sociedad

Ni son delincuentes ni nos invaden: las mentiras racistas sobre la inmigración en Canarias

La proliferación de bulos preocupa a asociaciones de migrantes y agentes sociales
Cinco personas caminan hacia un supermercado cercano al campamento de Las Raíces / aFRAN PALLERO

La crisis migratoria que vive Canarias es el perfecto caldo de cultivo para los bulos que amparan y promueven el racismo. Basados en medias verdades, inexactitudes y, abiertamente, mentiras, generan un ambiente de crispación que, como desveló recientemente Anselmo Pestana, Subdelegado del Gobierno en Canarias, ha provocado situaciones abiertamente xenófobas.

“Se ha dado el caso de ciudadanos que llaman a la Guardia Civil o la Policía simplemente porque han visto a un inmigrante magrebí o subsubsahariano caminando por su calle; sin más motivo, solo por la sospecha que el denunciante deduce de su raza”, indicó en rueda de prensa.

Pestana indicó que acudirán a la Fiscalía en todo lo que pueda desembocar en delitos de odio pero, más allá de eso, los datos no mienten: la proliferación de bulos empieza a ser un problema serio.

“Son cada vez más, nos invaden”.

Pese a que las imágenes de cayucos y pateras llegando a las Islas son sumamente impactantes y que el hacinamiento en las embarcaciones puede hacer creer que es desde África desde donde llega un mayor número de personas migrantes, los números dicen que no es así. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2019, en términos relativos, los mayores crecimientos de población se dieron entre los residentes de Venezuela (39,8%), Colombia (31,3%) y Honduras (29,4%). Es, por tanto, por avión como llegaron más personas no residentes a España. En total, 748.759 personas eligieron España para vivir, mientras que 297.368  abandonaron el país con destino a algún otro lugar. 210.453 ciudadanos extranjeros optaron por dejar España por diferentes razones ese año.

“Las llegadas en embarcación a España rara vez suponen más del 5% del total de llegadas anuales, nunca más del 10%”, apuntaba la socióloga Amparo González Ferrer durante el programa ‘Migraciones: datos sin prejuicios’ emitido por TVE. A eso habría que sumar, en datos generales, que la pandemia, obviamente, ha reducido la movilidad también en lo referente a flujos migratorios, protagonizando una “caída histórica” según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La inmigración internacional se ha visto recortada en un 46% respecto al año anterior como refleja su informe anual.

“Se genera un efecto llamada”

“Ven que están en hoteles y quieren venir más”. Es una de las frases recurrentes cuando hablamos de mitos y clichés racistas sobre inmigración. Va muy vinculado al punto anterior, es decir, la pandemia ha supuesto un frenazo en seco en los flujos migratorios, pero, en referencia a las Islas, en la mayoría de los casos, no dejan de ser un punto de paso hacia su destino final: el Continente. Como varios migrantes que se encuentran en Las Raíces han reconocido a DIARIO DE AVISOS, su intención es la de llegar a ciudades como Madrid o Barcelona, muchas veces antes de continuar rumbo a otros destinos europeos. “Yo tengo familia en la Península”, decía una de esas personas, asegurando que “tan solo quería reunirse con sus allegados”.

Canarias ha sufrido especialmente esta situación, de ahí las llamadas de atención del Ejecutivo regional al central. A lo largo de 2020, han llegado a las costas de las Islas unos 22.000 migrantes, un 881% más respecto al año anterior y más de la mitad de los 40.000 que llegaron a España. “Cuando se habla de efecto llamada me parece una gran tontería”, indica Sitapha Savané al programa Salvados. El senegalés, exjugador de baloncesto, comentarista de televisión y, desde siempre, activista por los derechos sociales y civiles, rechaza de plano la expresión ‘efecto llamada’: “No es un efecto llamada, sino un efecto huida. No solo de las guerras y del hambre, sino de la falta absoluta de cualquier tipo de perspectiva o de expectativa en el futuro. He dejado de dar charlas en Senegal para decirles que no se vayan, que no se embarquen. ¿Con qué cara les digo a esas personas que no cojan un cayuco? Ellos dicen: ¿me quedo aquí, a morir a fuego lento?”.

Como relataba Jorge Berástegui en DIARIO DE AVISOS, la sensación de abandono desde el Gobierno Central no ayuda a calmar la situación: “Quedan 11.000 de los más de 27.000 migrantes que han llegado desde 2019, según detallaba hace unos días el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana. El resto ha sido deportado -muy pocos-, derivados a la Península o se han marchado por sus propios medios. Pero las imágenes de migrantes bloqueados al intentar viajar, o protestando por las condiciones de centros como Las Raíces, a donde los están trasladando después de meses alojados en hoteles, avivan la tensión: están locos por marcharse y los llevan a una nevera. Imagínense el shock”.

“Hay más criminalidad”

Es recurrente, en épocas de crisis, buscar un culpable de la situación. Más si este viene de fuera -el enemigo externo que ha servido a lo largo de la historia de la humanidad como chivo expiatorio-, o si es pobre, la tan preocupante aporofobia. La tasa de criminalidad en Canarias se redujo un 11,9 % en 2020 y en el periodo que va del 1 de noviembre de 2020 al 20 de enero de 2021 solo el 1,1% de las infracciones cometidas en las Islas están relacionadas con personas migrantes que llegaron a las Islas en patera o cayuco.

Como desveló el propio Anselmo Pestana, subdelegado del Gobierno en Canarias, en rueda de prensa, este colectivo ha estado implicado en 122 de 10.600 delitos entre el 1 de noviembre y el 20 de enero –80 días– se atribuyen a este colectivo. Eso supone que apenas han protagonizado 122 delitos de los 10.600 registrados. ¿Han sido todos delitos violentos, algo que puede desprenderse de publicaciones en redes sociales y mensajes de WhatsApp más o menos recurrentes? No, 60 fueron, o estuvieron relacionados, por falsedad documental, sobre todo con sus pasaportes o tarjetas de identificación nacional, y de los otros 62, 45 fueron agresiones(entre ellos), y robos.

Los que sí se han disparado son los presuntos delitos de odio. En las últimas semanas hemos comprobado la proliferación de bulos difundidos a través de redes sociales, llegando incluso a llamadas a la población a “salir de caza” contra estas personas. Grabaciones con supuestas muertes en peleas o en los que se difunden teorías conspiranoicas como presuntos entrenamientos militares para una hipotética invasión de las Islas se han viralizado. No son ciertas.

Además, esos delitos de odio aumentaron en España un 6,8% en 2019, con el racismo y la xenofobia en cabeza.

“Las ayudas sociales van para ellos”

Si las afirmaciones que relatamos en este artículo suelen ser recurrentes, esta es una de las que más se repiten en todo el planeta. Desde Argentina, con la actual crisis por la Covid, pasando por Colombia, con la llegada da ciudadanos venezolanos, hasta Francia, donde el fascista Frente Nacional la usó hasta la extenuación, llegando al húngaro Viktor Orban, que se ha manifestado públicamente como admirador de Vox.

En España, los datos vuelven a ser muy claros: no existe ningún tipo de ayuda social solo para extranjeros por el mero hecho de serlo y de las que queden excluidas los españoles. El artículo 14 de la Ley de Extranjería, además, es clara al respecto: es obligatorio tener residencia legal en España para poder acogerse a ayudas tanto de la Seguridad Social como de los servicios sociales. Además de no existir ningún tipo de ayuda específica, el hecho de ser extranjero no supone ninguna ventaja respecto a un ciudadano nacional.

En el Estado español, estas ayudas se otorgan en función de la situación socioeconómica personal o familiar de las personas, con independencia de su nacionalidad. Según datos recogidos por Newtral, los inmigrantes irregulares sí tienen derecho a servicios y prestaciones sociales básicas, dirigidos a toda la población con independencia de sus características demográficas. Son el primer nivel de atención, como respuesta cercana ante cualquier demanda o necesidad, y los facilitan ayuntamientos y comunidades autónomas para situaciones de emergencia social. Son servicios y prestaciones sociales básicas la atención social primaria, la atención domiciliaria, de comedor, los centros abiertos para menores de 18 años y a las ayudas de urgencia social.

“Se aprovechan de nuestra Sanidad y nos quitan el trabajo”

Más allá de que el concepto “nuestra” Sanidad es sumamente discutible, ya que la aportación de los inmigrantes a la Seguridad Social es mayor al gasto que generan, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), ha desvelado que “los ciudadanos de otros Estados que precisan atención sanitaria en España deben presentar un documento acreditativo del derecho a la exportación de la asistencia”. Una vez acreditado el derecho a la exportación de la asistencia, se traslada desde el INSS al país del ciudadano en cuestión la factura “para que proceda a su abono por los cauces legalmente establecidos”. En caso de que la persona en cuestión no cumpla con esos requisitos, deberá “proceder al pago”. Por ejemplo, en 2018, según la Memoria de Actividades del INSS, España cobró a otros estados casi 800 millones de euros por este concepto.

En nuestro país, para poder tener una tarjeta sanitaria es necesario ser trabajador y afiliado a la Seguridad Social, pensionista de la Seguridad Social, recibir cualquier otro tipo de prestación de la Seguridad Social o haber agotado el subsidio por desempleo, pero figurar inscrito en la oficina correspondiente como demandante de empleo.

Precisamente, en lo referente al empleo hay un dato muy claro: según la última Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística, la tasa de paro entre la población española es de un 14,46%, mientras que entre la población extranjera el desempleo alcanza un 25,58%. Un 10% más de paro acaba con cualquier tipo de debate al respecto. Los inmigrantes, además, también sufren más la desocupación que los nacionales.

Por si eso fuera poco, según datos de 2019 recogidos por Efe, los trabajadores extranjeros aportan el 9,9 % de los ingresos de la Seguridad Social a través de sus cotizaciones, mientras que sólo perciben el 0,9 % del gasto del sistema en forma de pensiones.

TE RECOMENDAMOS