La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias pretende ver de primera mano cómo va a funcionar la desescalada en los centros y, para ello, “necesita voluntarios” que den un paso al frente para iniciar la nueva normalidad. Educación aceptó la exigencia de los sindicatos de no obligar a volver a las aulas este curso a ningún docente, y sólo lo hará el profesorado voluntario que desee, además de garantizar que el personal de riesgo continuará impartiendo clases telemáticas hasta que sea seguro que se incorpore a su puesto de trabajo en el centro. Las instalaciones no se abrirán para acoger al alumnado de 3 a 6 años.
En la última reunión de la Mesa Sectorial, en la que se abordaron varias cuestiones como la desescalada educativa y la aprobación de la resolución de permisos y licencias, la directora General de Personal, Marisol Collado, informó de que la Consejería apuesta por los “centros pilotos”, que voluntariamente quieran ser la avanzadilla de la desescalada, entendiendo que, tanto el equipo directivo como el profesorado del centro, “lo acuerden voluntariamente” y, además, debe ser autorizado por la propia Dirección de Personal. Desde la Administración se tratará de fomentar dicha voluntariedad, garantizando las medidas de seguridad. En principio, el docente que desee incorporarse este final de curso a las aulas deberá tener en cuenta que será el equipo directivo el que deberá acceder primero a que el centro esté abierto.
En este punto, ANPE Canarias mostró su rechazo a la existencia de centros piloto y mostró serias dudas sobre la fiabilidad de sus conclusiones, al ser una evaluación apresurada y su extrapolación a los diferentes niveles de enseñanzas en el curso siguiente. Por su parte, STEC-IC, rechazó la reanudación de las clases presenciales, incluyendo al alumnado de 0 a 6 años, tal y como recomienda la Asociación Española de Pediatría.
Educación está remitiendo un cuestionario a todos los centros para determinar qué docentes son potencialmente personal de riesgo o sensible, para que no tengan que incorporarse físicamente a sus puestos de trabajo hasta que sea seguro y que puedan continuar su labor online.
Fases de la Hoja de ruta
La Consejería puso sobre la mesa una propuesta de calendario de reincorporación a los centros, un documento que establece cuatro fases para la vuelta a las aulas desde la actualidad hasta el mes de octubre, en la que se han omitido las fechas, ya que deberán ser otros los órganos que deben tomar esta decisión.
Con respecto al primer tramo (mayo) los sindicatos demandaron que la presencia en el centro de los miembros del equipo directivo y del profesorado que desee apoyarles tendrá siempre con carácter voluntario, una vez comprobado el cumplimiento de las medidas de seguridad.
Los directivos y el personal de administración y servicios dispondrán de un protocolo de actuación, y deberá reforzarse la plantilla del personal de limpieza para la desinfección de los espacios. Solicitaron que se priorice la formalización de las matrículas de forma telemática.
En el tramo de junio se plantea que debe culminarse el Plan del Centro, algo que a juicio de ANPE parece peligroso, prematuro y con escasa fiabilidad, ya que el equipo directivo desconocerá datos clave como el cierre de su matrícula, los grupos y turnos aprobados de la plantilla para el próximo curso. Afirman que ningún centro deberá comenzar su actividad lectiva si no ofrece las mayores garantías de protección a su comunidad y no cuenta con todos los recursos humanos y materiales. También solicitaron la realización de test al profesorado, alumnado y personal administrativo de cada centro.
Inicio del nuevo curso
Con respecto al tramo de septiembre el STEC demandó que en la primera semana esté incorporado todo el personal docente del centro (incluido el interino) para poder preparar el curso de forma coordinada. Los docentes de riesgo deben ser considerados de manera prioritaria. Insistieron en la realización de test a toda la comunidad educativa, y en la redacción de protocolos específicos para los Centros de Educación Especial y las Aulas Enclave.
Por su parte, ANPE Canarias señaló que en la nueva normalidad, también hay que plantear protocolos específicos para los comedores escolares, el transporte escolar y las residencias escolares. También pidió más concreción en los procedimientos para conceder una atención preferente al alumnado afectado por patologías o por la brecha social/digital, así como el imprescindible incremento de los recursos humanos para que la plantilla docente acometa todas estas actuaciones extraordinarias. Insistió en conocer cuántas horas diarias deberá trabajar, qué funciones desempeñará y qué responsabilidades asumirá el profesorado durante una jornada laboral que comprenderá, al mismo tiempo, enseñanza online y presencial en grupos flexibles.
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