El desalojo de los vecinos de Santa Lucía (Güímar) lo decidirá un juez

Karen y David, un matrimonio inglés, dejó las escarpadas calas de Menorca para aterrizar, hace cuatro años, en otra cala, no menos abrupta, Santa Lucía Los Barrancos. A pesar de estar muy cerca de las viviendas afectadas por el último derrumbe (2017), Karen y David no se muestran temerosos de que su casa-cueva se venga abajo algún día. “Eso es cosa de políticos”, señaló Karen, poco antes de que comenzara precisamente en su casa (número 94 de la calle Toninas), la orden de desalojo que el alcalde de Güímar, Airam Puerta, decretó el pasado jueves. Un desalojo que nadie atendió, por lo que tendrá que ser un juez quien decrete la orden para hacerla efectiva, ya de manera forzosa.

Karen, con cara de preocupación, pero firme, mostró su documentación a la secretaria municipal, encargada ayer de levantar acta, y ante la Policía Local, mientras el alcalde, estoicamente, aguantaba algún que otro improperio de una vecina, una de las decenas que siguieron ayer el proceso, más que de desalojo -que no fue tal- de notificación de que no se cumplía la voluntariedad del mismo.

Así, desde la casa de Karen, en la curva norte del barrio, antes de llegar a la gran cueva donde se sitúan las casas con más riesgo de desprendimientos, hasta la calle El Culaso, la secretaria municipal, Marisa Santos, se fue encontrando con la misma respuesta, aunque algunos moradores, como la lituana Donatta, llegara a afirmar que “estoy de acuerdo”, cuando en realidad lo que quería decir era todo lo contrario, que no quería abandonar su vivienda, comprada en 2016, y donde vive con su marido y un pequeño hijo. “Y menos -nos dijo- cuando a todos los que no tenemos otras casas nos dan diez colchones y una ducha para realojarnos”, exponiendo, además, que “para que te den ayuda al alquiler dependerá también de la renta que tengas, según Servicios Sociales”, algo que no pudo confirmar el alcalde.

En Candelaria, en el desalojo de Bajo la Cuesta, el Ayuntamiento ofreció ayudas al alquiler (500 euros mensuales) a todo aquel que demostrara que no tenía otra vivienda e incluso pagó noches de hotel hasta que lograran firmar ese arrendamiento.

Puerta reconoció que “Güímar no tiene casas que poder ofrecer ni hoteles. He contactado con el presidente, Ángel Víctor Torres, para pedirle ayudas de emergencia”, para “lograr algo más digno de lo que les hemos ofrecido a los vecinos”, mientras quiso aclarar, para evitar malos entendidos, que el Instituto Canario de la Vivienda, sí tiene un protocolo de ayudas de emergencias, pero que “Maribel Santana me trasmitió que ahora mismo es insuficiente para cubrir la demanda”.

La comitiva del desalojo prosiguió por toda la calle Toninas, o lo que es lo mismo, carretera TF-616, hasta entrar en el gran epicentro del problema geológico de Santa Lucía-Los Barrancos, la gran cueva donde se sitúan una docena de casas entre las calles El Culaso, Delfín y Fula, que ya sufrieron un gran desprendimiento en 2011, que provocó el precinto de todas esas viviendas, pero que finalmente levantaron los vecinos -algunos de ellos realojados en el hotel rural La Raya- sin que el alcalde de entonces, Rafael Yanes -hoy diputado del Común- hiciera efectivo el decreto que ocho años después ha retomado el también socialista Airam Puerta.

Una enorme cueva donde anidan decenas de palomas, con una visera llena de antenas de televisión y cuyas paredes son utilizadas, en varios casos, como techo de las viviendas. Pero aún así, “no se puede hablar de peligro inminente, cuando aquí no ha caído nada desde 2011”, recuerda Juan Sánchez, uno de los vecinos más reivindicativos. Rafael de Armas, vicepresidente de la asociación de vecinos, confirmaba que 13 de los 21 propietarios de la viviendas, “ya han contratado a José Luis Langa como abogado”, quien les defenderá cuando este desalojo llegue a la Justicia, “que llegará”, ahora también por parte del alcalde, ante el caso omiso del desalojo voluntario. Mientras, Dieter, pintor alemán, cuya casa -no está afectada por derrumbes, pero sí por el deslinde de Costas- está justo encima de los callaos, como navegando sobre el Atlántico, sigue pintando como si aquello no fuera con él.

La autorización de Costas

Airam Puerta, alcalde de Güímar, volvió a dar la cara ante los vecinos, esta vez acompañado por tres concejales de su Gobierno, y se mantuvo firme en que “el desalojo es una medida imprescindible para realizar las obras de emergencia”, explicando los pasos a seguir con el informe geotécnico, aunque no pudo garantizar plazos, pese a que ya los drones han comenzado a analizar el entorno para realizar la primera fase de las obras, que costaría unos 360.000 euros. “Hoy he tenido una reunión con el equipo multidisciplinar que redactó el proyecto para actuar en una parte de este ámbito que debemos desalojar”, aunque insistió estar a la espera de la autorización administrativa de Costas, algo que en el proyecto del Cabildo de 2017, no era necesario, al estar fuera del dominio público marítimo terrestre, según respuesta de Costas, a la solicitud del Ayuntamiento para actuar en la zona, del 19 de diciembre de 2019, y que recordó ayer la exalcaldesa, Luisa Castro.