El Gobierno local se desmorona

Dos reprobaciones, una a su persona por fichar a un “tránsfuga” ante el riesgo inminente de una moción de censura con toda la oposición unida, y otra al concejal de Recursos Humanos, Domingo Castillo; una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife por parte del PSOE por negarle información, y la renuncia de tres concejales de su grupo de gobierno (CC). Ese es el balance del Ejecutivo de Tacoronte casi al finalizar el mandato, sumado a la pérdida de seis interventores en los casi ocho años que Álvaro Dávila lleva como alcalde.

No son tiempos fáciles para el regidor nacionalista que en 2011-2015 superó una moción de censura interpuesta por PP y PSOE; una denuncia de la portavoz del PP, Teresa Barroso, por presuntas irregularidades administrativas, apoyada por una exinterventora, y la renuncia del concejal del PNC Andrés Ramos.

Las relaciones son, desde el inicio, complicadas dentro del grupo de gobierno y también con los miembros de la oposición, con quienes no ha conseguido en cuatro años llegar a un consenso en cuestiones claves para un Consistorio como la aprobación de los Presupuestos.

Seis meses después de comenzar el nuevo curso político, dimitió el primer integrante de su equipo, Ernesto Arvelo. Fue el 4 de diciembre de 2015 y, según argumentó en su despedida, fue por motivos familiares y de trabajo.

Arvelo ocupó el puesto número tres en la candidatura de CC-PNC en Tacoronte, se convirtió en el portavoz de los nacionalistas y concejal de Cultura y Fiestas. Licenciado en Derecho y abogado, además de un máster en Dirección de Empresas, entró en febrero de 2014 al Ayuntamiento tras la renuncia del concejal del PNC Andrés Ramos y se ocupó del área de Fiestas, Contratación Administrativa de Suministros y Servicios. Sigue afiliado a CC y fue secretario del comité local.

La segunda en hacerlo fue Virginia Bacallado, que renunció en octubre de 2018. En su caso, fue la segunda de la lista en las elecciones municipales de 2015 y, por último, el pasado jueves, Olga Sánchez. Ambas tienen un perfil similar, son jóvenes, profesionales y reivindicativas.

Les une una amistad, la lucha por un futuro mejor para su municipio y haber sido compañeras de filas en el Ayuntamiento durante más de tres años, pero también sus discrepancias con Dávila, a quien, coinciden, “no le gusta que le lleven la contraria”.

Bacallado era, además, la candidata de futuro de CC a la Alcaldía de Tacoronte en las próximas elecciones. Nadie sabe por qué, todo cambió de repente. Sus diferencias dejaron de ser un rumor y se convirtieron en un hecho cuando el mandatario reestructuró el organigrama municipal faltando menos de un año para culminar el mandato y le quitó las competencias de Cultura, Educación, Turismo y Juventud; le otorgó las de Hacienda, que hasta el momento eran de su responsabilidad, y la mantuvo en Servicios Sociales. Una decisión cuestionada porque, según confirmaron ambas después, se enteraron por la prensa de los cambios, pese a que Dávila negó que estos estuvieran motivados por discrepancias internas en el Gobierno local. “Cambié horas de oficina por horas de familia”, declaró a este periódico a finales de marzo de 2018.

Virginia confesó que “aguantó” más de tres años en este Gobierno porque creyó que desde dentro podía cambiar las cosas. Sin embargo, no fue así. En octubre dimitió de su cargo y, a finales del pasado mes de noviembre, del que tenía como secretaria de Igualdad en la Ejecutiva insular de CC, y se marchó del partido. Su compañera Olga Sánchez no tardó en secundarla. Se encontraba de baja por un problema en la rodilla cuando Bacallado expuso ante el Pleno las razones de su renuncia, pero fue a apoyarla.

“Me voy porque mis prioridades no son las mismas que las del alcalde”, dijo Bacallado el día de su adiós, arropada por cientos de vecinos que la agasajaron con carteles de apoyo, discursos, abrazos y ramos de flores.

Por parte de Álvaro Dávila solo recibió duras palabras. “Es una pena que ni el día de su despedida tenga la más mínima elegancia”, le espetó, al tiempo que le reprochó haberle dado “toda la ayuda para que llegara a algo en política”.

La estrategia del líder nacionalista el jueves pasado con la renuncia de Olga Sánchez fue diferente. Solo se limitó a desearle buena suerte en lo personal y a agradecerle los servicios prestados, pese a que la edil lo acusó de “burlarse” de su dolencia, “maltratar la dignidad de la mujer”, ser atacada por miembros de su propio equipo por haber apoyado a su compañera, “defender a los trabajadores y creer en la participación ciudadana”.

En Tacoronte se ha desatado una tormenta política sin precedentes en el que la gobernabilidad está afectada. Un Ayuntamiento que se encuentra fracturado, con seis fuerzas políticas representadas (CC, PP, PSOE, XTacoronte, Sí se puede y Nueva Canarias), un concejal no adscrito y un Gobierno minoritario que, lejos de intentar alcanzar cualquier consenso, actúa como si tuviese mayoría absoluta, pese a que sigue en el poder gracias a un tránsfuga.

Además de cuestiones políticas, Álvaro Dávila tiene varios frentes abiertos que, de seguir por el mismo camino, no parece que se vayan a cerrar en los próximos cinco meses, como el conflicto con los empleados públicos, tanto laborales como funcionarios, que lo culpan de falta de negociación, y con la Policía local, que le achaca el incumplir sus compromisos.

Su gestión, se mire como se mire, está siendo duramente cuestionada. Quizás más por las formas que por el fondo, aunque todavía hay quienes piensan que nada es por su culpa y lo eximen de toda responsabilidad.

Álvaro Dávila se encuentra en una encrucijada que en mayo de este año puede pasarle una importante factura a CC y al Ayuntamiento, porque quien aterrice en la Alcaldía a partir de ese momento tendrá la compleja tarea de volver a algo parecido a la normalidad. Y en el caso de ser él, al repetir como candidato, las cosas no resultarán nada fáciles.

Aunque, como dijo Murphy en una de sus leyes, “nada es nunca tan malo como para que no pueda empeorar”.

La moción de censura fue legal y no debió anularse en 2013

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias confirmó en abril de 2018 que la moción de censura que presentó el PP y los concejales rebeldes del PSOE contra Dávila el 22 de octubre de 2013 fue legal y no debió anularse judicialmente, como ocurrió en diciembre de 2013.