Tenerife Sur

El Polígono de Güímar, más cerca del cierre al no terminar con los vertidos

Tras la denuncia de Sí se puede e Izquierda Unida, el juzgado dio un plazo de nueve meses que se cumple hoy, pero sigue llegando agua sin depurar al mar; unos 3.000 puestos de trabajo corren peligro

El concejal de IUC Arafo Francis Hernández y los de Sí se puede Agustín Espinosa (Candelaria) y Lourdes Galindo (Güímar), al presentar la denuncia. DA
El concejal de IUC Arafo Francis Hernández y los de Sí se puede Agustín Espinosa (Candelaria) y Lourdes Galindo (Güímar), al presentar la denuncia. DA

El Polígono Industrial del Valle de Güímar se encuentra más cerca de su cierre, al cumplirse hoy el plazo de nueve meses que un juzgado otorgó el año pasado para que los responsables del mismo pusieran fin a los vertidos de agua sin depurar desde dicha instalación al mar. Así lo recordaron ayer los tres concejales de Sí se puede e Izquierda Unida Canaria (IUC) que en su día presentaron la denuncia que desembocó en el citado plazo para remediar semejante daño al medio ambiente. Son dichos ediles los primeros que ayer expresaron su preocupación por el posible cierre del Polígono, por cuanto peligran, en caso de decretarse la clausura, unos 3.000 puestos de trabajo existentes en las empresas que allí tienen su sede.

Tal y como recordó ayer a DIARIO DE AVISOS el concejal de Sí se puede en Candelaria Agustín Espinosa, “cumplido el plazo este martes, 13 de marzo, el tribunal solo va a poder tomar nota de las infracciones del Consejo Insular de Aguas, a pesar de que los ayuntamientos, responsables del polígono, han tenido unos cuantos años para abordar esta situación”.

Recuerda Espinosa que, ante la falta de iniciativa por parte de los Gobiernos locales afectados (Candelaria, Arafo y Güímar), “ya presentamos mociones en 2012 con el objetivo de que se pusieran manos a la obra, pero no lo han hecho y ahora escurren el bulto, miran para otro lado y despejan balones”, añadió.

Tanto Sí se puede de Candelaria como sus compañeros de Güímar e IUC de Arafo han advertido en reiteradas ocasiones de que estos vertidos son más peligrosos de lo que se piensa, por cuanto en los mismos se ha detectado la presencia de metales pesados. “Lo peor”, apunta Espinosa, es que “el incumplimiento de los plazos establecidos por el juzgado puede conducir a una medida que afecta a más de 3.000 personas empleadas en las empresas ubicadas en el polígono”. En consonancia, el concejal de IUC en Arafo Francis Hernández añadió que “no se puede jugar con los puestos de trabajo de la gente; hemos llegado a estas alturas en que el plazo se cumple mañana [hoy para el lector] y solo se ha hecho el listado de empresas y de los productos con los que contaminan”.

“Lo hemos advertido reiteradamente -apuntó a su vez la concejala de Sí se puede en Güímar Lourdes Galindo-, porque el vertido directo de aguas residuales procedentes de trabajo industrial es muy peligroso, tal como demuestra el resultado de las tomas analizadas, que indican que son necesarios procesos de depuración complejos y profundos, no básicos, como esperaban algunos responsables políticos”.

Sin embargo, “el Consejo Insular de Aguas de Tenerife lleva mucho tiempo mareando la perdiz; o sus responsables no entienden lo que tienen entre manos o están intentando desorientar a la ciudadanía”, dijo Agustín Espinosa, quien señala que la información que trasladó este organismo al juzgado, respecto a que la depuración se resolvería en nueve meses y que costaría un millón y medio de euros, era errónea, “ya que hay que contar con el plazo de licitación de la prestación del servicio y con los costes reales de una operación de depuración muy profunda, que se estima en unos seis millones”.

Finalmente, Galindo quiso recordar a la alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro, que “el emisario no es el que depura las aguas, solo el conducto por el que se ejecuta el vertido”, y se preguntó si “no sabe lo que es una depuradora y un emisario, o intenta engañar a la gente”.

Un plazo tan razonable como generoso que no se aprovechó

El juzgado dio nueve meses de plazo a los responsables del Polígono Industrial de Güímar para poner fin a los vertidos al mar de aguas sin depurar, lo que se valoró en su día como una decisión tan razonable como generosa, pero, transcurrido ese tiempo, el perjuicio medioambiental continúa sin que se le haya puesto remedio.