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El sellado del vertedero de Las Rosas, una burda maniobra de camuflaje

El Ayuntamiento de Güímar exigirá al Gobierno de Canarias que revise la obra de clausura ejecutada por Tragsa con un coste de 1,8 millones de euros, según la moción defendida por Luisa Castro (PP)
El sellado del vertedero de Las Rosas, una burda maniobra de camuflaje. DA
El sellado del vertedero de Las Rosas, una burda maniobra de camuflaje. DA

“La supuesta rehabilitación que se ha hecho del vertedero de Las Rosas es una chapuza, una burda maniobra de camuflaje”, según declara Carmen Luisa Castro, exalcaldesa de Güímar y portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Güímar, después de que su propuesta para denunciar estas obras fuera aprobada, por unanimidad, en el pasado pleno municipal.

Tras la aprobación de esa moción, el Consistorio güimarero exigirá a la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial que revise la obra de clausura y sellado del vertedero ilegal de Las Rosas”con el fin de conseguir los verdaderos objetivos perseguidos de limpieza y restauración”. La obra, realizada el año pasado, fue ejecutada por la empresa pública Tragsa con un coste de 1,8 millones de euros.

Según lo que Castro expuso en el pleno, “la limpieza del vertedero consistió en una burda maniobra de camuflaje; se limitaron a tirar tierra y cubrir la montaña de basura que allí hay”, en esa zona entre la cantera de los Hermanos Morales, la TF-28 y la cantera Badajoz, de Plasencia.
“La restauración consistió en dejarlo todo como estaba, puesto que el lado del poniente continúa con la misma pared vertical poniendo en riesgo de caída el Camino de Boruga y el lado sur de igual manera, continúa poniendo en riesgo de derrumbe el Camino de La Ladera”, añadiendo, además, que “no se ha sembrado allí ninguna planta autóctona, más allá de los tartagueros”, le respondió Luisa Castro al grupo nacionalista, el único que puso ciertos reparos a la aprobación de la moción.

Aunque, según Luisa Castro, desde 1996 el Ayuntamiento denunció la necesidad de sellar el vertedero -en suelo propiedad de Antonio Plasencia, cedido al Consistorio- no fue hasta 2003 cuando un informe emitido por la Apmun constata la existencia del vertedero incontrolado en una antigua cantera de áridos.

De hecho, la restauración de este lugar forma parte de la sentencia por la que el TSJC condenó a dueño del terreno, Antonio Plasencia y al Ayuntamiento. Finalmente fue precintado en 2006, después de albergar en sus casi 50.000 metros cuadrados todo tipo de material tóxico, coches, neumáticos e incluso hasta 14 guaguas.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España en una sentencia emitida en marzo de 2017 por el incumplimiento de la Directiva 2008/98, sobre los residuos (artículos 13 y 15.1), por no adoptar medidas frente a 61 vertederos ilegales, entre ellos está el de Las Rosas, en Güímar.

El abogado Jesús Antonio Rodríguez Morilla va más allá, sobre como se contrató la obra a Tragsa: “No podría calificarse o estimarse como Obra de Emergencia/Urgencia, para recurrir a la Contratación Directa, al datar las primeras contingencias en 2007/2008, y ejecutarse las obras, al menos, 10 años más tarde”, señala el abogado.

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