El Parlamento canario convalidó ayer un decreto ley por el cual se cambia la ley de vivienda, de forma que el Ejecutivo regional, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de La Laguna podrán proseguir el plan de reposición de las viviendas de Las Chumberas con o sin el Estado. El proyecto de ley fue aprobado con los votos a favor del Grupo Nacionalista, Popular y Mixto, mientras que hubo una abstención, y los socialistas, Podemos y Nueva Canarias votaron en contra al entender que este cambio no es para solucionar el problema de los vecinos y sí para evitar problemas al presidente canario, Fernando Clavijo, al alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, y a su partido, CC, en la polémica sobre la devolución de los fondos no justificados, como ha venido informando DIARIO DE AVISOS.
A juicio de Gustavo Matos (PSOE), Noemí Santana (Podemos) y Román Rodríguez (Nueva Canarias), con este decreto ley se quiere evitar dar cuenta de la gestión, algo que negó la diputada del Grupo Nacionalista Canario Socorro Beato. El portavoz de NC, Román Rodríguez, aseguró que con este decreto ley se quiere resolver problemas de CC y del presidente regional, Fernando Clavijo, cuando era alcalde de La Laguna, a quienes acusó de mala gestión en la rehabilitación y reposición de las viviendas de Las Chumberas. Rodríguez dijo que en 10 años “no se ha hecho nada” en las viviendas y ahora se pretende evitar rendir cuentas sobre el destino de más de 22 de los 25 millones de euros del convenio de rehabilitación.
“¿Dónde están los 22 millones que faltan?”, insistió en preguntar Román Rodríguez, quien recordó que el convenio finalizó el pasado año y con este decreto ley se quiere excluir al Gobierno central que, afirmó, reclamará el dinero “mande la Liga Comunista Revolucionaria o el PP”. El portavoz de NC, al igual que posteriormente haría Santana (Podemos), apostilló que hay cinco informes del Cabildo de Tenerife en los que se dice que el dinero “o se justifica o se devuelve”. Y denunció que solo el departamento de Intervención de la comunidad autónoma no ha dicho nada, algo que supone que se debe a que quien era alcalde de La Laguna es en la actualidad el presidente del Gobierno de Canarias.
La portavoz de Podemos, Noemí Santana, coincidió con NC en que este decreto ley “no es un salvavidas” para los ciudadanos afectados y sí para Clavijo, y aludió asimismo a los 25 millones de euros para reponer las viviendas para preguntar cuánto dinero se ha destinado a Las Chumberas. Santana manifestó que solo se han justificado 2,2 millones de euros, mientras que el resto se utilizó para tener dinero en efectivo “sin control y sin justificación”. El diputado del Grupo Popular José Estalella expresó su apoyo porque opinó que se justifica el decreto ley en beneficio de los ciudadanos y reconoció que la gestión no ha sido ejemplar, por lo que apoyó la aprobación “con muchas reservas”.
El diputado del Grupo Socialista Gustavo Matos aseveró que es mentira que se cambie la ley para beneficio de los ciudadanos, ya que, afirmó, lo que se pretende es modificar de manera indirecta de la ley de subvenciones y sin justificar lo que han hecho con el dinero de Las Chumberas. Matos mostró su sorpresa por la posición del PP en el Parlamento canario, cuando en el Ayuntamiento de La Laguna mantiene otra postura.
La diputada del Grupo Nacionalista Canario Socorro Beato detalló que las tres Administraciones canarias han buscado la solución a un problema y añadió que desde el Gobierno central se ha insistido en que haya un acuerdo, para también referirse al informe favorable del Consejo Consultivo.
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