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Clavijo declara hoy en La Laguna tras su fallido intento de que el TSJC lo archivara

Se trata de la primera vez en la historia que un presidente de Canarias es imputado, además, por un caso de presunta corrupción
Intervención de Fernando Clavijo en el parlamento por el caso grúas
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, durante una anterior visita a los juzgados laguneros. Sergio Méndez
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, durante una anterior visita a los juzgados laguneros. Sergio Méndez

Por primera vez en la historia, el presidente de Canarias, en este caso Fernando Clavijo, acude hoy a declarar como imputado (ahora investigado) a cuenta, además, de un caso como el de las grúas, que versa sobre la posible comisión de tres delitos relacionados con la corrupción, como son la prevaricación administrativa, la malversación de fondos públicos y el tráfico de influencias.

Además, lo hará en el Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna, tras meses de espera, dado que Clavijo intentó hacer prevalecer su privilegio como aforado (al que pudo no acogerse desde el primer momento) y hacer que fuera el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) el que decretara el archivo del caso, lo que ya tuvo que impedir la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife con un auto dictado en octubre de 2017 tras apreciar indicios suficientes como para seguir con la investigación judicial que nos ocupa. A pesar de que Clavijo todavía insiste en que lleva dos años esperando para declarar, lo cierto es que ha hecho todo lo posible para no hacerlo.

Incluso, cuando fue citado para el pasado 15 de marzo por el juzgado lagunero, después de que el TSJC decidiera que no entendía del mismo ante el final de los aforamientos con la entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonomía, fueron sus abogados quienes impidieron tal comparecencia al anunciar un recurso de casación al Tribunal Supremo que se sabía imposible, por cuanto el propio TSJC ya advirtió de que no admitía recurso alguno a su decisión.

Otra de las causas por las que Clavijo declara hoy en La Laguna como imputado son, además del referido auto de la Audiencia Provincial y la citada renuncia del TSJC a entender del caso, el contundente escrito elevado desde la Fiscalía Anticorrupción provincial, que, en 75 folios, desgrana pormenorizadamente lo sucedido con el servicio de grúas lagunero en la etapa en que el hoy mandatario regional fue alcalde de la Ciudad de los Adelantados.

Fue en 2014 cuando tanto Clavijo como su sucesor, el entonces concejal de Seguridad Ciudadana, José Alberto Díaz (ambos de Coalición Canaria), optaron por prestar 120.000 euros y renovar la concesión a una empresa que, en realidad, había cometido todo tipo de irregularidades desde que pasó a manos de siete empresarios, la mayoría afines de una u otra manera al propio Clavijo. En realidad, el anterior propietario, José Padilla, denunció ante la Justicia que se le forzó a la venta, dado que se le dejó de abonar por el servicio hasta que cedió a venderla a esos afines a Clavijo.

Respecto a dichas irregularidades, son de todo tipo y suficientes como para que el Ayuntamiento de La Laguna recuperase la concesión, por cuanto no solo dejaron de pagar a la Seguridad Social e impuestos, sino que incluso las grúas circulaban sin el preceptivo permiso para ello, por no hablar de los salarios que tampoco abonaron a parte de la plantilla, cuya denuncia se encuentra en el origen de un caso que el coalicionero insiste en calificar como trama política, a pesar de las ya aludidas decisiones judiciales sobre el mismo.

A pesar de que el interventor municipal lagunero advirtió a Clavijo y Díaz de la posible ilegalidad tanto del préstamo como de la prórroga, los ahora imputados (Díaz declaró como investigado hace exactamente un año y un día) decidieron levantar sus reparos, para lo cual contrataron a dos juristas externos que, bajo juramento, han reconocido que solo realizaron un dictamen “teórico”, a tal punto que uno de ellos, Francisco Villar (a quien Clavijo ha contratado para otros asuntos polémicos, como la Ley del Suelo), confesó en sede judicial que desconocía la abultada deuda y los incumplimientos de la empresa concesionaria de entonces. Finalmente, la concesión fue traspasada a otro empresario, José Luis Tacoronte, por un simbólico euro.

Sin duda, a Clavijo se le preguntará hoy sobre los motivos por los que actuó así en estos y otros pormenores del caso.

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