Un nuevo drama humanitario en torno a la migración a las Islas vuelve a ser portada de DIARIO DE AVISOS, tras el acontecido en diciembre del pasado año. En las últimas 24 horas y al cierre de esta edición, se ha contabilizado más de medio centenar de personas fallecidas en dos pateras que se dirigían al Archipiélago. Una de ellas fue localizada en las proximidades de Dajla, en el Sahara, mientras que la otra lo hizo cerca de la costa de Nuadibú, en Mauritania. Anoche, según la portavoz de la ONG Caminando Fronteras, Helena Maleno, la cifra de cadáveres hallados en la primera embarcación se elevaba a 27 (diez supervivientes), a la espera de dar con el resto de ocupantes del cayuco; en la segunda, perecieron otros 40 inmigrantes, si bien una fuente de seguridad confirmó a la agencia Efe que la Marina Real de Marruecos había logrado rescatar a un superviviente del naufragio.
Así, se recrudece aún más, si cabe, la crisis migratoria en la que ha estado sumida Canarias desde que los grupos de personas que sueñan con llegar a España en busca de un mejor porvenir optaran -especialmente por los vetos fronterizos decretados por algunos países africanos debido a la pandemia- por la ruta hacia las Islas, que resulta ser de las más largas y complejas en dirección a Europa; mucho más, teniendo en cuenta que su punto de partida suelen ser enclaves como Senegal o Mauritania, es decir, constituyendo recorridos de 1.500 kilómetros, aproximadamente, en los que deben navegar únicamente con la esperanza de llegar con vida a su destino. Las mafias intensifican, además, su actividad con las calmas de las aguas en estas fechas.
El trato que reciben una vez llegados a tierra también se ha puesto en tela de juicio, no en vano, las instalaciones habilitadas para alojar a estas personas han llegado a dejar estampas bochornosas, como la denominada nave de la vergüenza, en Gran Canaria, donde cumplieron cuarentena decenas de inmigrantes pernoctando casi a ras de suelo. Y fue precisamente en la isla vecina en la que este miércoles un colectivo de Tunte, en San Bartolomé de Tirajana, organizó barricadas para intentar impedir, sin éxito, que 59 personas llegadas en patera y que dieron negativo en coronavirus accedieran a una infraestructura municipal en la que debían pasar confinamiento preventivo.
Dicho gesto fue criticado ayer por el portavoz del Gobierno canario, Julio Pérez, que negó que las pretensiones de los vecinos fuesen “aceptables”, ni siquiera “por más que uno intente ponerse en su lugar”. En la misma jornada, también polemizaron la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Concepción Narváez, y el delegado del Ejecutivo central en las Islas, Anselmo Pestana, sobre los incidentes de Tunte. Y previamente, el martes, el presidente Ángel Víctor Torres había recordado al ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, que es necesario hacer una “cogestión” de la crisis, exigiendo al Estado espacios para albergar a estas personas.