Una docena de investigados por los vertidos del Polígono Valle de Güímar

Tres años después de la denuncia de los concejales de Izquierda Unida y Sí se puede en los municipios de Güímar, Arafo y Candelaria, el juzgado número 1 de Güímar ya ha citado a declarar a una docena de investigados por los vertidos ilegales de aguas al mar -hasta 100 veces más de lo permitido con la bacteria E.Coli, recoge el informe pericial-, al menos desde 2011, desde el emisario submarino del Polígono Industrial Valle de Güímar.

Precisamente, cuando la Viceconsejería de la Lucha contra el Cambio Climático aprobó este mes la prórroga de la autorización del emisario submarino, una vez se han iniciado las obras de la Edari (Estación Depuradora de Aguas Industriales), el juez ha llamado a declarar (del 27 de enero a 4 de febrero) a los 12 investigados: Antonio Daroca, gerente de la Asociación Mixta; Rosendo Batista, exconcejal de Industria de Arafo; Luis Domingo Marrero, exedil de Urbanismo en Arafo; José Juan Lemes, exalcalde de Arafo; Domingo Ramos y Fernando Alduán, exediles de Urbanismo en Candelaria; Gumersindo García y Mari Brito, exalcalde y alcaldesa de Candelaria; Francisco del Rosario, exconcejal de Urbanismo en Güímar; Luisa Castro, exalcaldesa de Güímar; José Fernández Bethencourt, exgerente del Ciatf, y Javier Davara, actual gerente de ese mismo consejo.

Los alcaldes y denunciantes

El alcalde de Güímar, Airam Puerta,  reconoció hace un año que el contencioso judicial sirvió para acelerar el saneamiento: “la denuncia de los vertidos sirvió para ponernos las pilas”, mientras que su colega de Arafo, Juan Ramón apuntó a “la conciencia medioambiental” y Mari Brito, alcaldesa de Candelaria, señala que “trabajamos para encontrar la fórmula jurídica que nos permita la conservación y mantenimiento del Polígono”.

“La responsabilidad de los ayuntamientos es aún mayor, porque han sido informados por la izquierda alternativa del Valle de Güímar de forma reiterada desde 2011”, subrayó Agustín Espinosa, biólogo y concejal de Sí se puede en Candelaria entre 1015 y 2019, uno de los tres, junto a Lourdes Galindo (Sí se puede Güímar) y Francis Hernández (IU Arafo), quienes presentaron la denuncia en junto de 2017 ante la Fiscalía de Medio Ambiente. “Estos ayuntamientos han hecho caso omiso de las advertencias”, recordó entonces Espinosa.