Estudian si es necesario una nueva ordenanza para regular la telefonía móvil

El Ayuntamiento de La Orotava estudia si es necesario elaborar una nueva ordenanza para regular las antenas de telefonía móvil dado que la actual data de diciembre de 2011 y tres años después, en julio de 2014 fue recurrida por distintos operadores. Como consecuencia, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias anuló parte de los artículos que establecían ciertas limitaciones a la instalación de este tipo de infraestructuras.

Además de esta realidad hay que tener en cuenta la nueva disposición de ámbito estatal, en concreto, la Ley General de Telecomunicaciones para las Administraciones Locales del 9 de mayo de 2014; la General de Telecomunicaciones y la 32/2003, de 3 de noviembre, y la 12/2012, de 26 de diciembre, así como las Medidas Urgentes de Liberación del Comercio y de determinados servicios (en vigor desde el 28 de diciembre de 2012) que sustituye las licencias o autorizaciones previas por declaraciones responsables. Con todas ellas, los ayuntamientos “han quedado vaciado de competencias en esta materia”, al ser el Gobierno central la administración que regula las concesiones de antenas, a las que ha declarado de interés público, explica el concejal de Urbanismo y Ordenación del Territorio, Narciso Pérez.

Esta explicación fue dada el martes por el edil como consecuencia de la moción presentada al Pleno municipal por el grupo Asamblea por La Orotava, que solicitaba que el cumplimiento de los artículos vigentes en la ordenanza de 2011.

CC entendió que no podía aprobar la propuesta inicial y por eso presentó una enmienda aceptada por todos los grupos, ya que además se trabaja en una normativa dentro del Plan General de La Orotava (PGO). Ese contexto, se ha recibido un informe emitido por el Ministerio de Economía y otro de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías del Gobierno regional con respecto a la regulación que deben tener este tipo de instalaciones.

“No se ha tenido tiempo para evaluar el alcance jurídico de estos informes, que además son muy amplios, pero que según una lectura rápida va en la línea de que los ayuntamientos no pueden establecer limitaciones”, precisa Pérez.

Por todo ello, el acuerdo al que llegó el Pleno fue que se estudie por parte de los servicios jurídicos municipales la posibilidad de contar con una nueva ordenanza o si por el contrario, dentro del nuevo marco legal, se debería atender solamente a la normativa estatal de aplicación.