la laguna

Clavijo y Alonso salen al rescate de la gestión de Díaz en Las Chumberas

A la espera de que Fomento dé el visto bueno a rubricar un nuevo convenio que desbloquee los 12 millones aportados por el Estado, las tres administraciones canarias adelantarán esos fondos
Más de 200 vecinos afectados por la aluminosis en sus viviendas de Las Chumberas acudieron a la asamblea celebrada anoche. De espaldas, el alcalde, José Alberto Díaz (CC). Fran Pallero
Más de 200 vecinos afectados por la aluminosis en sus viviendas de Las Chumberas acudieron a la asamblea celebrada anoche. De espaldas, el alcalde, José Alberto Díaz (CC). Fran Pallero
Más de 200 vecinos afectados por la aluminosis en sus viviendas de Las Chumberas acudieron a la asamblea celebrada anoche. De espaldas, el alcalde, José Alberto Díaz (CC). Fran Pallero

El Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de La Laguna rubricarán, junto al Cabildo de Tenerife, un convenio para Las Chumberas la próxima semana, para adelantarle el dinero al Consistorio lagunero y así no detener los procesos de expropiación y demolición de las viviendas, hasta que el Ministerio de Fomento dé el visto bueno a que los 12 millones de euros aportados por el Estado se puedan usar, tras el vencimiento del acuerdo entre las cuatro administraciones el pasado 31 de diciembre. Así lo aseguró ayer el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz (CC), en la asamblea con los vecinos de los bloques con aluminosis de Las Chumberas que se celebró anoche en el Centro Ciudadano del populoso barrio lagunero. Por si quedaba alguna duda del “logro” de Díaz en la reunión con sus compañeros nacionalistas en Presidencia del Gobierno, el técnico de la empresa pública de vivienda del Ayuntamiento de Aguere (Muvisa) Silvestre Suárez lo repitió, no fuera que hubiese algún vecino despistado.

A pesar de que el alcalde solo tenía el visto bueno del Ejecutivo regional y la palabra del presidente Clavijo, después de la citada cumbre nacionalista del jueves, DIARIO DE AVISOS se puso en contacto con el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso (CC), quien confirmó que “nos sumaremos a la estrategia que las administraciones canarias definan para proteger a los vecinos de Las Chumberas. Ese es el compromiso adquirido ayer [por el jueves] en la reunión. En ningún caso los vecinos quedarán desamparados y en eso el Cabildo se sumará”, concluyó.

Sin embargo, la directora insular de Vivienda del Cabildo de Tenerife, Marta Arocha (PSOE), remarcó que “Coalición Canaria no puede seguir engañando a los vecinos de Las Chumberas. Han tenido dinero en 2011, se volvió a ingresar en 2015 y en 2016. No es un problema de dinero, sino de gestión. Que dejen de excusarse en el Ministerio Fomento y hagan su trabajo”. Según Arocha, “desde el Área de Vivienda del Cabildo no vamos a entrar en su juego de mentir a los vecinos, nosotros seguimos trabajando con el Ministerio para conseguir un convenio que salve el desaguisado que el Ayuntamiento ha creado, por su falta de rigor y cada vez estamos más cerca de conseguirlo”. En cuanto a de dónde detraerá la partida presupuestaria el Gobierno de Canarias para Las Chumberas, en torno a 17 millones de euros, según avanzó el ténico de Muvisa Silvestre Suárez en la asamblea con los vecinos, Arocha insistió en que “desde el área de Vivienda trabajaremos de forma rigurosa para cumplir la ley, como no puede ser de otra manera”, concluyó.

Asamblea

En torno a 200 personas acudieron en la noche de ayer a la asamblea de Las Chumberas en la que el principal mensaje lo lanzaron el alcalde nacionalista, José Alberto Díaz, y el técnico de Muvisa Silvestre Suárez -quien en alguna ocasión se dirigió a algún vecino crítico con la gestión municipal de manera bastante vehemente- al asegurar que los fondos estaban garantizados.

Entre las preguntas de los vecinos que tomaron la palabra, varios insistieron en la tasación por parte de los técnicos municipales, que cifraban la valía de cada uno de los pisos en 17.000 euros. Alguno de ellos, pidió una tasación externa a la realizada por el Ayuntamiento lagunero.
Otro de los aspectos coincidentes entre los asistentes radicó en mantener la propiedad de las viviendas si eran poseedores de otro piso. El alcalde sostuvo que ni contar con una segunda vivienda ni el criterio de la renta serán tomados en cuenta para recibir la nueva vivienda.

Hay que destacar que, a pesar de la tensión y algún momento puntual de desesperación, la reunión se pudo desarrollar sin incidentes, aunque es cierto que varios vecinos lamentaron que han tenido demasiada paciencia hasta ahora y que la última promesa de Díaz era que las obras comenzarían en el pasado diciembre, compromiso, como es lógico, que no ha cumplido el alcalde lagunero. Alguno sí le recriminó, por qué no había acudido antes a Madrid a presionar al Ministerio de Fomento para prorrogar el convenio que expiró el pasado 31.

No obstante, Díaz no recriminó, al menos, delante de todos los vecinos, la actuación de ninguna de las administraciones que han rubricado los convenios para la reposición de las vivienda e insistió en varias ocasiones que el pago de los alquileres no corría peligro.

Junta de portavoces

También en la jornada de ayer se vivió una junta municipal de portavoces a la que acudieron el propio alcalde nacionalista, José Alberto Díaz; el portavoz de Unid@s Se Puede, Rubens Ascanio; la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Mónica Martín, y la portavoz de Ciudadanos (Cs), Teresa Berástegui, para abordar, principalmente, la situación de Las Chumberas tras expirar el convenio con el Ministerio de Fomento el día 31 y conocer si los fondos para la demolición y reurbanización habían sido utilizados solo para la problemática vecinal para los que fueron remitidos al Consistorio.

Ascanio aseguró a DIARIO DE AVISOS que “planteamos la petición de, a raíz de la información publicada por su periódico, celebrar una reunión informativa en Muvisa para clarificar el destino de los 25 millones de euros pagados para Las Chumberas. José Alberto Díaz se negó en redondo a dar esa información, con lo que vamos a solicitar por escrito el acceso a las certificaciones donde consten las cantidades que están en las cuentas de Muvisa a 31 de diciembre de 2018”.

Por su parte, la portavoz del grupo municipal socialista, Mónica Martín insistió en que “los grupos municipales y los vecinos tenemos derecho a tener toda la información sobre este expediente y las actuaciones realizadas y por realizar. No hay que dar pie a guerras políticas, lo importante es buscar la fórmula para resolver el problema administrativo, ejecutar la obra de una vez y justificar debidamente el dinero”.

Mientras, a pesar de no haber podido acudir a la citada junta, el concejal de XTF-NC Santiago Pérez presentó ayer una moción por registro de entrada en la que, solicitará, según precisó a este periódico, “avocar las delegaciones efectuadas a la empresa Muvisa y disponer que la tramitación de estos Expedientes sea llevada a cabo directamente por los Servicios de la Administración municipal, que deberá informar al Pleno sobre el estado actual de dichos expedientes, que deberán serles remitidos de inmediato por Muvisa”. Tal y como enfatizó el portavoz de XTF-NC, “el pleno del Ayuntamiento, dada la importancia de los expedientes de los convenios con las Administraciones estatal, autonómica e insular para la demolición y reposición de las viviendas de Las Chumberas, así como las actuaciones de reurbanización, requieren informes de legalidad que deben ser emitidos por la Secretaría General del Pleno y por la Intervención General”, y de ahí la moción presentada, muy en la línea de la defendida por la directora insular de Vivienda del Cabildo de Tenerife, la socialista, Marta Arocha.

Fomento insiste en justificar los fondos y en rubricar
otro convenio

A pesar de las intenciones de las Administraciones canarias de adelantar una partida con la que ya cuenta el Ayuntamiento en sus arcas, el Ministerio de Fomento sigue trabajando en el encaje legal del próximo convenio que tengan que rubricar todas las administraciones. Desde Madrid se insiste en que el Ayuntamiento debe justificar los fondos y, a partir de ahí, firmar un nuevo convenio, en el que se precisen los plazos exactos para llevarlo a cabo. Hay que recordar que el primer convenio entre las cuatro administraciones se alcanzó el 18 de noviembre de 2011. Han pasado casi 8 años y todavía no se ha movido una piedra n

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