El Gobierno de Canarias ha publicado este lunes, 9 de noviembre, un nuevo decreto que actualiza las normas de convivencia en colegios e institutos del Archipiélago. La regulación refuerza la prevención del acoso escolar y el ciberacoso, desarrolla medidas para proteger al alumnado y establece nuevas herramientas para resolver los conflictos en los centros educativos.
La disposición aparece en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) bajo la denominación de Decreto 169/2026, de 30 de octubre, y sustituirá, tras su entrada en vigor, la normativa aprobada en 2011.
El cambio afecta a la organización de la convivencia escolar, los derechos y deberes de la comunidad educativa y los procedimientos ante conductas contrarias a las normas.
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La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, dirigida por Poli Suárez, plantea un modelo que no se limita a corregir comportamientos. También incorpora actuaciones preventivas y medidas relacionadas con el bienestar emocional, la inclusión y la protección del alumnado.
Qué cambia con el nuevo decreto de convivencia escolar
Una de las principales novedades es la atención específica al acoso escolar y al ciberacoso, especialmente en situaciones vinculadas al uso de las tecnologías y las redes sociales. La regulación contempla la llamada ciberconvivencia, relacionada con el comportamiento responsable en los entornos digitales y la prevención de conflictos que puedan afectar a los estudiantes.
También presta atención a la violencia de género y a otras situaciones que puedan comprometer la seguridad y el bienestar de los menores.
Para abordar estos problemas, el decreto desarrolla distintas herramientas educativas, como la mediación escolar, las prácticas restaurativas, el apoyo entre iguales y las tutorías afectivas.
Estas medidas buscan intervenir ante los conflictos, facilitar su resolución y favorecer la convivencia dentro de las aulas.
Nuevas medidas ante conductas muy graves
El texto actualiza la regulación de las conductas contrarias a la convivencia escolar y sus correspondientes medidas correctoras. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, con procedimientos de intervención en función de las características de cada situación.
La normativa mantiene el carácter educativo de las medidas correctoras. Su aplicación debe contribuir a resolver los conflictos y mejorar la convivencia.
El decreto también actualiza los derechos y deberes de profesores, estudiantes y familias, y recoge expresamente la condición del profesorado como autoridad pública durante el ejercicio de sus funciones.
El uso indebido de IA será una falta muy grave
Una de las novedades más relevantes del decreto afecta al uso de la inteligencia artificial en colegios e institutos de Canarias. La normativa considera una conducta muy grave utilizar estas herramientas para perjudicar la integridad o la dignidad de cualquier integrante de la comunidad educativa.
Esta clasificación incluye expresamente la creación o difusión de contenidos falsos o manipulados mediante inteligencia artificial.
También se consideran conductas muy graves la suplantación de identidad y la grabación o difusión de imágenes de profesores, alumnos u otros miembros de la comunidad educativa sin autorización.
Qué ocurre con losmóviles en los centros educativos
El decreto también diferencia las infracciones relacionadas con el uso de dispositivos móviles.
Incumplir puntualmente las restricciones establecidas por el centro se considera una conducta leve, siempre que no se vulneren los datos personales, la intimidad o la dignidad de otras personas.
Sin embargo, el incumplimiento reiterado de estas normas se clasifica como conducta grave, lo que implica una respuesta disciplinaria diferente.
Cómo denunciar posibles casos de acoso escolar
Los colegios e institutos deberán disponer de canales directos, accesibles y seguros para que el alumnado pueda comunicar posibles situaciones de acoso o ciberacoso. Estos mecanismos tendrán que garantizar la confidencialidad y proteger la identidad de quienes informen.
Además, cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de un posible caso deberá comunicarlo a la dirección del centro, a otro integrante del equipo directivo o a la persona responsable de coordinar el bienestar del alumnado.
Cuando se active el protocolo de intervención, el centro tendrá que informar inmediatamente a la Inspección de Educación, que supervisará su correcta aplicación.
Más protección para el alumnado con dificultades
Otra de las cuestiones que aborda el nuevo marco es la atención a los estudiantes que presentan necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a alteraciones emocionales o de conducta.
La regulación incorpora previsiones para adaptar las intervenciones a las circunstancias de cada alumno y mejorar la coordinación entre el profesorado, los equipos de orientación educativa y las familias.
El objetivo es ofrecer respuestas ajustadas a las necesidades de estos estudiantes sin perder de vista la convivencia y la protección del conjunto de la comunidad educativa.
Qué tendrán que hacer los colegios e institutos de Canarias
La aprobación del decreto también implica cambios organizativos para los centros. Entre otras cuestiones, desarrolla las funciones de los equipos encargados de gestionar la convivencia, los servicios de mediación y las personas responsables de la coordinación para el bienestar y la protección del alumnado.
Asimismo, contempla la creación del Observatorio Canario para la Convivencia Escolar, destinado al seguimiento y la mejora de la convivencia en el sistema educativo.
Los colegios e institutos dispondrán de un año desde la entrada en vigor de la norma para adaptar sus reglamentos de régimen interno y planes de convivencia.
Durante ese periodo, los protocolos específicos sobre acoso escolar, violencia de género, riesgo suicida y protección de la infancia seguirán aplicándose hasta su actualización, según ha explicado la Consejería de Educación.
La publicación del nuevo decreto supone la actualización del marco autonómico de convivencia escolar aprobado hace 15 años, con una mayor atención a los riesgos digitales, el bienestar del alumnado y las estrategias de prevención de conflictos.
El nuevo decreto entrará en vigor el 29 de noviembre de 2026, 20 días naturales después de su publicación en el BOC.
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