Por qué declara hoy como imputado el alcalde de La Laguna

El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz (Coalición Canaria), está citado por el Juzgado de Instrucción Número 2 de la Ciudad de los Adelantados a las diez de la mañana de hoy para que declare en calidad de imputado (ahora investigado) en el llamado caso Grúas. Estas son las causas que han motivado a la Justicia para que sea interrogado en sede judicial sobre los indicios delictivos detectados por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife acerca de la gestión de las grúas municipales laguneras cuando Díaz era el concejal del área competente, la de Seguridad, y el hoy presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, aún mantenía en su poder el bastón de mando que representa al alcalde.

La firma

Es lo único que no hizo José Alberto Díaz en el caso Grúas, porque no firmó ninguno de los tres decretos bajo sospecha. Dos de ellos los rubricó el entonces alcalde Clavijo y el tercero lleva la firma del portavoz y concejal de CC en el Ayuntamiento de La Laguna, Antonio Pérez Godiño. Precisamente, por esa firma, Pérez Godiño es el otro investigado por la causa que nos ocupa, a pesar de que el único motivo de que lo hiciera era porque José Alberto Díaz estaba de vacaciones aquel agosto de 2014. Así lo hizo saber el propio Pérez Godiño cuando declaró en el juzgado que “suplía a un compañero que estaba de vacaciones, concretamente, el actual alcalde José Alberto Díaz Domínguez”.

Una curiosidad. Si el entonces alcalde (Fernando Clavijo) no firmó los tres decretos fue porque se acordó, en una Junta de Gobierno donde votó el propio José Alberto Díaz, que sería él mismo quien, como concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, rubricaría el tercero de los decretos, el de la prórroga. Aunque esa Junta de Gobierno se celebró un mes antes de aprobarse el mismo, José Alberto Díaz ya no estaba para estampar la firma porque se había ido de vacaciones.

El préstamo

Es el interventor municipal lagunero quien puso reparos sobre dos actuaciones concretas del caso Grúas al entender que no se ajustan a la legalidad. La primera de ellas es el préstamo de 120.000 euros a una empresa que, por aquel entonces, estaba en manos de un grupo de empresarios quienes, en su gran mayoría, mantenían vínculos personales con Clavijo. A pesar de que condujeron a la concesionaria a una crisis económica y funcional gravísima, el Ayuntamiento no solo no rescató la concesión sino que, además, les prestó dinero. Fue precisamente José Alberto Díaz quien, siendo concejal de Seguridad, es el que “propone que se inicien las actuaciones necesarias para la adopción de acuerdo de concesión a la entidad Grúas Poli SL de un préstamo en dinero por importe de 120.000 euros”, tal y como se recoge en el folio 28 del tomo VII de las diligencias practicadas por el juzgado lagunero que investiga si lo acaecido se ajusta a la legalidad vigente.

La prórroga

La segunda actuación más controvertida, y sobre la cual también interpuso reparos la Intervención municipal al considerar que no era legal, fue la prórroga de la concesión administrativa en cuestión.

Nuevamente, es quien hoy declara como imputado, José Alberto Díaz, el que “informa favorablemente la prórroga, sin perjuicio de la normativa aplicable en materia de extinción de contratos”, tal y como figura en el folio 31 del tomo VII de las diligencias judiciales.

No deja de resultar curiosa la coletilla que alude a la normativa sobre extinción de contratos, ya que son justo esas leyes las que supuestamente se vulneran en el caso de la prórroga. Para ello hay que recordar que la concesionaria se encuentra, en el momento en el que se le renueva el contrato, incumpliendo gravemente el pliego de condiciones del mismo, lo que facultaba al Ayuntamiento a recuperar la concesión.

Para hacerse una idea, baste con recordar que, entre esos incumplimientos graves, figuran las deudas contraídas con la Seguridad Social, el impago de impuestos autonómicos o el simple hecho de que las grúas circulaban sin la preceptiva tarjeta de transporte, anomalía de la que tuvo que advertir oficialmente el Cabildo de Tenerife y que, como sabe cualquier lagunero, bien caro sale al conductor de a pie que se vea en tales circunstancias. De especial mención es el hecho de que los trabajadores no vinculados con el grupo afín a Clavijo dejaron de cobrar sus nóminas, en algún caso durante más de medio año. Además, cuando les concedieron el préstamo de 120.000 euros, solo les pagaron parte de lo adeudado, pero en realidad siguieron sin cobrar durante más tiempo aún que antes.

Los informes externos

Pero hay más datos que explican por qué hoy declara como imputado el alcalde de La Laguna. Cuando prestó testimonio en sede judicial el testigo Antonio Vera, que es uno de los técnicos municipales que tuvieron que hacerse cargo de la concesionaria durante unos meses ante el caos generado por los empresarios afines a Clavijo, dijo dos frases de interés para el caso.

Por una parte, que los informes de los dos juristas externos contratados por el Ayuntamiento para dar algún tipo de base legal a lo que el interventor municipal consideraba ilegal “cree que los pidió Seguridad Ciudadana”.

Por otra, aún de mayor interés, que tales informes se encargaron “ya que necesitaba contrastar, ya que el Interventor manifestaba que no era viable el préstamo (…) pero de alguna manera había que justificar y convencer que la concesión del préstamo era legal y viable”, así como justificar que era “legal y viable” la prórroga del contrato.

La reunión

Como se ha podido comprobar, es gracias a lo ya investigado por el Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna y, en su defecto, por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, por lo que se detecta con nitidez que, más allá de la obvia responsabilidad de Clavijo sobre lo sucedido al tratarse del alcalde, sin José Alberto Díaz no es posible seguir el transcurso de lo sucedido. Una prueba más de ello es lo que manifestó en sede judicial el propio interventor municipal, Gerardo Armas Davara, quien detalló que fue invitado a reunirse con los dos juristas externos a instancias de José Alberto Díaz, “para que explicara nuevamente el motivo de los reparos y preguntarle si tenía a bien mantener una reunión con los catedráticos, que por ello se reunió posteriormente con ellos”.

Hubo reunión, pero no bastó para que el interventor municipal cambiase su opinión acerca de que tanto la prórroga como el préstamo eran ilegales. Como tampoco bastó tal firmeza para evitar que sus reparos fueran obviados por Clavijo y Díaz.

La cita con la Justicia, a las diez de la mañana en La Laguna

El alcalde de La Laguna está citado a declarar a las diez de la mañana de hoy. Si, como es habitual entre quienes nada tienen que ocultar, responde a las preguntas de todas las partes, el interrogatorio se prolongará entre cuatro y cinco horas.