Todos coinciden que la basura en Güímar es un asunto que huele muy mal. No solo porque se retrasa la licitación del nuevo concurso, sino que se siguen pagando las facturas al gestor del servicio (FCC), con informes desfavorables de Intervención y ahora también de la aparejadora municipal.
No es nada nuevo porque ya en el mandato de Luisa Castro, levantaba esos reparos para hacer frente, mes a mes, al pago del servicio (87.217,78 euros), algo que se ha negado a hacer el actual alcalde, Airam Puerta, que, en su afán por no levantar reparos, utiliza el Pleno para hacerlo, como ocurrió el jueves con las facturas de junio, julio, agosto, septiembre y octubre, con un importe de 436.688,90 euros.
Explica la exalcaldesa, Luisa Castro, que el reparo es una potestad del Pleno, en caso de que se trate de un porcentaje elevado del presupuesto o un reconocimiento extrajudicial, que “no es el caso porque se trata de pagar algo que está presupuestado”, indicó.
El Gobierno local, entre ellos Gustavo Pérez (CC), exsocio del PP, admitió que el pago sigue teniendo informes desfavorables y que se elevaba al Pleno por el informe desfavorable de la aparejadora municipal sobre los servicios prestados.
Pero la auténtica batalla dialéctica no se refirió solo a la forma de pagar esas facturas, por lo que el PP votó en contra, sino al deficiente servicio – todos coincidieron en esa calificación- que se está prestando. Para la oposición esto está motivado por la empresa, mientras que el grupo de Gobierno echa la culpa a un contrato que ha quedado obsoleto, como recordó el edil Juan Delgado, poniendo un ejemplo:“Tendrían que levantarse ustedes a las seis de la mañana y acompañar a los 18 trabajadores de la empresa para saber si pueden hacer más de lo que hacen”. Desde la bancada popular se recomendó rescindir el contrato, “carretera y manta con FCC” y que el Ayuntamiento pueda recuperar el servicio, algo que no descartó Delgado (CC).
Güímar lleva más de siete años pendiente de licitar el nuevo contrato de recogida de residuos y limpieza viaria. En los últimos tiempos, además, la basura de enseres y restos de construcción se acumula por todo el municipio.
Otro asunto tratado en el pleno fue la moción del PP para ejecutar el proyecto de seguridad del talud de Santa Lucía-Los Barrancos, que, tras una larga discusión, fue rechazada, como consecuencia de la búsqueda de un consenso con los vecinos, al afectar la actuación a la propiedad privada, según adelantó la secretaria. El alcalde, Airam Puerta, hasta llegó a insinuar la orden de un desalojo.
En Candelaria, sin novedades en el concurso de basura y el ‘nuevo’ PGO
En el pleno de Candelaria, celebrado el jueves, se trató la precaria situación laboral de los trabajadores de Urbaser, debido a los ocho años de prórroga de un contrato que ha quedado obsoleto, así como la parálisis que sufre la remodelación del Plan General de Ordenación de 2006.
Sí se puede denunció la nula prevención de riesgos laborales en Urbaser y la desidia municipal en el asunto. Airam Pérez Chinea, concejal de Empresas Concesionarias, reconoció los problemas con la licitación del nuevo concurso y que ahora se procederá a redactar dos, uno para la recogida de residuos y otro para la limpieza de edificios municipales.
Sobre la modificación del PGO, también ha habido retraso al denunciar el contrato del equipo redactor y recurrir este. El Gobierno del PSOE no descarta que, en lugar de una modificación, se haga un nuevo Plan General.
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