medio ambiente

El Gobierno canario declara el estado de emergencia climática en las Islas

El Consejo aprueba una declaración con el propósito principal de agilizar la ley regional de cambio climático, que pretende, entre otros objetivos, alcanzar el pleno autoconsumo eléctrico con renovables
PORTADA 310819
CONSEJO GOBIERNO
Ángel Víctor Torres, acompañado por su Ejecutivo, tras la reunión del Consejo de Gobierno en Santa Cruz de Tenerife. DA

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó ayer la declaración de emergencia climática en el Archipiélago con el propósito principal de agilizar la ley canaria de cambio climático, que pretende alcanzar el pleno autoconsumo eléctrico con energías renovables, entre otros objetivos.

Acompañado de todo su Ejecutivo, Ángel Víctor Torres precisó que el proyecto de la ley canaria de cambio climático también persigue la reducción de las emisiones de gases contaminantes y la aplicación de mecanismos de absorción de carbono en los medios físicos de las Islas, así como apoyar la investigación en materia de cambio climático.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el presidente recalcó que “no hay ninguna duda y está completamente comprobado” que los incendios y su proliferación están ligados al cambio climático. Lamentó que los ciudadanos de Canarias hayan sido testigos de los efectos que provoca la basura en el mar y de la virulencia de incendios forestales debido a factores vinculados al cambio climático. Además, denunció que en las Islas cada vez se encuentran más tortugas muertas por ingerir plástico, lo que, a juicio del presidente, es una prueba de que “algo no hacemos bien del todo”. Sobre la ley canaria de cambio climático, el Gobierno se compromete en su declaración a aprobarla “en el plazo más breve posible”, procurando la mayor e intensa colaboración y participación activa de toda la sociedad canaria, de las instituciones y de la comunidad científica del Archipiélago. Todo ello, con el fin de implementar políticas efectivas de reducción de los impactos y de mitigación de los gases de efecto invernadero, con el objetivo de alcanzar la descarbonización de la economía canaria en el año 2040 e incluso, a ser posible, antes del año 2035. La declaración de emergencia climática establece como primer objetivo comprometer todas las políticas del Gobierno regional, y de las administraciones públicas canarias, para que puedan contribuir a frenar la amenaza mundial que entraña el cambio climático. El Ejecutivo se compromete también a iniciar las actuaciones necesarias para elaborar y aprobar, en el plazo más breve posible, el plan de acción canario para el cumplimiento de la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Detener la pérdida de la biodiversidad y restaurar los ecosistemas; alcanzar una política de residuos cero a través del consumo y de la economía circular, y apoyar la gestión del territorio y la actividad económica enfocadas a la recuperación de la tierra fértil y al freno de la erosión son otros de los retos del Gobierno.

Junto a ello, recuperar los acuíferos perdidos y mejorar la eficiencia en la gestión del ciclo del agua, avanzar en modelos de economía local y de proximidad que impulsen la soberanía alimentaria, la silvicultura, la pesca artesanal, la agricultura y la ganadería ecológicas y de proximidad, de tal modo que quienes trabajen en la agricultura, la ganadería y pesca y desempeñan un papel clave sean reconocidos como tales.

El Gobierno canario declara el estado de emergencia climática en las Islas

COLABORACIÓN

La declaración aboga, igualmente, por gestionar los recursos pesqueros para asegurar su sostenibilidad, y establecer y potenciar programas de colaboración y de actuación conjunta con África y otras islas del mundo para luchar contra el cambio climático. La primera encomienda a la que se refiere la declaración se dirige a la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial para la elaboración de un estudio de riesgos y vulnerabilidades frente al cambio climático de Canarias, que analice los riesgos potenciales y la evaluación de la eventual vulnerabilidad que puede constituir un posible daño o amenaza para las personas, bienes, medios de vida o el medio ambiente del que dependen.

No obstante, el mandato se refiere a todas las consejerías, que, conforme a esta declaración, deben realizar actuaciones de análisis, evaluación y medición de las acciones que se estén desarrollando en cada una de las áreas que tengan incidencia o relación con la crisis climática. 

Ángel Víctor Torres: “Tenemos 11 años para revertir la actual situación de desgaste de nuestros recursos”

TE PUEDE INTERESAR