Por tercera vez, la ampliación del comedor del CEIP Puntalarga se debatió en un pleno municipal de Candelaria, ante la tardanza en la ejecución por parte de la Consejería de Educación.
Tras una moción de CC, el pleno acordó acogerse al próximo convenio entre la Fecam y la Dirección General de Infraestructuras Educativas para que sea el Ayuntamiento quien licite la obra, dado que la Consejería no ha sido capaz de llevarla acabo en el tiempo previsto, pese a que cuenta con el presupuesto aprobado, 380.000 euros.
El acuerdo se tomó después de variar uno de los puntos de la moción en la que se exigía la licitación este año, un tiempo demasiado corto para realizarla. La moción se aprobó por unanimidad de los 18 concejales presentes en el salón de plenos.
También se aprobó una moción, con alguna variación, de Sí se puede acerca de crear ambientes seguros y saludables en torno a los centros educativos de Candelaria. Mayca Coello, portavoz del grupo, expuso la necesidad del desarrollo de acciones que permitan la movilidad y garanticen la seguridad y la salud de la infancia en áreas de protección frente al tráfico rodado y sus múltiples y variados efectos.
Dentro del apartado económico, el edil de Hacienda, Airam Pérez Chinea dio cuenta de los porcentajes del período medio de pago a proveedores en el tercer trimestre del año, que se sitúa en 30,77 días, con el desglose de 30,99 el Ayuntamiento de Candelaria; 29,17 días, la empresa Epelcan; 23,57, la Empresa de Inserción y 24,28 días la Fundación Candelaria Solidaria.
Servicios sociales
En un pleno que transcurrió con una balsa de aceite, las principales novedades llegaron en el apartado de ruegos y preguntas. Olivia Pérez, edil de Servicios Sociales, a una pregunta de CC, señaló que “ha subido la demanda de ayudas sociales y ha habido un repunte ante una situación económica complicada”. Aunque no quiso dar cifras, alertó del problema de las personas irregulares, a los que “solo se les puede dar ayudas de alimentos, ninguna otra prestación”, apuntando que tras invertir 45.000 euros en tarjetas para la compra de alimentos frescos, “hemos tenido que ampliar otra partida de 50.000”, destacando la labor de 12 trabajadoras sociales durante la pandemia.
José Fernando Gómez (VxC) no volvió a traer la moción sobre la desafectación de Bajo la Cuesta del dominio público, al estar pendiente el informe del Ayuntamiento -externo, dijo la alcaldesa- a sumar al del ingeniero que ya ha remitido Gómez.
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