Solo la confirmación de las grietas que está produciendo en el grupo de gobierno (tanto en PP como CC) las declaraciones del asesor de la alcaldesa -Víctor González- rompieron ayer tarde la monotonía de un pleno cansino en Güímar, aunque también fueron novedosas las palabras del edil Urbanismo hacia el Cabildo, para explicar algunos retrasos de obras, como la vía de El Puertito o el acerado de la avenida Vicenta Díaz: “el área de expropiaciones, con un solo auxiliar, es irrisoria”, dijo.
Un pleno con innumerables mociones del PSOE y más de medio centenar de preguntas, donde se aprobó por unanimidad la creación de una comisión de seguimiento sobre la sentencia del caso Áridos, en la que participen la Viceconsejería de Industria, el Cabildo, el Ayuntamiento e incluso la asociación de Defensa de los Barrancos de Güímar, tras una moción defendida por Airam Puerta (PSOE).
La moción salió adelante, pese a que la alcaldesa, Luisa Castro, dejó claro que el “desánimo” sobre una sentencia que lleva tres años sin cumplirse, insistiendo que lo importante “es cambiar el ámbito minero”, y culpó al Cabildo de no hacerle caso” e incluso llegó a decir que “lo único que yo veo para salir de este enrollo es la vía judicial”.
La que se suponía moción estrella quedó aprobada casi sin debate, sin una palabra de Ruyman Expósito (Sí se puede) que dejó toda su artillería para el apartado de ruego y preguntas, después de que casi todas las mociones de los socialistas, sobre diferentes infraestructuras o ruegos -como el de pedir una sucursal bancaria para El Puertito, como si el Ayuntamiento tuviera competencias en ello- fueran aprobadas por unanimidad, con poco respeto hacia el escaso público presente, dado que apenas había anunciado de las mociones y nulo debate.
Quizás normal, si presumían que luego vendría una enorme batería de preguntas (solo el PSOE presentó más de 50) y las respuestas consiguientes. Fue ahí donde tomó protagonismo Sí se puede, poniendo el énfasis en el gasto del espectáculo Grandes éxitos celebrado el domingo en Güímar, de la mano de Jorge Javier Vázquez. Preguntó por el coste y los patrocinadores y la alcaldesa contestó: “Gracias a los patrocinadores -de los que dijo no poder dar nombre- nos costará menos de 35.000 euros”, sin mucha convicción, por cierto.
Ruyman Expósito preguntó a tres concejales si estaban de acuerdo con que un asalariado municipal (en referencia al asesor de la alcaldesa) utilizara su cargo y las oficinas municipales para insular a vecinos y políticos del gobierno y oposición, mintiendo sobre la vida privada de los mismos. Gustavo Pérez (CC) dijo que “nosotros no apoyamos su actitud y nadie de CC lo haría ni ahora ni nunca”. Francisco Amador (PP) comentó que “este no es el lugar para contestar, si alguien se siente insultado están los juzgados”.
La más clara fue Socorro González, edil de Educación (PP): “Vulnera la vida íntima de las personas y esa actitud denigra el trabajo de los políticos”, dijo la edil independiente, sin miedo a represalias de Víctor González, a quien casi todo el mundo tiene miedo, por el enorme poder del que dispone, aunque teóricamente sea solo personal de confianza.
Marcador de Plata para Julio Yanes Mesa
El Pleno tomó conocimiento de los distintos premios que concede anualmente el Ayuntamiento de Güímar. David Román, concejal de Cultura, dio a conocer que la conocida activista medioambiental, Mónica Díaz Tabares y la que fue la primera taxista del municipio, Agustina Candelaria Rodríguez recibirán en marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, el premio Argenta de Franquis, mientras que Julio Yanes Mesa (hermano del exalcalde, Rafael Yanes) recibirá el premio Marcador de Plata, por su trayectoria literaria.
Cese fulminante del abogado
El Ayuntamiento de Güímar procedió ayer al cese del abogado (Eduardo Arias) que ejercía su defensa en la demanda interpuesta por la Asociación de Propietarios y Empresarios del Polígono Valle de Güímar.
Tras la sentencia del Juzgado de lo Contencioso nº1 de Santa Cruz de Tenerife desestimando el recurso contencioso–administrativo presentado por la asociación de empresarios contra el decreto del alcalde de Arafo (y al cual se adhirió Candelaria, no así Güímar), que pretendía el cese inmediato del vertido hasta su autorización y, en consecuencia, el cierre de las empresas del Polígono; la alcaldesa Luisa Castro procedió al cese fulminante del abogado, por hacer caso omiso a la pretensión de esta Casa Consistorial de “no posicionarse a favor del cierre de las empresas’, como ha resultado hacer”.
Como ya se ha sabido con anterioridad, la posición de la Alcaldía de Güímar siempre ha sido no proceder al cierre de las empresas del Polígono, ya que ‘creemos que cerrarlas es una gran irresponsabilidad, debido a que se juega con cientos y cientos de puestos de trabajo, considerando mejor opción la implementación de medidas correctoras sin llegar a ese extremo’, llegando incluso a posicionarse en este planteamiento los servicios jurídicos del propio Ayuntamiento, ‘y más teniendo en cuenta que la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias otorgará la autorización pertinente sobre los vertidos, estando además estos controlados’. Por tanto, toda vez que no hay vertidos ilegales en la zona local, el Ayuntamiento de Güímar no procederá al cierre de ninguna empresa que se encuentre en término municipal.
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