El Cabildo y el Ayuntamiento de Güímar trabajarán conjuntamente para asegurar el talud de la cara norte de Santa Lucía Los Barrancos, pendiente de que un juez ordene el precinto de 21 viviendas sujetas a un decreto de desalojo que los vecinos no quisieron cumplir voluntariamente.
El alcalde de Güímar, Airam Puerta, se mostró ayer satisfecho de haber sacado al Cabildo un compromiso para actuar conjuntamente en la zona y con una subvención nominativa al Ayuntamiento para hacer frente a los 360.000 euros que cuesta ejecutar el proyecto, redactado a medias, para esa primera fase, “que no tendrá que esperar a la licitación, al declararse la obra de emergencia”, comentó Puerta, quien está a la espera de la respuesta del presidente del Gobierno de Canarias para recibir “ayudas sociales” para realojar, pendiente de la decisión de un juez, a los vecinos afectados por el desalojo. En Candelaria, con el desalojo de Bajo la Cuesta, el Ayuntamiento sufraga 500 euros mensuales a algunos de los que tres años después siguen desalojados.
En la reunión celebrada ayer en el Cabildo, el vicepresidente y consejero insular de Carreteras, Enrique Arriaga, se comprometió a tramitar de manera inmediata la autorización del documento técnico que garantice la estabilidad del talud, cuya redacción debe encargar previamente el Ayuntamiento, junto con a la declaración de emergencia para el inicio de las obras.
Además, el Cabildo realizará los trámites oportunos ante el Gobierno de Canarias, como titular de la carretera TF-616, considerada vía de servicio de la TF-1, para impulsar la solicitud de concesión administrativa de uso del dominio público ante Costas y mantenerla abierta, algo que ocurre ahora, aunque con algunas vallas Jersey a la entrada y salida del pequeño núcleo costero de Santa Lucía Los Barrancos.
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