El diputado regional de Coalición Canaria José Alberto Díaz-Estébanez ha tenido acceso al informe elaborado por la Consejería canaria de Sanidad sobre las presuntas vacunaciones irregulares contra la COVID-19 a distintos cargos públicos de las Islas, toda vez que este presentó el pasado día 25 ante el Parlamento una solicitud por escrito.
En el documento, según un extracto que dio a conocer el nacionalista ayer en redes sociales, se especifica que la inoculación del remedio de Pfizer a la consejera insular de Sanidad de La Palma, Susana Machín, se produjo por “indicación verbal” del director médico del Hospital de Dolores, centro en el que, de acuerdo con la versión defendida por el Cabildo palmero, la socialista posee un despacho que utiliza habitualmente.
Además, el informe concreta que, “posteriormente”, el director médico “hizo un escrito justificativo basado en la actividad de la persona en el centro, no en una relación laboral con el mismo”. Se trata de un matiz que viene a colación de lo recogido en la primera parte del documento, que hace referencia a las concejalas de Puntagorda y Puntallana, también vacunadas en el mes de enero, así como otros dos ediles tinerfeños de CC en Arafo y Garachico. A este respecto, sostiene que dichos políticos “figuran [sin serlo] como personal trabajador de alguna de las residencias, en los listados que fueron remitidos a la Dirección General de Programas Asistenciales por los responsables de los centros”.
Cabe recordar que tanto la consejera Machín como las dos ediles palmeras, vinculadas o afiliadas al PSOE, han sido advertidas por esta formación, habiéndoseles puesto un ultimátum para dimitir, extremo al que las tres se negaron. No obstante, no han trascendido la apertura de ningún expediente de expulsión.
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