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Desalojados, cinco años después, los ‘okupas’ de Los Tarajales

Una treintena de personas, que aún permanecían en el centro comercial, no opusieron resistencia al lanzamiento judicial y Cáritas recuerda que 22 de ellos “son vulnerables”
Una treintena de personas, todas adultas, fueron desalojadas ayer en Los Tarajales / SERGIO MÉNDEZ

“Esta noche dormiremos en la playa o en el monte, no tenemos dónde ir”, así se manifestaba Luis, una de las treinta personas que aún permanecían en los locales (36) del centro comercial de la playa de Los Tarajales, que después de dos intentos baldíos, culminó un lanzamiento que comenzó judicialmente en 2015 y se certificó con el desalojo de los ‘okupas’ cinco años después.

Esta vez el desalojo iba en serio y así lo entendieron mucho de los ‘inquilinos’ que antes de la llegada de cinco furgones de la Policía Nacional y dos patrullas de refuerzo de la Policía Local, a las diez de la mañana, ya habían abandonado, con sus pertenencias los locales donde han pasado largas temporadas, algunos de ellos hasta cinco años. Todos mayores de edad, convivían casi todos de manera individual, y algunos acompañados de sus mascotas. Y lo hicieron de manera pacífica, sin enfrentamientos con la Policía ni la autoridad judicial que levantó el acta en cada uno de los locales okupados.

Mientras, uno de los propietarios del centro comercial -aquí también hay un litigio entre la promotora y la propiedad del suelo, aún sin solventar- hablaba con su abogado de la necesidad de tapiar los 36 locales antes de que se vuelva a repetir una “okupación”, aunque hasta que llegue el vallado y el cemento, unos vigilantes privados custodiarán un centro comercial que nunca se llegó a inaugurar como tal, tras finalizar su construcción hace catorce años.

El actual gobierno municipal pidió celeridad a la justicia para la resolución de este caso en julio de 2018. En noviembre de 2019 la jueza aplazó el lanzamiento y lo fijó para el mes de febrero de 2020, fecha en la que se volvió a aplazar y tras la llegada del estado de alarma se situó la nueva fecha para el 30 de septiembre, fecha que ya tenían grabada los okupas, muchos de los cuáles abandonaron los locales, si bien alguno de ellos, incluso, “vendiendo” el suyo por 1.500 euros, una transacción habitual entre los moradores del centro, que además lo alquilaban como si se tratara de viviendas vacacionales. Y así ha venido sucediendo durante los últimos años, llegando a darse allí la presencia de un centenar de personas, la mayoría de ellas extranjeras, solitarias, y sin ascendencia familiar, si bien se han dado casos de familias con menores, algunos de ellos nacidos durante la ‘okupación”, según contó Luis, uno de los veteranos moradores del centro comercial.

Finalizado el lanzamiento, después de unas dos horas, los desalojados se amontonaban en en el paseo Los Tarajales, con sus carros llenos de pertenencias, mientras megáfono en mano, activistas antidesahucios, recordaban el derecho constitucional de la vivienda.

Un derecho en que el Ayuntamiento de Arona no tiene competencias -vivienda- pese a que Servicios Sociales ha tratado algunos de los casos de manera individualizada para buscarles un recurso alojativo. Mientras, Águeda Fumero (PP), recordaba que Mena, en sus seis años de mandato como alcalde, “no ha construido una sola vivienda de protección oficial”. Esa competencia es del Gobierno de Canarias, aunque los ayuntamientos deben ceder suelo para ello.

Informe Cáritas

Durante el proceso de lanzamiento estuvo presente un equipo de Cáritas, que incidió en la necesidad de buscarle recursos al menos a 22 personas vulnerables, según la encuesta que esta organización realizó hace unos días. “Actualmente están residiendo de manera permanente 28 personas adultas (26 hombres y 2 mujeres), de las cuáles se ha podido realizar entrevista a 25 y hemos valorado 22 personas con mayor grado de vulnerabilidad, sin alternativa alojativa, estando 14 de ellas empadronadas en Aron y han sido beneficiarias, en alguna ocasión, de algún tipo de ayuda.

En relación a los ingresos económicos, seis personas perciben prestaciones, de las cuáles cinco son PCI gestionadas por los Servicios Sociales de Arona y otras tres personas en trámites para percibirla. Por otro lado, cinco personas se dedican a trabajos en economía sumergida. En dos casos se dedican a la artesanía o arte callejero y cuatro refieren que ejercen mendicidad. Aludiendo al ámbito sanitario, se detecta indicios de problemáticas de salud mental (sin diagnóstico, ni seguimiento), y consumo de tóxicos activo en su mayoría. Siendo nula la conciencia de la problemática y sin motivación a recibir un tratamiento.

Elizabeth,  una de las tres representantes de Cáritas ayer en el lanzamiento, recordó que “hemos encuestado a 25 de las 28 personas que residen aquí. Algunos reciben ayuda, pero 400 euros no es suficiente para cubrir las necesidades básicas, pero Cáritas no tiene ahora plazas libres para realojarlos, porque con el COVID se han quedado muchas personas en la calle”.

El paseo de Los Tarajales lleva roto casi dos meses y representa un serio peligro / NORCHI

Quejas del Arona Gran Hotel

La playa de Los Tarajales es uno de los lugares que el Ayuntamiento de Arona quiere recuperar y de hecho ya ha iniciado un plan de rehabilitación, aunque hasta ahora no cubra todo el paseo.

Hace unos dos meses, una fuerte marea terminó por partir parte del paseo y unas cintas, colocadas de manera irregular, avisan del peligro, aunque el riesgo es evidente. Desde el Ayuntamiento se afirma que hay un informe trasladado al Cabildo, que es el responsable del paseo dentro del plan Tenerife y el Mar, y aún no le han contestado.

La directora del Arona Gran Hotel, Alexia Oliva, denuncia que “hay una valla de obra mal puesta que es muy peligrosa y además da muy mala imagen. Es peligroso porque los que están en el paseo pueden caer y los que están en la playa están en peligro por los desprendimientos”, señala indignada ante el abandono de la zona. “Apostamos en Spring por hoteles con turismo de calidad y sin embargo dejan esta zona abandonada, con un paseo caído, okupas al lado, falta de limpieza y a 50 metros una zona de caravanas fijas que parecen cabañas. Tenemos la sensación de que las administraciones no se involucran”.

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