Valle de Güímar

Hubo riesgo para la salud por los vertidos en el Polígono de Valle de Güímar

El informe pericial que recoge la instrucción judicial es contundente sobre el exceso de contaminación; políticos, técnicos y empresas se enfrentan a distintas penas por ello

Poco más de tres años después de que concejales de Izquierda Unida y Sí se puede en los ayuntamientos de Arafo, Güímar y Candelaria presentaran en la Fiscalía una denuncia por la contaminación producida por los vertidos de aguas al mar desde el Polígono Industrial Valle de Güímar, y dentro de las diligencias previas, hay una docena de investigados que se pueden enfrentar a una causa en donde se les puede acusar de delito continuado contra el medio ambiente y de prevaricación, según consta en el auto del pasado día 2 que dictó el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Güímar, Francisco Tuero.

En ese auto ha citado a declarar a la alcaldesa de Candelaria, Mari Brito; al exalcalde José Gumersindo García, así como a sus homólogos de entonces, José Juan Lemes y Carmen Luisa Castro, exregidores de Arafo y Güímar durante los hechos que se investigan, aparte de exconcejales de Urbanismo, el responsable de la Asociación Mixta de Compensación, Antonio Daroca, y los gerentes del Ciaft, José Fernando Bethencourt (hasta 2015) y Javier Davara. La declaración en sede judicial tendrá lugar del 27 de enero al 4 de febrero, después de que se retrasara casi un año al declararse el estado de alarma.

Sin embargo, estos no serán los únicos investigados en el proceso judicial, que el propio juez calificó de “complejo” y que ya supera los 17.000 folios en el período de instrucción, con extensos informes periciales de la contaminación que, según se extrae de los mismos, ya se advirtió, al menos, desde hace 20 años por las administraciones competentes, sin que se pusiera remedio hasta que llegó la denuncia en la Fiscalía en 2017.

Precisamente esas administraciones competentes, como la Viceconsejería de Medio Ambiente y, en concreto, los directores generales de Calidad Ambiental y Protección de la Naturaleza, también serán investigados, así como los responsables, con capacidad de decisión en materia de control de vertidos, de las cinco empresas que en el auto son referidas como más contaminantes: IFCO, JSP, Ropa Rent, Alucansa y Ten-Asfalto, aunque una vez concluyan las declaraciones podría abrirse el abanico de investigados (antes imputados).

Una de las investigadas, la exalcaldesa de Güímar Carmen Luisa Castro, señala que en el informe “no se recogen todas las directrices” y que presumiblemente “la defensa de los alcaldes y concejales puede ser la misma, aunque aún es pronto para decidirlo”, comentó. Los otros políticos y expolíticos investigados no han querido manifestarse al respecto.

El informe pericial

Los peritos Óscar Francisco Díaz Santana (doctor especializado en Criminalística) y Bárbara Abaroa Pérez (doctoranda en Calidad Ambiental y Recursos Naturales y licenciada en Ciencias del Mar), apoyados en un informe preliminar externo realizado por la doctora Daura Vega Moreno (Jefa del Servicio de Química de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria), recogen en el último informe, el 5 de agosto de 2020, que “no ha existido al menos desde el año 2011 un tratamiento de las aguas antes de llegar al medio receptor, el encontrarse las instalaciones a la cabecera del emisario en estado de abandono y observarse concentraciones en la entrada de la planta de pretratamiento iguales a las que se encuentran a la salida del Emisario, pese a lo que el Emisario ha seguido funcionando de forma continua y durante un tiempo prolongado como una fuente de aguas contaminadas hacia el mar, pese a carecer de autorización para ello, constatando que todas las valoraciones analíticas que se han hecho en la zona y a los efluentes líquidos del emisario en diferentes puntos muestran no solo un incumplimiento de la normativa vigente (Decreto 174/1994 del Reglamento de Control de Vertidos para la Protección del Dominio Público Hidráulico y Real Decreto 509/1996 de Normas aplicables al Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas), sino además valores que superan en muchos casos en 10 veces los límites admisibles de diversos parámetros, como la DB05, la DQO o los sólidos en suspensión, y que, en algunos casos, superan en 100 veces el valor límite admisible de la bacteria de origen fecal E. coli, mientras que los resultados de los análisis de las aguas de alcantarillado realizados muestran concentraciones altas de contaminantes (coliformes, nitratos, sólidos en suspensión y cambios de PH) perjudiciales para la salud medioambiental y humana, generando una fertilización del medio receptor y modificando el ecosistema marino, localizando también concentraciones significativas de diferentes metales y químicos perjudiciales, como el plomo, que pueden dañar y modificar el ecosistema marino, así como generar enfermedades y muertes de organismos marinos debido a sus propiedades cancerígenas y mutagénicas, pudiendo ingerirlo el ser humano al alimentarse con organismos recogidos cerca de la zona”.

Finalmente concluyeron, si bien pendientes de evaluar de forma más detallada el impacto en la calidad de las aguas receptoras, que “sí ha existido un riesgo evidente hacia la salud de las personas, el equilibrio de los sistemas naturales y la calidad de las aguas de baño”.

El juez, en el auto de diligencias previas (Nº Procedimiento: 0000120/2017), después de aludir a una “situación de dejación o abandono” y a que las partes implicadas (empresarios, ayuntamientos y administraciones supramunicipales) incurrieron en “persistente situación de descontrol e inacción”, alude a que, tras la incoación de la presente causa penal, en 2017, “sí ha existido, desde todos los organismos implicados, una intensa actividad dirigida a superar aquella situación de dejación y abandono”, promover la legalización y “subsanar las múltiples deficiencias”, lo que podría aliviar las penas de los actuales políticos.

Francis Hernández, Agustín Espinosa y Lourdes Galindo, cuando presentaron la denuncia en junio de 2017 en Fiscalía / DA

Espinosa: “Ha habido una desidia generalizada, todos miraron para otro lado”

Agustín Espinosa, exconcejal de Sí se puede en Candelaria (2015-2019), biólogo de profesión, es uno de los denunciantes, junto a compañeros de partido en Güímar (Ruymán Expósito y Lourdes Galindo) y el edil de Izquierda Unida (Francis Hernández) en ese mismo mandato, ante la Fiscalía (junio de 2017) de los vertidos ilegales en el Polígono Industrial Valle de Güímar.
Espinosa, sin embargo, recuerda que, “desde 2008, mucho antes de que los ayuntamientos recepcionaran el Polígono y antes de que caducara en 2011 la autorización del emisario submarino, venimos dando la matraca con la contaminación, sin que nadie le pusiera remedio”.

Para el exconcejal de Sí se puede, “ha habido una desidia generalizada, porque en este asunto todos miraron para otro lado, incluso cuando se les pidió a las empresas las analíticas de las aguas que estaban vertiendo, cuando entre las obligaciones de las empresas industriales estaba la de disponer de una depuradora propia”, expone Espinosa.

Él tiene claro que la responsabilidad recae en todos, no solo en los ayuntamientos, relatando que el “Gobierno de Canarias, el Consejo Insular de Aguas y empresas del Polígono son culpables, porque no atendieron a nuestras denuncias previas ni a los avisos de la Apmun en su día”.

Dentro de esas responsabilidades lamenta que esté denunciado el exconsejero de Aguas del Cabildo, el socialista Manuel Martínez, hoy diputado en el Parlamento de Canarias, porque “es el único que realmente se ha movido para terminar con los vertidos y poner en marcha la depuradora de aguas residuales industriales”, y reconoce que “está ahí porque cuando pusimos la denuncia en la Fiscalía era el responsable del Ciaft, pero no hay que negar que es quien ha puesto algo de cordura en una situación grave de contaminación”, afirma Agustín Espinosa, que avanza que el abogado Pedro Fernández Arcila llevará la acusación.

Y mientras, se construye ya la Estación Depuradora de Aguas Industriales

Tras un largo proceso, el Cabildo cedió al final a las demandas de los ayuntamientos y desde hace unos meses se está construyendo, junto al ahora autorizado emisario submarino, la Edari (Estación Depuradora de Aguas Industriales), que estará terminada antes de dos años.