Granadilla de Abona

Los okupas de San Isidro ganan la primera batalla

La seguridad privada, que pretendía echar a 22 adultos y 10 niños del edificio, desiste ante la presión, pero regresará el lunes

La veintena de okupas que llevan viviendo algo más de dos años en un edificio en la avenida Venezuela de San Isidro, han logrado, a través de la presión ejercida, que la seguridad privada contratada por el nuevo propietario del inmueble haya desistido de tratarles de echarles del mismo, incluso bajo el pago de 1.200 euros a cada singular inquilino. “Un dinero que no da siquiera para dar la entrada a un alquiler digno, cuando te piden tres meses por adelantado y una nómina que casi nadie tiene en el edificio”, apuntó Israel, de la Plataforma por una Vivienda Digna Montaña Clara.

“Los cuatro seguritas se fueron ayer por la tarde, pero dijeron que volverán el lunes con más fuerza”, relató Israel, por lo que las 12 familias de okupas (22 adultos y 10 menores) han decidido crear una comunidad de vecinos que esta mañana registrarán en el Ayuntamiento, con el objetivo de que, cuando regresen los miembros de la seguridad privada, “no puedan impedir el acceso a las zonas comunes” del edificio, “como han hecho desde el pasado lunes”.

Esas doce familias ocupan en la actualidad doce de las quince viviendas del edificio, pero “a partir de ahora van a ocupar las tres que quedan libres”, comentó el miembro de Montaña Clara, un colectivo que lucha contra los desahucios en un barrio, San Isidro, que tiene contabilizada casi ochocientas viviendas con okupas, según el exconcejal Félix Hernández, de Izquierda Unida, que llegó a hacer hace cinco años responsable de la oficina de Quejas y Reclamaciones del Ayuntamiento de Granadilla.

Una compra por solo 85.000 euros

El edificio de tres plantas situado en la calle Venezuela, esquina Néstor del Álamo, en San Isidro, es desde hace unas semanas propiedad de un empresario ruso que lo adquirió en una subasta del Sareb -conocido vulgarmente como el banco malo- por un precio irrisorio, 85.000 euros, el precio que el mercado puede valer solo una de las quince viviendas de las que se compone el inmueble.
El edificio construido hace 13 años quedó parado como consecuencia de la crisis económica que afectó a la empresa constructora, pasando el mismo a manos de una entidad bancaria.

Desde entonces, el edificio ha sido objeto de saqueos de todo tipo de mobiliario, llegando a ser un lugar de peregrinación para algunos drogadictos de San Isidro, según cuenta los actuales okupas.
Estos accedieron hace unos dos años al edificio, reforzando las ventanas y puertas y habilitando las viviendas para acoger a 12 familias.

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