Las estadísticas del Consejo del Poder Judicial ponían de manifiesto este jueves que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, durante el primer trimestre de 2018, se practicaron cinco
desahucios al día hasta llegar a un total de 454. Las ejecuciones hipotecarias fueron 171, por impagos de alquileres se ejecutaron 257 y por otros motivos, 26. Detrás de estas cifras hay nombres, vidas, historias o rostros como el de Tamara González y Carlos Rojas, dos vecinos de Santa Cruz que, lamentablemente, engrosarán estas estadísticas en el próximo trimestre. Tamara tiene tres hijos y una orden de lanzamiento que ayer logró aplazar, pero solo por unos días. DIARIO DE AVISOS fue testigo de ese momento lleno de tensión y emotividad. El juzgado no consideró suficientes sus esfuerzos por encontrar un alquiler al que acogerse ni los informes de los Servicios Sociales de Santa Cruz, redactados ayer mismo ante la exigencia de la jueza.
“Me han dicho que ya no hay más aplazamientos y que la próxima semana procederán al desahucio”, explicaba una Tamara decepcionada, después de la ventana de esperanza que abrió el el juzgado al darle unas horas para reunir la documentación exigida. Ocupa un piso propiedad de Bankia en Ofra. La jueza finalmente decidió mantener el desahucio porque, le dijo, rechazó una alternativa habitacional, así que no habrá más aplazamientos. Este es el tercer intento del banco para que deje la vivienda. “No se de dónde han sacado que yo he rechazado una alternativa”, afirmó Tamara, quien sospecha que fue el propio Ayuntamiento el que informó sobre un rechazo a una oferta que ella niega que se haya producido.
Mientras Tamara conseguía unas horas en el juzgado, los cerrajeros enviados por el banco esperaban pacientes a la puerta del edificio. Los restantes vecinos del inmueble (también okupas) les indicaron que no iban a dejarlos pasar. Esperaron a que alguien les confirmara que se aplazaba. Supieron por sus jefes, antes incluso que Tamara, que no habría desahucio. Se subieron al furgón y se marcharon.
En septiembre del año pasado, Tamara irrumpió en el Pleno de Santa Cruz para denunciar su caso. El alcalde, José Manuel Bermúdez, la ayudó entonces enviando una carta a Bankia para que paralizara el lanzamiento. El pasado mes de mayo se enfrentó a una nueva orden, el banco no se presentó y se anuló. Ayer solo consiguió unos días. “Me pasaré el fin de semana intentando encontrar un alquiler ,aunque tenga que buscar yo los fiadores y los avales”, decía Tamara tras conocer la decisión del juzgado. Y es que, aunque lleva semanas buscando piso, los arrendamientos no bajan de 600 euros “y cuando dices que el avalista es el Ayuntamiento, los propietarios se echan para atrás”. “Trabajo como comercial -continuó-, pero no tengo nómina, por eso me resulta tan difícil conseguir un alquiler”. “No le deseo a nadie verse en esta situación”, se lamentó la joven para, a continuación, lanzar un mensaje al Ayuntamiento: “No me voy a callar. Si creen que el hecho de que me vaya de alquiler o a otro sitio va a hacer que me calle, están muy equivocados. Voy a seguir denunciando esa situación que sufrimos miles de personas”, alegó ya con más rabia que pena.
El caso de carlos
El otro rostro de este goteo de la vergüenza es Carlos Rojas. Este vecino del barrio de La Salud se acercó ayer a DIARIO DE AVISOS a contar que tiene orden de lanzamiento para el próximo día 13 por impago de alquiler. Con 54 años, sin ingresos, y con tres personas a su cargo que tienen una discapacidad del 65%, está desesperado. “En los servicios sociales han tardado en atenderme cuatro meses. Ahora me han gestionado las ayudas sociales, pero el problema que tengo es que me echan de mi casa con mis niños”, cuenta casi llorando. Y es que sus niños, como él dice, tienen 50, 33 y 20 años, todos con un alto grado de discapacidad, de los que él se ha hecho cargo a pesar de que no son sus hijos. Sabe lo que es el abandono porque se crió en la Casa Cuna y no está dispuesto a separarse de la que ahora es su familia. Las pensiones por discapacidad que ingresan “los niños” es el único dinero que entra en la casa y con él solo cubren sus necesidades. En su caso, parece que la solución es algo más rápida, aunque no definitiva. “Se deben 700 euros que si se pagan se paraliza el desahucio”, cuenta. Pero, aunque se haga el pago, “me tendré que ir del piso”. Pide ayuda para encontrar un sitio en el que vivir con dignidad, con sus niños, a los que no piensa abandonar, pero, sobre todo, lo que pide es “un trabajo”.
Falta de vivienda
Desde la oposición municipal, ayer los grupos quisieron dar su visión del problema, que todos resumen como una clara y evidente falta de vivienda pública en la capital. El portavoz del PSOE, José Ángel Martín, recuerda que “el Ayuntamiento no puede permitir un desahucio con menores sin proporcionar una alternativa habitacional”. Martín añade que “el Ayuntamiento tampoco tiene una política de vivienda adaptada a la realidad del mercado en Santa Cruz. No hay una apuesta por alquileres sociales ni promociones de vivienda pública”.
Desde Sí se puede, la concejal Asunción Frías coincide en esa visión. “Hay viviendas ocupadas porque no hay suficientes pisos sociales para un amplio sector de la población que no tiene recursos para acceder al mercado privado”. Para Frías, “el Ayuntamiento y otras administraciones públicas son corresponsables de esta situación porque no han destinado presupuesto a la vivienda pública”.
En Cs, Evelyn Alonso acusa al Ayuntamiento de no haber hecho nada para buscar una solución a Tamara González en un año. “No hay ninguna solución municipal a situaciones tan graves y de máxima urgencia. Las ayudas llegan tarde y mal, cuando ya no hay solución”, afirma. Añade que “no podemos normalizar la ocupación para suplir las deficiencias de las administraciones públicas”.
En el caso de IU, su portavoz, Ramón Trujillo, aboga por que el Ayuntamiento garantice viviendas “con carácter indefinido, de manera prioritaria, a madres con menores a cargo”. “Uno de los problemas que tenemos es que las ayudas al alquiler son muy limitadas en el tiempo, generan inseguridad, a veces se retrasan y, además, hay personas que observan que se van a empobrecer aún más cuando el alquiler sube más rápido que la ayuda que reciben”.
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