tribunales

Absuelto de abusos sexuales en Tenerife pese al ‘no es no’

La Audiencia libera a un joven en un caso donde consta la negativa, pero no hubo intimidación, y la discapacidad de la víctima resultó irrelevante; prevalece la presunción de inocencia
La sentencia fue dictada por la Audiencia Provincial de Santa Cbruz de Tenerife. DA

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha absuelto a un joven de 24 años del delito de abuso sexual con acceso carnal que le venía imputando el Ministerio Fiscal, que solicitaba nueve años de cárcel para el procesado, según informaron ayer fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Más allá de las consecuencias para los protagonistas directos del caso, su interés radica en que en la sentencia, cuyo ponente es el propio presidente de la Audiencia Provincial tinerfeña, Joaquín Astor Landete, hace prevalecer la presunción de inocencia frente al principio del ‘no es no‘ (también conocido como ‘solo sí es sí’), y que alumbra el controvertido proyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual (la llamada ley Montero, por la ministra de Igualdad actual, Irene Montero).

Dicho proyecto se encuentra hoy en revisión, dado que, si bien recibió informe favorable desde el Consejo Fiscal, fue duramente discutido por parte del Consejo General del Poder Judicial.

El tribunal tinerfeño recuerda en su sentencia que el Ministerio Fiscal acusó únicamente al procesado (un joven de 24 años) por la comisión de un delito de abusos sexuales con acceso carnal “obteniendo el consentimiento de la víctima abusando del trastorno mental que padecía”, y detalla que, en aplicación del principio acusatorio, “queda así excluida la comisión mediante violencia o intimidación” (si nadie acusa de ese delito, el Tribunal no puede aplicarlo).

Apunta la sentencia igualmente que el fiscal insistió en el juicio en la falta de consentimiento, reconociendo que no medió violencia ni intimidación, “y se acogió a la tesis que parece fundamentar algún proyecto de revisión del Código Penal en dicha materia, sobre la base del principio no es no”, ya referido.

Además, el tribunal consta como probada “una clara negativa” de la mujer “que podría sostener dicho principio, poniendo en dificultad al proceso si se viera obligado a tener que acreditar que a partir de ese momento sí medió consentimiento”, pero, subraya, “tal supuesto dejaría sin contenido el derecho constitucional a la presunción de inocencia, y si el Tribunal aceptarse esta formulación, se vería obligado a dictar una sentencia condenatoria, habiendo solicitado el Ministerio Fiscal como pena principal la prisión por nueve años”.

A juicio de la Sala, “lo realmente relevante” del caso es determinar si el acusado se aprovechó del retraso mental de la denunciante: “Ya hemos dicho que está afectada por un retraso mental ligero”; establece, “pero confirme a las declaraciones de los dos médicos forenses que la reconocieron, en el momento de los hechos denunciados no presentaba alteraciones psíquicas de intensidad suficiente que le impidieran oponerse a mantener relaciones sexuales; que, pese a la discapacidad intelectual que padece, conservaba suficientes facultades psíquicas para decidir sobre su libertad sexual, y que es una mujer de complexión atlética”.

Los hechos tuvieron lugar en una pequeña casa de campo orotavense el 25 de julio de 2019, donde el acusado y la denunciante mantuvieron un encuentro sexual durante una fiesta con amigos, dos de los cuales “manifestaron que no habían oído ruidos ni llamadas de auxilio”, y consideraron que las relaciones fueron “consentidas”.

TE PUEDE INTERESAR