Granadilla

Un laberinto de cinco estrellas

La paralización cautelar por parte de Costas de la construcción de un hotel de lujo, del Grupo Viqueira, junto a la playa de La Tejita es el último episodio de una encendida disputa medioambiental en Tenerife, que ha reactivado el movimiento ecologista

Vallado que delimita la zona hotelera más próxima a la playa de La Tejita, en el sur de Tenerife. Fran Pallero
Vallado que delimita la zona hotelera más próxima a la playa de La Tejita, en el sur de Tenerife. Fran Pallero

La Tejita Luxury Beach Resort va camino de convertirse en un nuevo símbolo de resistencia de la causa ecologista en Tenerife, como en su día lo fueron el tendido eléctrico de Vilaflor o el puerto industrial de Granadilla, que sacaron a decenas de miles de personas a la calle. Esta vez no hay torres que atraviesen un monte o diques que afecten a un ecosistema marino. Ahora es un complejo hotelero de lujo de tres plantas el que amenaza con causar un “daño medioambiental irreparable” – según denuncian dos de las principales organizaciones ecologistas de la Isla- a una de las escasas playas que se ha librado hasta ahora de las edificaciones turísticas en su entorno: La Tejita, en Granadilla de Abona, junto a la Reserva Natural Especial de Montaña Roja.

Fue precisamente la movilización de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) y la Plataforma Salvar La Tejita las que han propiciado la paralización de unas obras que contaban con los permisos pertinentes de las tres administraciones públicas afectadas: Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento de Granadilla.

La empresa constructora recibió la autorización definitiva para empezar a construir el hotel el 21 de diciembre de 2018. Ese día, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento chasnero daba su visto bueno a la entidad mercantil Construcción, Promoción y Derivados S.A., del Grupo Viqueira -último trámite que faltaba – para que comenzara sus trabajos-. Un año antes, el 8 de septiembre de 2017, le había concedido la licencia municipal al proyecto básico, después de que el 27 de abril de 2016 el Cabildo de Tenerife autorizara el proyecto y poco después, el 3 de junio de 2016, el Gobierno de Canarias respaldara la ejecución del mismo.

Pero ATAN y Salvar La Tejita nunca bajaron la guardia. Ambos colectivos presentaron ante la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, que depende del Ministerio para la Transición Ecológica, un documento técnico que incluía un exhaustivo informe geomorfológico “para demostrar la existencia en la parcela destinada a hotel de bienes integrantes del dominio público marítimo-terrestre, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 22/1988 de Costas”. Las dos organizaciones solicitaron que se procediera a la revisión del vigente deslinde, entre la urbanización Costabella y la Punta del Bocinegro, para incorporar “los terrenos situados en la parcela y que fueron inexplicablemente excluidos”.

La gestión dio sus frutos. Una vez autorizada, en febrero, la revisión del deslinde, Costas notificaba a la empresa el pasado día 14, apenas tres semanas después de que las palas excavadoras comenzaran a remover tierra, el requerimiento para que se paralizaran cautelarmente las obras, al entender que los trabajos afectan la delimitación provisional de la franja terrestre de dominio público. Ahora corresponde a los técnicos de Costas analizar con detalle la situación y fijar el deslinde definitivo. Si las dos organizaciones ecologistas se salen con la suya, el hotel podría perder el 80% de la parcela, según explicó a este periódico Ana Sabín, portavoz del colectivo Salvar La Tejita. Las movilizaciones de quienes se oponen frontalmente a la edificación se han multiplicado en los últimos días. El diputado electo de Podemos Manuel Marrero presentó el 10 de junio un escrito en la Fiscalía de Medio Ambiente en el que pedía la apertura de diligencias para esclarecer la construcción del hotel y “ordene las diligencias de investigación oportunas y adecuadas a la naturaleza de los posibles delitos”. El parlamentario anunció que el escrito también se remitiría a la Dirección General de Costas, al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y al Ayuntamiento de Granadilla “para que nadie diga que no sabía el destrozo irreversible que se causará aquí”.

Paralelamente, Alberto Rodríguez, diputado nacional de la misma fuerza política, trasladaba la polémica a Madrid y presentaba una batería de preguntas al Gobierno en funciones de Pedro Sánchez para conocer “si piensa actuar de oficio sobre la construcción ilegal” del complejo hotelero.

Por su parte, la promotora reitera que cuenta con todos los informes favorables de los organismos públicos intervinientes y que la incoación del expediente de revisión del deslinde que tramita actualmente Costas “no afecta en modo alguno” al proyecto, puesto que las autorizaciones y licencias preceptivas fueron obtenidas con carácter previo. “La autorización de la Viceconsejería de Política Territorial indica expresamente que la edificación hotelera se ubica fuera de la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre”, señaló la constructora gallega en un comunicado.

La patronal hotelera tinerfeña también se ha pronunciado esta semana en boca de su presidente. Jorge Marichal señaló que “si se ha incumplido alguna norma, que se busque al responsable, pero si hay licencia y todo está bien, el empresario tiene derecho a construir ese hotel”. Para el presidente de Ashotel, que no quiso pronunciarse sobre quién tiene la razón, esta situación es “injusta” y advirtió de que “no habrá quien invierta un euro en Canarias si esto sigue así”, por lo que reclamó mayor seguridad jurídica.

El terreno para edificar el hotel se ubica justo donde acaba la playa de La Tejita, concretamente en las parcelas C y D del sector de Costabella, calificadas como suelo urbano consolidado. El Plan General de Ordenación, aprobado en 2005, ya establecía que ese terreno se destinaba a uso turístico-hotelero. El proyecto de compensación, aprobado en 2009 por el grupo de gobierno de Granadilla, establece que la empresa cederá el uso de 7.465 metros cuadrados para disfrute público. Ese suelo no podrá ocuparse con instalaciones o construcción alguna.
El proyecto contempla un edificio de tres plantas, de una altura máxima de 10 metros y 40 centímetros, que albergará 883 camas distribuidas en 342 habitaciones a lo largo de una superficie edificable de 26.758 metros cuadrados. El hotel generará más de 200 empleos directos y su presupuesto supera los 18,5 millones de euros.