La construcción del centro comercial Artslife & Shopping, situado en primera línea de costa, entre las playas de El Camisón y Las Vistas, está desde ayer en manos de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, después de que un empresario presentara una denuncia contra el exconcejal de Urbanismo y Patrimonio del Ayuntamiento de Arona, Luis García, y el exjefe de Servicio de Urbanismo, Damián Hernández.
En el escrito, al que ha tenido acceso este periódico, se hace constar la “flagrante vulneración de la legislación de Costas” y se señala también a la Viceconsejería de Política Territorial, en manos entonces de CC, por “autorizar la ejecución del centro comercial en la zona de servidumbre de protección de Dominio Público Marítimo Terrestre cuando este no tiene cabida entre los usos ordinarios del artículo 25.2 de la Ley de Costas”.
En la denuncia se recuerda que el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) establece que la franja de 20 metros es “inedificable con carácter general” y que “dicha franja ha sido edificada, tanto el suelo, como el vuelo y el subsuelo”.
En los argumentos del escrito presentado en Fiscalía se denuncia que la licencia municipal se concedió al “proyecto distinto al que versó la resolución de la Viceconsejería de Política Territorial el 28 de marzo de 2012”.
El denunciante, representado por el letrado Felipe Campos, incide en un conjunto de presuntas ilegalidades, referidas a la licencia otorgada por el área de Urbanismo y a la ejecución de los trabajos. En ese sentido, afirma que “las obras que comenzaron a ejecutarse en 2015 se apartaron por completo del proyecto autorizado por acuerdo del 11 de julio de 2014”.
Otro de los apartados se refiere a la vía fallida de los Planes de Modernización y Mejora (PMM) que intentó la empresa Melisofi Consulting S.L. para encajar el proyecto en el planeamiento urbanístico. Pero el Gobierno de Canarias rechazó el 26 de enero de 2018 el instrumento que permitía ciertas concesiones en materia de edificabilidad después de tres pronunciamientos en contra del Ayuntamiento de Arona y la contestación de los pequeños y medianos empresarios.
“Al no aprobarse el PMM, los denunciados se han esforzado en encajar las obras ejecutadas en la licencia y planeamiento vigente, y han dejado de adoptar las medidas legales para el restablecimiento del orden jurídico perturbado”, se indica en la denuncia.
En el escrito también se recoge que con el PMM “se ampliaba la parcela de actuación” y subraya que “se eliminaron retranqueos para permitir una mayor flexibilidad formal a la hora de ejecutar los proyectos”. Además, se especifica que la altura del edificio excede de las 1,5 plantas y se llega a justificar la sobrecubierta en su singularidad, “sin aportar argumento legal alguno”.
Por último, se recuerda que “a fecha de hoy sigue sin darse cumplimiento a las órdenes de restauración ordenadas. Sigue sin demolerse obra alguna, ni siquiera aquellas que resultaban notoriamente ilegalizables y tampoco se ha obtenido licencia de legalización”.
Parcela en Guaza
Paralelamente, la denuncia presentada ayer en la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife amplía las presuntas responsabilidades penales del exconcejal y exjefe de servicio de Urbanismo por conceder a la misma empresa propietaria del centro comercial el uso consolidado de una parcela en Guaza. La denuncia especifica que la declaración de consolidación se efectuó “con la sola aportación de un certificado de un técnico del propio promotor, a pesar de que es público y notorio, que las naves estaban abandonadas y sin actividad desde hacía más de seis años en que cerró el negocio existente (un concesionario Renault)”.
Según consta en el escrito, “gracias a la actuación manifiestamente ilegal, la entidad Melisofi Consulting S.L. pudo enajenar dicha parcela a la empresa CICAR con el uso terciario”.
La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE toma hoy las riendas de la crisis del grupo de Gobierno
La crisis del grupo de Gobierno de Arona se dilucida desde hoy en un escenario distinto al de las últimas semanas. 15 días después de la destitución del concejal de Urbanismo, Luis García, la herida sigue abierta entre los concejales socialistas que conforman la mayoría absoluta, a pesar de los reiterados intentos de las direcciones regional e insular, con sus líderes Ángel Víctor Torres y Pedro Martín a la cabeza, por reconducir la situación.
El secretario ejecutivo de Coordinación Territorial de la Ejecutiva Federal, Santos Cerdán León, aterrizó ayer en la Isla y mantuvo los primeros contactos informales antes de afrontar hoy una reunión con las partes enfrentadas para conocer de primera mano sus versiones y recabar toda la información sobre la crisis municipal.
Fuentes del sector disconforme con la destitución de Luis García manifestaron ayer a este periódico su confianza en que la Comisión Ejecutiva Federal “ayude a resolver” la crisis y confirmaron que mantienen su exigencia de que el concejal cesado se reincorpore al grupo de Gobierno y que se produzcan cambios en el staff del alcalde. Las mismas fuentes señalaron que en su voluntad no está, en ningún caso, hacerle daño ni al municipio ni al partido, pero son conscientes de que “la deriva actual no puede durar más tiempo”.
Hasta ahora desde la Alcaldía se ha descartado la restitución de competencias para el edil cesado, que el pasado jueves declaró como testigo en la Fiscalía Provincial tras haber presentado en marzo algunas grabaciones “comprometedoras”, aseguran fuentes de su entorno. A esa cita en los juzgados de Arona le acompañaron los ediles José Luis Gómez y Juan Sebastián Roque.
El alcalde, que ha mantenido silencio hasta ahora, ha expresado a su entorno más próximo su confianza en el papel mediador de la Ejecutiva Federal. La relación con García estaba rota meses antes de su cese a raíz de algunas decisiones adoptadas por el edil referidas a la concesión de determinadas licencias y a “sortear” algunos órganos de control, según fuentes municipales.
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