Más de 200 gomeros fueron vendidos como esclavos tras la cruenta represión a sangre y horca con que se sofocó la rebelión en la isla en 1488 y esto, paradójicamente, obligó a los Reyes Católicos a ordenar que se investigase su paradero y liberarlos, pues no podía esclavizarse a quien había sido bautizado.
La desafección de los gomeros hacia los señores castellanos fue el germen de un número indeterminado de conflictos entre ambas partes cuya constancia documental en la actualidad resulta escasa, indica a EFE el investigador Antonio M. López, promotor del Proyecto Tarha para divulgar la historia antigua de Canarias.
El principal de estos conflictos ocurrió en noviembre de 1488, cuando un hombre vestido de mujer cayó asesinado en las cercanías de una cueva: Fernán Peraza el Joven, señor castellano de la isla e hijo favorito de doña Inés Peraza. Fue su verdugo Pedro Hautacuperche, pastor gomero que apacentaba su rebaño frente al roque Agando.
La muerte del mandatario castellano recibió como respuesta una de las más cruentas represalias llevadas a término en el archipiélago.
El desafecto hacia Fernán Peraza el Joven venía de antes, de cuando en 1477 hizo desembarcar a las tripulaciones de unas carabelas procedentes de Palos y Moguer que se dedicaron impunemente a apresar a más de un centenar de gomeros de ambos sexos para venderlos en los mercados esclavistas de esas poblaciones y el resto sufrió la deportación hacia otras islas.
La acción fue denunciada por Don Juan de Frías, obispo de Rubicón, quien alegó que los detenidos eran fieles cristianos que cumplían con sus obligaciones como tales y, por tanto, no podían legítimamente ser condenados a la esclavitud.
El caso planteaba un grave problema de orden social si no se atajaba a tiempo: la segunda Partida castellana estipulaba que solo eran susceptibles de esclavitud aquellos que caen en poder “de hombres de otra creencia”, explica Antonio M. López.
Para no sentar un precedente de consecuencias “indudablemente nefastas” los Reyes Católicos ordenaron a sus juristas investigar el caso, y éstos, dando la razón al prelado y condenando a los seis responsables de las carabelas a pagar las costas del proceso, mandaron la búsqueda e inmediata puesta en libertad de los cautivos, muchos de los cuales regresaron al Archipiélago a bordo de la armada enviada a conquistar Gran Canaria en 1478.
Tras acabar con la vida del señor castellano de La Gomera, los alzados trataron de tomar la torre de San Sebastián -conocida hoy día como Torre del Conde, la fortaleza medieval europea más meridional de las que se conservan y refugio de la viuda, Beatriz de Bobadilla, y de sus dos hijos pequeños, Guillén Peraza de Ayala -futuro primer conde de La Gomera- e Inés de Herrera.
Entonces Beatriz de Bobadilla hizo llamar a Pedro de Vera, gobernador de Gran Canaria, para que acudiese en su ayuda aunque también los Reyes Católicos expidieron dos cartas simultáneamente dirigidas al capitán jerezano.
Así Pedro de Vera desembarcó en La Gomera al frente de 400 hombres y ordenó la ejecución inmediata de todos los varones gomeros mayores de quince años, mientras que otros fueron deportados a otras islas y, en el caso de Lanzarote, se cree que fueron presos de la ira de doña Inés Peraza, quien ordenó echarlos al mar.
Insatisfechos con la matanza, Pedro de Vera y Beatriz de Bobadilla vendieron a todas las mujeres y a los menores de quince años pertenecientes a los bandos acusados del magnicidio.
Los Reyes Católicos aprobaron la drástica medida inicialmente, de lo que da prueba una carta que el rey Fernando envió al gobernador de Ibiza autorizando la venta de 91 cautivos.
Pero alguien -quizás el sucesor de Frías, Fray Miguel López de la Serna- denunció este tráfico ilegal de seres humanos y los Reyes Católicos ordenaron a los obispos de Málaga y Canaria investigar el paradero de los cautivos y proceder a su liberación inmediata.
Para hacer frente a las previsibles reclamaciones económicas por parte de los compradores de los esclavos a liberar se ordenó a Pedro de Vera y a Beatriz de Bobadilla depositar una fianza por importe de 500.000 maravedís cada uno, con garantía adicional en sus bienes personales.
El gobernador obedeció, no sin cierta protesta, pero Bobadilla se negó a desembolsar el monto sin antes defenderse ante el Consejo de Castilla.
Así lo hizo, argumentando en su favor que la venta de los gomeros había sido legítima, pues estos no se conducían como verdaderos cristianos y, tras quebrantar pactos celebrados con Fernán Peraza, habían conspirado para matar al matrimonio señorial y a sus hijos.
La liberación de los cautivos, que seguramente quedó inconclusa, se llevó a cabo mediante una larga y dificultosa investigación policial para localizar a las víctimas, reclamar a los compradores el “ahorramiento” de los esclavos y restituirles su inversión económica.
“Sabemos que la duración de las pesquisas, aunque llevadas a cabo en su mayor parte en el trienio 1490-1492 alcanzó al menos hasta 1502, conllevando la apertura de una notable cantidad de expedientes como podemos comprobar mediante una simple búsqueda en los registros del Archivo General de Simancas a través del portal Pares, lo que da cuenta de la importancia política que la Corona de Castilla otorgó al caso”, indica López.
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