La Plataforma Sur en defensa de las Pensiones Públicas de Tenerife se concentró ayer, Día Internacional de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato de la Vejez, frente a la Residencia de Mayores de Los Cristianos, en el municipio de Arona, para exigir más plazas públicas para la tercera edad y la suspensión de los convenios con los centros sociosanitarios privados.
Más de una veintena de personas participaron en la concentración en la que la portavoz del colectivo, Pilar Orfila, leyó un manifiesto en el que se reclamó un “modelo asistencial centrado en las personas y en sus necesidades”, y se exigieron “políticas valientes que apuesten por la gestión pública en las residencias y centros sociosanitarios”.
En el manifiesto también se recordaron las letales consecuencias de la Covid-19 entre el segmento de población de mayor edad. “Cerca de 20.000 fallecidos en las residencias de mayores y de dependientes de toda España vienen a poner en evidencia las carencias y debilidades de un sistema asistencial basado en la externalización de los servicios y en el modelo de gestión privada, que prioriza el beneficio económico sobre la atención y el cuidado de las personas mayores y dependientes”, subrayó la portavoz de la plataforma, que concluyó la lectura del comunicado con un “basta ya de tanto lucrarse a costa del sufrimiento de los demás. Es el momento de construir un mejor futuro para nuestros mayores”.
8.000 plazas más
A la finalización del acto, Pilar Orfila manifestó a este periódico que Canarias es la tercera comunidad autónoma del país con menos plazas residenciales para mayores de 65 años y cuantificó en 8.000 las necesarias para hacer frente a la demanda actual y a corto plazo.
La Plataforma Sur por la Defensa de las Pensiones Públicas de Tenerife tiene previsto convocar una nueva concentración el próximo viernes, a las 11, frente al Hospital del Sur, en El Mojón (Arona).
Sobre el lugar elegido ayer para realizar la protesta, frente a la Residencia de Mayores de Los Cristianos, en la avenida Juan Carlos I, Orfila explicó que se decidió como un “gesto simbólico”, al tratarse de “una de las pocas residencias del Sur de gestión pública”.
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