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Presentan otro proyecto para legalizar el Sunset con un nuevo marco jurídico

La nueva Ley del Suelo flexibiliza los usos y permite actividades complementarias como la restauración en suelo agrícola; el dueño del local se reúne por primera vez con el alcalde en cuatro años de litigio

El propietario del bar restaurante Sunset 290, ubicado en la zona de El Rincón, en La Orotava, anunció ayer que ha presentado otro proyecto para legalizar su establecimiento con un marco jurídico diferente, el de la nueva Ley del Suelo aprobada en septiembre de 2017 que flexibiliza los usos y permite actividades complementarias, como la restauración, en suelo agrícola.

Es la primera vez en casi cuatro años de litigio que Diego González Goya, ofreció su versión sobre un proceso judicial que se inició en 2014 y que tuvo como desencadenante el pasado viernes el precinto del local, por ejercer la actividad de restauración en un espacio natural protegido sin contar con las respectivas autorizaciones para ello.

Lo hizo acompañado de casi todos sus empleados, un representante de los propietarios de El Rincón y Jerónimo Pérez Bencomo, uno de sus abogados. En un marco natural incomparable, González calificó de “fraudulento” el Plan Especial que regula la zona, un documento que a su juicio “lleva torturando y manipulando a los vecinos durante 25 años” con el “beneplácito” del Ayuntamiento de La Orotava.

González contó que hace 13 ños, cuando adquirió la finca, propiedad que data de 1936, no había nada cultivado porque era de bancada, y en los primeros siete años se dedicó exclusivamente a la agricultura y a intentar rehabilitarla “sin ningún impacto medioambiental”, pese a la torreta eléctrica que se ubica sobre la misma. En la actualidad, tal y como establece la nueva normativa, un 92% se destina a la agricultura y el 8% restante a la restauración, como consta en los documentos jurídicos presentados en el Consistorio.

Informe destructor

Pese a su esfuerzos, el informe emitido por el Ayuntamiento es “prácticamente destructor y cuando le llega a la jueza lo primero que dice es que hay que precintar y tenemos que gastar mucho dinero para demostrar que no es así”, afirmó González. Todo ello, pese a que el local ha sido reconocido en medios de comunicación internacionales o por instituciones como la patronal hotelera Ashotel.

En todo este tiempo, no ha conseguido hablar con el alcalde, Francisco Linares, para llegar a un entendimiento y legalizar su negocio aunque confió en hacerlo en los próximos días porque finalmente se reunirá con él.

Consultado acerca de por qué la actividad no se paralizó en sus comienzos, hace seis años, Diego González contestó: “Durante los dos primeros años llevaban el Ayuntamiento otros funcionarios, otro alcalde, y todo el procedimiento y toda la documentación necesaria que se aportaba, era viable”, aunque admitió que el concejal de Ordenación del Territorio, es el mismo, Narciso Pérez.

En este sentido, recordó que la primera sentencia fue favorable al Sunset. “Pero a partir de que se cambió el equipo de gobierno, ya no hay contacto ni comunicación”. No obstante, aclaró que su labor “no es ni será ninguna lucha política sino trabajar en la cocina y defender los 21 puestos de trabajo de sus empleados”.

Jerónimo Pérez Bencomo anunció que también se ha presentado un recurso contencioso administrativo contra el cierre basado en un artículo de la nueva ley para solicitar el levantamiento de la medida en tanto y en cuanto se sustancia ese recurso. Es decir, que se mantenga la actividad hasta el pronunciamiento judicial.

Otra vía jurídica posible es la relativa a la vigencia del Plan Especial de El Rincón y la posibilidad de que este documento sea nulo de pleno derecho. Ninguna de estas opciones está descartada ya que el objetivo de Diego González Goya y su abogado es que la situación se encauce y que el establecimiento pueda obtener la licencia para reabrir sus puertas.

Un “desembarco de Normandía innecesario e intimidatorio”

González confesó su sorpresa al ver el viernes pasado “un desembarco de Normandía” en el Sunset, un acto “intimidatorio” en el que intervinieron unos 20 agentes de la Policía Local y la Guardia Civil con porras y chalecos antibalas incluidos, además de un esfuerzo “innecesario” por parte de un funcionario para intentar precintar “absolutamente todo”, incluida su vivienda, pese a que el día anterior había dado de baja la actividad.

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