El concejal de XTF-NC en La Laguna Santiago Pérez ha presentado una denuncia en el Juzgado de Instrucción por la actuación del alcalde, José Alberto Díaz (CC), y la secretaria general del Ayuntamiento de Aguere, Ana Begoña Merino, acerca de la Junta General de Muvisa, durante la cual impidieron que se cambiara el Consejo de Administración y pudieron cometer, según el edil opositor, prevaricación administrativa y un delito societario.
Santiago Pérez explicó ayer que “la Presidencia y el control del Consejo de Administración de la empresa municipal de viviendas (Muvisa) está permitiendo al alcalde negarse reiteradamente a facilitar a los grupos políticos del Ayuntamiento la documentación justificativa de la aplicación dada a los más de 25 millones de euros aportados por las Administraciones estatal, autonómica e insular para la demolición y reposición de las viviendas de Las Chumberas afectadas por aluminosis”. Es precisamente esta negativa de la Alcaldía, sustrayéndose a la función de control y fiscalización, la que está en el origen de la propuesta de destitución del Consejo de Administración que se hizo en la Junta. La Junta General es el órgano supremo de Muvisa y está integrada por el pleno del Ayuntamiento La Laguna cuando se constituya expresamente con tal carácter.
Hay que recordar que el Pleno acordó el pasado 10 de enero, a propuesta de la cuarta parte de sus miembros y previa declaración de urgencia y modificación del orden del día adoptada por unanimidad, constituirse en Junta General. El artículo 18 de los estatutos de Muvisa dice que los miembros del Consejo de Administración “podrán ser separados libremente y en cualquier momento por la Junta General, incluso aunque no figure en el orden del día de la misma tal separación”, aseguró Santiago Pérez.
Además, el portavoz de XTF-NC precisó que “se formuló propuesta de destituir a todos los miembros del Consejo de Administración y nombrar un nuevo consejo. Dicha propuesta contaba con el apoyo expreso de la mayoría absoluta del Pleno y, por tanto, de la Junta General de Muvisa”, recordó Santiago Pérez en su denuncia.
Sin embargo, “la reacción del alcalde nacionalista, que ostenta la presidencia de la Junta General, temeroso de que la propuesta formulada pudiera suponer la destitución del Consejo de Administración, incluso la del propio alcalde como presidente del mismo, fue la de impedir la votación de las propuestas efectuadas prevaliéndose de su condición de presidente de la Junta General, arrogándose indebidamente las atribuciones de la Alcaldía”.
“El pretexto que utilizó -continúa Pérez-, ejerciendo ilegalmente al efecto la condición y la autoridad de la Alcaldía, fueron algunas manifestaciones de la secretaria general de que no me era posible establecer en el acto la legalidad de la propuesta de destitución y el nombramiento del Consejo de Administración que están reguladas en términos inequívocos en los estatutos sociales de la entidad mercantil”, concluyó.
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