro se enfrenta, al igual que el concejal Francisco Amador, a una posible condena por prevaricación, tráfico de influencias y malversación de fondos, al menos en el caso de los hechos denunciados por el sindicato policial Stap Canarias. En cuanto a los reparos, también tendrán que comparecer el exconcejal Sixto Alfonso (AxG) y Verónica Jorge (CC), actual edil de Servicios Municipales.
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